Cada día se hace más acuciante, para la supervivencia de nuestra tierra en el marco autonómico español, la necesidad de contar con una voz propia en el Parlamento y en el Senado que ejerza comprometidamente la legítima defensa de los intereses de Castilla con el objetivo de incrementar el escaso protagonismo político, económico y cultural que actualmente tiene nuestra región en el conjunto de España.
Parece que desde hace tiempo los castellanos hubiésemos tomado como seña de identidad de nuestro pueblo la resignación ante el abandono al que somos sometidos por parte de nuestros representantes políticos. Una vez más, se hace necesario recordar que Castilla está sufriendo una discriminación con respecto al resto de España. Nuestro voto es cualitativamente menos importante que el de otros territorios ya que aquí no es necesario hacer grandes inversiones en política de desarrollo para conseguir revalidar las victorias electorales. PP y PSOE, caras diferentes de una misma moneda, son conscientes de lo fácil que resulta utilizar nuestras circunscripciones electorales para colocar en puestos de relevancia a aquellos que solamente forman parte de las cúpulas dirigentes de los partidos, pero que son incapaces de defender los verdaderos intereses de nuestra tierra.
La lucha contra la despoblación, el paro y la precariedad en el empleo, la mejora de los servicios educativos, sanitarios y sociales, la práctica de políticas que aseguren un desarrollo económico sostenible, la protección estricta de nuestros ecosistemas, el desarrollo rural impulsado por la comarcalización, la construcción y mantenimiento de infraestructuras viales y ferroviarias, la ampliación de las redes telemáticas, la profundización en la democracia y en la participación ciudadana en el marco de una estado autonómico igualitario y solidario son las prioridades de la región castellana.
Es urgente un cambio de mentalidad colectivo, pues aunque no pretendemos ser más que nadie dentro del Estado tampoco podemos permitir que nos hagan ser menos. Es necesaria, en definitiva, la exigencia de una actitud castellanista a todos los políticos que después del 14 de marzo, en teoría, serán representantes de los intereses de todo nuestro pueblo en Madrid.
