Las Diputaciones Provinciales son instituciones ineficientes (gastan la mayor parte de sus presupuestos en su funcionamiento ordinario, dejando solo migajas para las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, que debieran ser su verdadero cometido), opacas y antidemocráticas (sus responsables políticos, no lo son por elección ciudadana, sino por designación de los partidos), verdaderas reliquias de periodos ajenos al gobierno del pueblo y a la voluntad de la gente, que han sobrevivido, prácticamente sin transformación, a periodos dictatoriales y predemocráticos, consiguiendo que en la Transición de finales de los setenta, fuesen aceptadas, como instituciones de apoyo a los pequeños municipios, papel para el que nunca ni han tenido vocación real, ni capacidad efectiva de servir.
Así, son frecuentes en los medios de comunicación, noticias que serían jocosas, de no ser por el despilfarro, la corrupción y el caciquismo que denotan, y que además constituyen meramente la punta del iceberg de un sistema que horroriza a propios y extraños, y al que ninguno de los dos grandes partidos ha querido realmente hincar el diente. Recordemos a José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Orense, que contrató a dedo a 33 conserjes para un edificio con solo dos puertas, a la diputación de Sevilla, que contrató como empleados públicos a 14 alcaldes y exalcaldes del PSOE, a Carlos Fabra, el tantos años presidente de la Diputación de Castellón, a quién siempre por Navidad le tocaba la Lotería Nacional y que inauguró un aeropuerto sin aviones.
Burgos, desgraciadamente, también es un meridiano caso de corrupción política en el funcionamiento de su Diputación Provincial, que dedica un exiguo 20% de su presupuesto, de más de 110 millones de euros anuales, a los pueblos que debe apoyar mientras el resto se despilfarra en gastos ajenos al medio rural. Comentemos hoy solo un aspecto de esa corrupción, la contratación de empelados públicos, con carácter temporal, para cubrir bajas o necesidades puntuales del servicio como sustituciones. Un tema, que potencialmente debía ser menor, pero que afecta a miles de contratos durante los últimos diez años, y que está actualmente siendo investigado en sede judicial por parte de la Fiscalía Provincial de Burgos, gracias a una denuncia del Partido Castellano (PCAS).
Entrando en materia, los responsables de la Diputación de Burgos, convocaron a primeros del año 2014, la denominada Bolsa de Empleo, mediante la cual se pretendía la cobertura temporal de determinados puestos de trabajo para el correcto funcionamiento de los servicios y centros dependientes de la Diputación de Burgos. Enmarcada en esta Convocatoria de plazas temporales y para cubrir bajas, el pasado 1 de junio tuvieron lugar los primeros exámenes de dicha Bolsa de Empleo para cubrir plazas de enfermería y auxiliar de enfermería, dos de las 14 categorías contempladas en esta convocatoria de empleo público provincial, y que congregaron a 2.200 candidatos.
Los contenidos de las pruebas de selección efectuadas para la contratación de enfermeros y auxiliares de enfermería, que fueron realizados mediante concesión privada por la empresa Tea Gegos SA, que percibió casi 18.000 euros por ello, pruebas para las cuales no se publicó temario alguno, en absoluto se ajustaban a la evaluación de los conocimientos específicos para su función, limitándose a una serie de test psicotécnicos, con entre 160 y 190 preguntas según la categoría, absolutamente ajenos al ejercicio profesional de la enfermería, cuando no bochornosos o irrelevantes. Curiosamente fue desestimada una oferta más económica que si incluía entre sus sistemas de evaluación un test de personalidad y otro de conocimientos específicos.
Este sistema de selección viola de manera flagrante los principios de igualdad, mérito y capacidadque en el ordenamiento constitucional prevalecen para el acceso a la función pública, que debe basarse en criterios objetivos, de evaluación profesional y sobre aspectos previamente conocidos. Las lamentables excusas, basadas en la temporalidad de las plazas, esgrimidas por los responsables del PP en la Diputación de Burgos para justificar este tipo de pruebas, son un acceso al subconsciente de los responsables de personal de la Corporación Provincial, que parecen pensar que para contrataciones temporales la discrecionalidad y arbitrariedad no solo está permitida, sino que es el método habitual.
Además en la propia celebración de las pruebas se cometieron numerosas irregularidades durante la realización de las “pruebas de selección”, dentro de las cuales se incluyen la posible filtración de los test a realizar, que parece ser estuvieron a disposición de algunos de los participantes en las pruebas de selección con anterioridad a la celebración de las pruebas, y la desaparición de siete exámenes de la caja que la empresa facilitó a la Diputación Provincial para su utilización, pone en cuestión la custodia de estos materiales sensibles y la transparencia de todo el proceso selectivo.
Pero estos hechos, han llevado a que muchos nos preguntáramos como se realizaban las contrataciones temporales en la Diputación Provincial de Burgos con anterioridad. Así hemos llegado a saber que la anterior Bolsa de Empleo de la Diputación de Burgos, cuyas Bases fueron publicadas en el BOP de 26 de mayo de 2005, tenía un carácter bianual, que ordenaba a los aspirantes mediante un sistema mixto de evaluación de méritos y resultados de pruebas selectivas, en listas ordinales, y que caducó en 2007. El uso de esas listas para las contrataciones efectuadas entre 2007 y 2014 es ilegal, pero es aún más grave y presuntamente incurre en delito continuado de prevaricación, el hecho de que muchas de las contrataciones realizadas, una parte significativa de esos 5.000 contratos temporales, se ha realizado con personas que no formaban parte de ninguna lista, con personas que ocupaban posiciones inferiores en las mismas respecto de otras que no fueron llamadas, que no se han dado las garantías suficientes en las ofertas de estos contratos y en la calidad de los mismos a los integrantes de las listas, que cerca del 50% de las contrataciones se ha realizado bajo la motivación de “exceso de carga de trabajo para la plantilla existente”, sin la correspondiente autorización de Hacienda, y mientras se reducía el número de empleados laborales y funcionarios de la propia Diputación.
Somos muchos los que pensamos, y confiamos en una acción de la Administración de Justicia que nos dé la razón, que la Diputación Provincial realiza contrataciones masivas de empleados públicos, al margen de la ley, obviando los principios constitucionales de transparencia, publicidad y evaluación objetiva de mérito y capacidad de los aspirantes, con el objetivo de favorecer a correligionarios políticos, a familiares y amigos, cuya finalidad es crear una red clientelar en toda la provincia, que favorece un sistema caciquil de control del voto de la población, de creación de lealtades políticas y personales, de configuración de candidaturas en las elecciones municipales, de marginación y exclusión de personas críticas, disidentes o de lealtad dudosa, utilizando el dinero público y el empleo público como un instrumento de poder arbitrario, en un momento de crisis brutal, donde el empleo es la principal preocupación de la mayoría de la población, y muy especialmente de los jóvenes. El sistema corrupto y prevaricador que denunciamos en la Diputación Provincial de Burgos, creado, mantenido y favorecido por el Partido Popular, solo podría existir con la connivencia, complicidad y tolerancia del principal partido de la oposición durante las últimas décadas, el PSOE, y de determinados sindicatos, que lejos de defender los derechos de los trabajadores y denunciar las corrupciones existentes, han preferido extraer la cuota de beneficios que les podía corresponder.
Artículo de opinión de Luis Marcos, Secretario de organización del PCAS, publicado en burgosconecta.es.
http://burgosconecta.es/blogs/latenadadelcomun/2014/10/02/corrupcion-en-la-diputacion/
