En este contexto cabe situar la nueva ocurrencia del siempre creativo Albert Rivera, de una “reforma express” de la Constitución para garantizar cinco “grandes reformas” en un plazo máximo de tres meses. Una vez creado el efecto mediático (nadie quiere aparecer como culpable de una nueva convocatoria electoral), las sustancia de la reforma propuesta es, válgame la redundancia, bastante insustancial: eliminar aforamientos, reducir el número de firmas para iniciativas legislativas populares, limitar el tiempo de los mandatos presidenciales o despolitizar la Justicia, aparecen -con una denominación u otra- en todos los programas políticos, y no parece difícil llegar a un acuerdo casi unánime sobre los mismos. Sin embargo, cuestiones nucleares de la política española se escurren de la mesa de negociación de esa Reforma Constitucional, como si pensáramos que dejando de hablar de ellos, algunos problemas desaparecerán por sí solos: reformar el Estado de las Autonomías, un nuevo modelo económico que cree empleo y reduzca la desigualdad, y un decidido paquete de reformas que profundicen la democracia, faciliten la participación ciudadana y erradiquen la corrupción. Y no puedo dejar de sonreírme por la obligatoriedad que impone Rivera de que esto se materialice en tres meses, cuando, ni cuenta con mayoría legal para llevarla a cabo, ni explica por qué es necesario de cercenar un debate, sereno y en profundidad, social, político, técnico, ciudadano e institucional sobre el fondo y la reforma de estas reforma, algo que a mí me parece relevante, salvo que lo único que queramos es lanzar fuegos de artificio, que abran la boca de los ciudadanos, pero dejándoles como meros espectadores de la gestión de su democracia.
A propósito dejo otra de las propuestas de la reforma “express” aparte: la “desaparición de las Diputaciones Provinciales”, que, desde mi punto de vista, toca de forma mucho más nuclear las bases de funcionamiento de la política y de las administraciones en nuestro país. No veo a dos partidos tan centralistas y antirurales como Ciutadans y el PSOE (como tampoco lo haría el PP) desmontando las estructuras más rancias, decimonónicas politizadas, ineficientes, antidemocráticas y caciquiles del sistema político español durante más de 150 años. No me lo creo. Salvo que la “desaparición” sea solo de nombre… ya hablan (antes de cazar el oso) de sustituir a los diputados provinciales por un consejo de alcaldes y dejarlo todo como está… Vamos como, cuando el PP suprimió los Gobiernos Civiles… pasando a llamarlos Subdelegaciones del Gobierno.
Y es que hablar de las Diputaciones Provinciales, en Castilla, es hablar del modelo de Ordenación del Territorio, de la oportunidad de tener un medio rural vivo, de frenar la despoblación, de facilitar los recursos que necesitan nuestros municipios, de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad a los pueblos, de que la democracia y la transparencia lleguen al campo castellano.
Recientemente se ha desarrollado en Burgos, auspiciada por el Partido Castellano (PCAS) una Jornada Técnica de Trabajo, donde se han abordado todas estas cuestiones, dentro del estudio del Modelo de Ordenación del Territorio que la legislación aprobada por la Junta de Castilla y León aplica a esta Comunidad Autónoma, y su impacto sobre el medio rural y el funcionamiento de los pequeños municipios. La Ordenación del Territorio propuesta por la Junta de Castilla y León transforma el marco legal existente en el medio rural de la Comunidad y modifica el sistema de prestación de servicios públicos y de financiación de las pequeñas localidades y municipios. Conocer sus contenidos es clave para prever su impacto en el futuro inmediato del funcionamiento de los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales y las Mancomunidades de Municipios. La Jornada, organizada en dos mesas redondas, estuvo impartida por técnicos especialistas del Derecho Local, de la Gestión Municipal, de la Universidad y de Organizaciones Sociales que trabajan en el medio rural, y contó con la asistencia de alcaldes, concejales, líderes sociales en el medio rural, y personas interesadas en la problemática local. Se abordaron cuestiones como la Legislación y Ordenación del Territorio en Castilla y León, las funciones de las Unidades Básicas de Ordenación del Territorio, el papel de Mancomunidades, Municipios y Entidades Locales Menores en la Ordenación Territorial, la Ordenación del Territorio, y su relación con la prestación de servicios públicos y la despoblación, cómo afecta la Ordenación del Territorio al desarrollo económico local, y la viabilidad de otros modelos de Ordenación del Territorio.
Voy a comentar con todos vosotros, seguidores de este humilde “Tenada del Común”, algunas de las conclusiones y cuestiones que se trataron en estas Jornadas del Partido Castellano (PCAS).
La crítica más rotunda a las propuestas de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León se centra en que carece de un proyecto viable para un medio rural vivo. Sus contenidos no tienen una motivación clara y sus argumentaciones son totalmente generalistas. No hace un análisis ni un diagnóstico de la realidad de la Ordenación del Territorio, no aborda el problema de la despoblación, ni del urgente desarrollo local, carece de memoria económica y de compromisos presupuestarios para su ejecución e incumple todos los plazos que prevé para su implantación en las disposiciones adicionales.
Así mismo, la Ley de Ordenación del Territorio de la Junta reinventa nuevas denominaciones confusas, excesivamente tecnocráticas y burocráticas (Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, Áreas funcionales, Distritos de Interés Comunitario, Mancomunidades de interés general, etc…) sin hacer autocrítica sobre 30 años de propuestas de Ordenación del Territorio frustradas y fracasadas, y sobre la realidad de un medio rural menguante de forma galopante.
El proyecto elaborado por el equipo del PP de Castilla y León continúa con la criminalización del medio rural y de los pequeños municipios que destila la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE 30-XII-2013), con sus amenazantes e implícitas prescripciones contra el municipalismo (viven de subsidios, hay demasiados municipios, no hay control económico,…), y confiscatorio de sus patrimonios, como si los escándalos de corrupción, el colapso de las cajas de ahorros y del sistema financiero o el despilfarro de las administraciones en proyectos faraónicos fuera cosa de los pueblos o de las gentes rurales… No se valora el papel de las comunidades rurales en la preservación del patrimonio cultural y ambiental.
Persiste la Ley auspiciada por Juan Vicente Herrera, en su insistencia por favorecer o impulsar la fusión y agrupamiento de municipios y la absorción de las Entidades Menores Locales, con la amenaza de controles sobre los ratios de eficiencia en la prestación de servicios y por otro lado con la presunta seducción de más inversiones económicas (sin concretar) a quienes se acojan a estos procedimientos.
La Ordenación del Territorio que pretende imponer el PP en Castilla y León diseña unidades básicas poco funcionales y escasamente operativas (176 UBOST rurales y 15 urbanas), que coexisten con 2.225 municipios, 235 mancomunidades, 9 provincias y una comarca, con competencias que a veces se solapan y superponen. Sus dimensiones son en muchos casos excesivamente pequeñas para servir de utilidad como estructuras de ordenación del territorio, fragmenta comarcas naturales (Merindades, Ribera, Sierra-Pinares, Alfoz de Burgos, Odra-Pisuerga…), teniendo la mitad de ellas menos de 4.000 habitantes (cuatro menos de 2.000), que son inviables antes de nacer y que en 10 años pueden ser totalmente virtuales.
El procedimiento para su aplicación y difusión ha sido y es totalmente obscuro, falto de transparencia y no tiene en cuenta a los afectados, a los municipios, a los agentes sociales y a la ciudadanía del territorio. Además, su texto no aborda la suficiencia financiera de Mancomunidades, Municipios y Entidades Locales Menores.
Esta ley evita cuestiones espinosas como la calidad y modernización de los servicios públicos que se prestan en el medio rural, obviando los intensos recortes sanitarios y educativos y de transporte público (supresión de líneas de transporte por autobús y líneas férreas, sufridos por el medio rural durante los últimos años, y huye de la obligatoriedad de definir unos estándares de accesibilidad y de calidad de la prestación de los servicios públicos esenciales en todo el territorio, y de garantizar los medios técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento real. No incluye la urgencia de acuerdos con Comunidades limítrofes (con Cantabria, País Vasco y La Rioja, en el caso burgalés) e ignora el poder transformador y movilizador de Mancomunidades y Comarcas.
Así mismo, el PCAS critica que en el modelo de Ordenación del Territorio de la JCyL subyace un espíritu inquisitivo y controlador contra los municipios, que inspira la desaparición de los más pequeños y la pérdida de competencias y presupuestos de los restantes.
Una de las críticas más demoledoras a la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León es que considera que es una oportunidad perdida para abordar el problema de la despoblación en esta comunidad castellana, obviando el potencial .transformador para que la organización territorial se convierta en un instrumento efectivo e innovador en la lucha contra la despoblación, el principal problema del medio rural de la Comunidad Autónoma
Recordemos algunas cifras: Castilla y León (y la provincia de Burgos) tiene aproximadamente la misma población en 2015 que en 1900. En el mismo periodo, España la ha multiplicado por tres, Cataluña y País Vasco, por cuatro, e incluso una tierra de emigración y poco industrializada como Andalucía, por 2,5. Además, Castilla y León pierde actualmente 25.000 habitantes al año (2013, 2014, 2015) y perderá 200.000 en el decenio 2013-23 (según el INE). Castilla y León es además la Comunidad más envejecida de España y especialmente lo es su medio rural.
Los territorios más despoblados han visto muy reducida su población. El conjunto de la provincia de Soria tiene la mitad de población que en 1900, y el medio rural de la Burgos (municipios de menos de 10.000 habitantes) la tercera parte. Además esa población es la más envejecida. Los programas, agendas, planes y acuerdos contra la despoblación, durante los últimos 20 años, no han tenido la menor eficacia, ni seguimiento, ni aplicación de sus medidas (el último, acordado en Cortes de CyL entre PP y PSOE en 2013). Castilla y León es, por tanto una Comunidad muy extensa, con elevada dispersión de núcleos poblacionales, puna oblación muy envejecida (25% mayores de 65 años, alto porcentaje de “sobreenvejecimiento” e incremento de población dependiente), elevada emigración juvenil, escasa demanda de vivienda, encarecimiento de la prestación de los servicios públicos (sanidad, educación, geriatría, servicios sociales, transporte público,…) muy especialmente en las comarcas rurales.
El modelo territorial del PP en Castilla y León, impulsado desde arriba, desconoce la posibilidad de utilizar la Ordenación del Territorio, como agente clave del desarrollo económico y social de las poblaciones residentes en el medio rural, ignora las opciones de financiación e impulso social de la Unión Europea para zonas de baja densidad de población, desconfía de las oportunidades vinculadas al territorio (biomasa, turismo rural, patrimonio cultural, medio natural…), desconoce el impulso de los nuevos pobladores del medio rural que “huyen” del ámbito urbano, o del retorno de emigrantes (jubilados y jóvenes de segunda generación).
Y para finalizar este análisis, es preciso acercarnos a otros modelos de Ordenación del Territorio más adecuados a la específica realidad geográfica, social y económica de nuestra tierra, como la comarcalización. Castilla y León evidencia, a pesar de su bajísima densidad de población actual, capacidad para retener a sus habitantes, especialmente a los jóvenes, y especialmente a sus pobladores rurales. Cuando la gente se marcha, no lo hace porque rechace su tierra, sino porque está buscando trabajo, buscando calidad de vida, buscando pareja, buscando sanidad y educación, buscando oportunidades… la gente rural marcha a las capitales de provincia, a las grandes ciudades (Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona) o al extranjero.
Un modelo de Ordenación del Territorio viable para el medio rural de Castilla y León debe tener como primer objetivo un Programa de Repoblación del Entorno Rural, que implica los siguientes requisitos:
– Diseñar Unidades de Ordenación del Territorio con extensión y población suficiente para albergar herramientas de prestación de servicios públicos básicos de calidad (sanitarias, educativas, económicas, sociales, culturales, deportivas, infraestructuras…), que sean capaces de retener y atraer población. De las 25 Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio debiéramos pasar en Burgos a no más de nueve, con poblaciones superiores a los 10.000 habitantes.
– Administrativamente no duplicar o multiplicar instituciones burocráticas; las Comarcas o Grandes Mancomunidades deben asumir competencias y presupuestos de organismos muy ineficientes como las Diputaciones, y en menor medida, por economías de escala de la Junta de Castilla y León y los propios municipios.
– Poner en valor el potencial atractivo del medio rural, como modelo vital, ante amplios sectores populares urbanos insatisfechos y ante masivos colectivos de ciudadanos urbanos con raíces rurales.
o Diseñar planes realistas de desarrollo económico autocentrado y endógeno en el medio rural, que pasan por una Industrialización de bajo impacto.
Artículo de Luis Marcos publicado en: http://burgosconecta.es/blogs/latenadadelcomun/2016/02/24/castilla-y-la-ordenacion-del-territorio/#more-289
