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Castilla nos une

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COMARCALIZACIÓN. Carlos Rad. Procurador en las Cortes de C-L. (24/09/2001)

COMARCALIZACIÓN
Carlos Rad. Procurador en las Cortes de C-L

El análisis general de la situación económica y social de Castilla y León durante las últimas décadas, independientemente de quien lo realice, ofrece sin lugar a dudas un hecho común, la constante pérdida de población y de recursos económicos con respecto a otras comunidades vecinas. Este hecho, similar al producido también en Castilla la Mancha y en otras comunidades no castellanas como la aragonesa, la gallega o la andaluza, adquiere en nuestro caso unas connotaciones de especial gravedad: los fenómenos migratorios continúan en la actualidad, existiendo una evidente falta de iniciativas económicas viables en el medio rural y siendo las instituciones, tanto locales como autonómicas, a pesar de ciertos esfuerzos realizados y de la llegada de importantes fuentes de financiación ligadas a las ayudas de la P.A.C., claramente ineficaces para invertir dicha tendencia.
El análisis económico y demográfico de Castilla y León desde su época de máximo esplendor, a comienzos del siglo XVI, es la historia de una continua e imparable decadencia. Sólo en cuanto a población, éramos al comienzo de la Edad Moderna, casi el 20% del total peninsular, uniéndose a nuestro peso económico, un primordial papel político. La larga historia posterior ha sido la continua pérdida de poder del Reino de Castilla, primero política y luego económica, con la consiguiente despoblación de nuestra nación. Este hecho ha alcanzado especial gravedad en el siglo que acaba: comenzamos el siglo con 2.302.000 habitantes, siendo el 12,4 de la población española, la segunda región en importancia en cuanto a población, y lo hemos acabado con algo menos de 2.500.000 de habitantes y en quinto lugar. El panorama es todavía más sombrío, pues dentro de nuestra región y desde 1900, hay provincias que claramente han aumentado en su conjunto, como Valladolid o León, junto a otras que han perdido más de un tercio de su población, como es el caso de Soria, lo que ha creado un notable desequilibrio regional entre zonas de clara pujanza industrial y poblacional y extensas áreas que pueden ser calificadas de auténtico desierto demográfico, donde no se llega a los 10 Hab/km2, las menos pobladas de Europa, con excepción del territorio lapón, localizado al norte de Suecia y Finlandia.

El éxodo de la población de Castilla y León nos ha supuesto que en el presente siglo hayamos perdido 1.750.000 personas que han emigrado hacia Madrid (40%), el País Vasco (20%) o Cataluña (14%), con el hecho paradójico de que sea Madrid, la ciudad que agrupe mayor número de ciudadanos nacidos en Castilla y León de todo el Estado Español (470.000 personas). Los flujos migratorios han tenido su influencia en el medio urbano, pero principalmente se han concentrado en el medio rural. En 1900 el 60% de nuestra población se concentraba en pueblos inferiores a 2.000 habitantes y sólo el 5,5% en localidades superiores a 20.000, en la actualidad, estas ciudades agrupan a la mitad de la población y sólo el 30% reside en los pequeños municipios. La proyección futura (*) que las tendencias actuales nos plantean, para un no muy lejano 2011, nos sitúan en un crecimiento negativo de la población entre el -6,7 y el -9 ‰, que implicaría una pérdida anual entre 15.000 y 20.000 habitantes y que situaría a la población de Castilla y León en un número similar al que teníamos en 1900, con la diferencia que la tendencia de la natalidad en el conjunto español es hacia a un ligero repunte de la natalidad. Frente a este sombrío panorama, la administración autonómica ha esgrimido débiles medidas fiscales y económicas, como son ligeros incrementos en las desgravaciones por el número de hijos en la declaración de la renta o facilidades en la transmisión de empresas familiares; todas ellas de dudosa capacidad para invertir la tendencia demográfica.

En un estudio sobre las comarcas periféricas de Castilla y León, investigadores de nuestras cuatro Universidades, proponían la comarcalización como un posible instrumento que permitiera su reactivación económica y social. Sólo en base a potenciar las cabeceras de comarca de forma que sean capaces de canalizar las iniciativas económicas en materias tan variadas como la producción de alimentos de calidad, el turismo o la artesanía, de concentrar en ellas los recursos en materia de salud, educación o de infraestructuras, será posible acceder a unas condiciones económicas sostenibles que permitan el asentamiento de la población. Para ello es indispensable abordar un proceso de transferencia de poder hacia estos entes comarcales por parte del gobierno autónomo y de las diputaciones, lo que permitiría su progresiva autonomía, manteniendo siempre el criterio de no crear más burocracia y sí una mayor proximidad y eficacia a los servicios públicos. Dicho proceso culminaría con la desaparición de las Diputaciones Provinciales y en parte de las actuales delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León.

Este no es un hecho insólito; la figura de la comarca aparece recogida en nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 19.3 y por la Ley 1/1991 de 14 de Marzo, tenemos constituida una comarca, la del Bierzo. Una sola comarca creada y de funcionamiento más bien deficiente, ya que aunque dotada de forma política, no se la han transferido competencias y mucho menos fondos económicos, ni por el gobierno autonómico, ni por la Diputación de León. Un proceso con el que Tierra Comunera no puede estar más que en franca discrepancia, primero por su carácter discrecional, ya que si bien el Bierzo constituye una amplia comarca con suficientes vínculos históricos, geográficos, sociales y económicos, existen también otras comarcas en Castilla y León que pudieran tener los mismos derechos, las mismas aspiraciones y circunstancias. Desde nuestro partido abogamos por abordar un proyecto de comarcalización serio, cuya exigencia primera sería una nueva ordenación territorial de Castilla y León, consecuencia de un análisis histórico, sociológico y económico, con plena participación de los municipios y los agentes sociales implicados. Sólo así se podrá llevar a cabo, la constitución con garantías plenas de las diversas comarcas, dando prioridad a aquellas con mayor grado de viabilidad y urgencia. Así se ha hecho en otras comunidades autónomas como Cataluña, donde la estructura comarcal estaba más implantada y el proceso de comarcalización ya está culminado, y así se está abordando en Aragón, Galicia o Andalucía; algo de lo que nos está privando el gobierno popular de Juan José Lucas, que expresamente se ha negado, por activa y por pasiva, a abordar este proceso.

Finalmente, señalar un aspecto sobre el que los nacionalistas castellanos hacemos especial incidencia: que dicho proceso debe ser democrático y además contribuir a la democratización de nuestras instituciones. Democrático ya que la comarcalización ha de ser construida a partir de la demanda del propio medio rural en un proceso transparente y participativo, no como una nueva ordenación impuesta por un gobierno o grupo político. Democratizador pues el modelo de comarca ha de ser también una forma de distribuir el poder político, que dote a las comarcas de sus propias instituciones y cuyos representantes hayan de ser elegidos en comicios libres y directos. Un proceso de estas características ha de ser calificado sin duda de revolucionario pues trastoca de forma radical el actual clientelismo político, donde para conseguir una financiación digna, a los regidores de los pequeños municipios de Castilla y León sólo les queda la alternativa de la larga espera a la puerta de muchos despachos, cuando no la persecución directa del cargo público con el consabido «¿Qué hay de lo mío Sr…?».

(*) Datos recogidos en el libro «Estrategias Poblacionales para Castilla y León» dirigido por D. Guillermo Ramírez Estévez. Junta de Castilla y León. Colección de Estudios Económicos.

Carlos Rad

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