COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA DE CASTILLA-LEÓN AL COMIENZO DEL SIGLO XXI
Carlos Rad. Procurador en las Cortes de C-L
Puede resultar clarificador para los castellanos que al acabar un siglo y comenzar otro hagamos un somero balance, un meditado análisis, de cual es nuestra situación al finalizar un periodo de enormes y vertiginosos cambios. Es evidente que observando cuales han sido los aconteceres para las ciudadanas y los ciudadanos de Castilla y León en esta centuria, podremos prever la evolución de nuestra tierra, al menos en los años inminentemente próximos, o cuando menos, tener bien claro cual son los duros problemas a los que nos enfrentamos.
Es evidente que el balance final es claramente insatisfactorio, se podría decir que pesimista, principalmente desde una óptica nacionalista y castellanista, que desde luego se caracteriza y caracterizará por una especial exigencia y beligerancia hacia los problemas de nuestra tierra. No es el recurso fácil del victimismo, es más bien el amor por lo nuestro, lo que nos lleva a la crítica profunda y al rechazo de tantos discursos oficiales que, muy frecuentemente, recurren a la exaltación de las nimiedades o a propalar sin la menor vergüenza, medias verdades y mezcladas con alguna que otra falsedad.
1. Ocaso demográfico de Castilla y Léon.
Un análisis riguroso de los problemas que nos ha traído el pasado siglo y que pueden ser asignaturas pendientes, nos permite hacer una clara gradación de los mismos. Es evidente que el principal lo constituye la despoblación, la pérdida del elemento humano, algo que difícilmente tendrá marcha atrás y que desde luego es una pérdida de activos que lastra gravemente el desarrollo futuro.
El éxodo de población en Castilla y León desde 1900 hasta nuestros días, ha supuesto que 1.750.000 personas hayan abandonado nuestra tierra hacia otros países de España o de Europa en la busca de un futuro mejor. En el año 1900 la población en Castilla y León se cifraba en unos 2.302.000 habitantes, constituía un fracción importante del conjunto de la población española, el 12,4 %; durante buena parte del siglo, si bien existía un continuo proceso migratorio, la alta natalidad compensaba las pérdidas y en su conjunto, nuestra población aumentaba, llegando a su máximo poblacional en la década de los 60 con 2.848.000 habitantes. A partir de esa fecha, la pujanza industrial de la periferia, especialmente Cataluña y el País Vasco, provocan un proceso migratorio sin precedentes que nos llevó a perder casi 300.000 personas en veinte años. Este mismo proceso, aunque notablemente atenuado, continúa en nuestros días, si bien de forma mucho más selectiva, la emigración se centra sobre todo en la población más joven y con una formación elevada, como es el caso de muchos de nuestros universitarios, formados en las propias Universidades de Castilla y León, y su destino suele ser principalmente Madrid. Se da la curiosa circunstancia de que es esta ciudad la que concentra en la actualidad la mayor cantidad de ciudadanos nacidos en Castilla y León, 470.000 personas, más incluso que la propia Valladolid. Las proyecciones futuras de nuestras tendencias actuales de crecimiento negativo entre el 6,7 y el 9%, nos supondrían una pérdida anual entre 15.000 y 20.000 habitantes, lo que supondrá que en el 2010, nuestra población sea muy similar a la que teníamos en el año 1900. Todo ello en un entorno como es el español o el europeo, donde la natalidad, en algunos casos, está mostrando claros síntomas de recuperación.
Una emigración intensa que no afecta a todas las provincias por igual, existiendo provincias que ganan población en su conjunto, como es el caso de Valladolid o León, mientras otras como Soria han perdido más de un tercio de su población. Todo ello no es sino el reflejo de desequilibrios regionales más profundos y que se acentúan día a día, diferenciando zonas de clara pujanza industrial y económica, mientras otras, como la zona fronteriza con Portugal, son consideradas el área más pobre de Europa, o el caso de Soria, durante cierto tiempo la zona europea con menor densidad de población, inferior a 10 Habitantes/Km2, puesto del que ha sido desplazada por el territorio lapón del norte de Suecia y Finlandia, que constituye un auténtico desierto poblacional.
Y si aparecen importantes desequilibrios geográficos, mucho mayores son los desequilibrios que se han producido entre el medio urbano y el medio rural. A comienzos del pasado siglo, la población castellana se localizaba en un 60% en pueblos inferiores a 2.000 habitantes y sólo el 5,5% en lo que se podrían denominar ciudades, localidades superiores a los 20.000 habitantes. Hoy, la población de las ciudades supera el 50% de la población, mientras los pequeños municipios sólo acogen a un 30% del total. La ausencia de poblaciones intermedias en muchas comarcas, es una dificultad añadida para intentar su recuperación, sobre todo en un territorio tan extenso como el nuestro que necesita de estas localidades como centros de prestación de servicios y de canalización de la actividad comercial, de pequeña industria o de servicios. La comarcalización se presenta como una necesidad urgente si se quiere garantizar un mínimo de calidad de vida y viabilidad económica y social, principalmente en las áreas más periféricas de nuestra comunidad, donde la situación económica y social muestras claros síntomas de irreversibilidad.
Un último aspecto demográfico a reseñar es el envejecimiento de la población, algo lógico en un medio caracterizado por la pérdida de población eminentemente joven, una natalidad extraordinariamente baja y, afortunadamente, una longevidad privilegiada, 83 años para la media femenina y 77 para los hombres. Todo ello nos lleva a unas cifras de pensionistas cercanas al 20% de la población total, lo que corresponde a 1,32 cotizantes por pensionista, superior a la media española (1,78). Una predominancia de las clases pasivas que desde luego en el medio rural está totalmente invertida, siendo los cotizantes al Régimen Agrario un tercio de los pensionistas. Una población envejecida que dada su especial problemática, conlleva un notable incremento en los gastos asistencial y sanitario.
2. Reconversión agraria.
Si algo ha caracterizado al siglo XX, junto a las masacres y genocidios de dos guerras mundiales y centenares de guerras locales, ha sido el enorme desarrollo científico y técnico, principalmente en los países occidentales. De todo este movimiento transformador, Castilla se ha incorporado muy tardíamente, mucho más que otros países del Estado Español o Europa. Prácticamente hasta finales del la década de los 60, la presencia industrial era anecdótica y nuestra sociedad era fundamentalmente agraria y, aunque la evolución posterior ha creado una cierta infraestructura industrial, si bien no de forma homogénea, seguimos arrastrando un peso del sector agrario en el conjunto del P.I.B. regional superior a otras comunidades autónomas, si bien la tendencia es a igualarnos. Así este sector de producción primaria constituía casi el 10% del V.A.B. regional (Valor Añadido Bruto), ocupando al 22% de la población en 1986 y en la actualidad ambos valores se han reducido al 7,4% y al 11,3%, respectivamente. Fundamentalmente, no debido a un mayor crecimiento del sector industrial, sino al hecho de experimentar una fuerte reconversión agraria que ha supuesto la desaparición de miles de explotaciones durante los últimos quince años, gracias en parte a las subvenciones europeas que las han fomentado.
Un peso del sector agrario muy alto para nuestra economía y que tiene una particularidad especialmente grave, nuestra producción agraria se concentra en productos considerados como excedentarios para la agricultura europea. Producciones basadas en el cereal, la remolacha o la ganadería de ovino o vacuno, que se mantienen gracias a las ayudas europeas de la P.A.C. (Política Agrícola Comunitaria) y cuya viabilidad futura en un mundo de libre competencia es escasa. Estas ayudas suponen un elevado porcentaje del presupuesto regional (15-20%) están dirigidas no sólo a mejorar la renta de los agricultores, sino también a la modernización de las explotaciones de forma que se garantice su viabilidad; de tal forma que de las 143.000 explotaciones existentes, un 80% no tienen capacidad suficiente como para ver garantizada su continuidad. Esta condición de renovación de las explotaciones es sistemáticamente olvidada dada la negativa de la administración regional a proceder a su modulación, lo que supondría introducir además otros criterios como creación de empleo para su percepción, tal y como reclaman las organizaciones agrarias más progresistas.
Somos una de las comunidades autónomas donde el regadío está menos desarrollado, sobre el 10% de la superficie cultivada cuando la media española se sitúa en el 15%, a pesar de ser la cuenca del Duero excedentaria en agua y tener grandes infraestructuras hidráulicas. El regadío logra producciones de alto valor añadido y ocupa mucha más mano de obra y aunque por nuestra altitud y régimen climático, no todo nuestro territorio es susceptible de ser transformado en regadío, buena parte de la cuenca baja del Duero o de afluentes como el Esla, Pisuerga o Arlanza, sí lo son a falta de la realización de unas infraestructuras siempre prometidas y que nunca han llegado. Es de mencionar el caso de Riaño, pantano que se inauguró en 1986 en medio de una gran presión social en contra, y con el que en la actualidad sólo se riega un bajo porcentaje del previsto. Junto a la necesaria expansión del regadío, otro de los posibles campos donde nuestra agricultura puede competir es en la producción de alimentos de calidad, fórmula que se ha aplicado con enorme éxito al sector vitivinícola y que mucho más lentamente, se aplica a otras producciones como la carne de vacuno de Ávila o Salamanca, los embutidos de Guijuelo, las legumbres de la Armuña o la fruta del Bierzo. Este y la transformación de nuestros productos es quizá un campo de expansión futuro y una alternativa de viabilidad, pues la solución a nuestro medio rural no es perder capacidad productiva, sino lograr nuevas fuentes económicas que permitan el asentamiento de su población; las dificultades que se presentan son muchas pues nuestras explotaciones agrarias son pequeñas, con baja capacidad de inversión e innovación y desde luego, la ausencia de un movimiento asociativo fuerte que permita un enfoque profesional a nuestra agricultura.
3. Desequilibrios en la estructura económica y productiva.
Junto a ese elevado peso del sector agrario en nuestro P.I.B., lo que permite al gobierno regional mostrar ejercicios económicos más favorables dependiendo de si ha llovido o no en el momento más adecuado, otra característica de nuestra economía es el elevado peso del sector industrial, concentrado en la producción de energía, la minería y el sector automovilístico y el bajo peso del sector servicios. Quizás el tema más sangrante para los castellanos sea el expolio de nuestra energía; concentramos el 16% de la producción española, el 23,7% de la energía de la térmica y el 25% de la hidráulica en concreto, y a penas consumimos un cuarto de la misma, el resto se exporta sin que de ella obtengamos ningún beneficio, es más, ni siquiera las principales empresas como Iberdrola o Nuclenor, tienen su domicilio fiscal en nuestra comunidad; en los últimos tiempos, vemos una extraordinaria profusión de parques eólicos instalados. Se ha hablado de introducir un canon energético para que el coste de la energía sobre todo para uso industrial, sea menor en nuestra comunidad y pueda actuar como forma de compensación, si bien, dada la liberalización del sector puede tener problemas legales; otra fórmula para lograrlo sería la ecotasa, ya que toda producción eléctrica conlleva un fuerte impacto ambiental sobre nuestro territorio, lo que dotaría de recursos propios y capacidad inversora a nuestra comunidad.
Además de la especialización de nuestra industria y su bajo grado de diversificación, su localización geográfica es uno de los factores de desequilibrio regional: el 71% de V.A.B. industrial se concentra en el eje Valladolid-Palencia-Burgos, mientras que el resto se reparte entre las restantes seis provincias, algunas de ellas, como el caso de León, con una importante concentración de empresas mineras, en grave crisis económica, abocadas a una reconversión irremediable y con una política de reducción de costes, basada en la explotación minera a cielo abierto, que conlleva un enorme destrozo ambiental.
Un análisis de la estructura del sector industrial nos ofrece una clara predominancia de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) frente a las grandes industrias; así un 60% de las empresas de Castilla y León son microempresas de trabajadores autónomos, existiendo únicamente 22 empresas de más de 500 empleados. Curiosamente, son estas grandes empresas las que facturan el 41% del P.I.B. industrial, principalmente en las ramas industrial y energético. Como hecho positivo, principalmente en Burgos, se destaca la presencia de empresas autóctonas en clara expansión nacional e internacional, como es el caso de Campofrío, el grupo Pascual o el grupo Irausa. Otras como FASA-Renault, paradójicamente concentran toda su producción en Castilla y León, pero su domicilio social está radicado en Madrid. Otro hecho derivado de esta peculiar estructura industrial es la baja capacidad de innovación; buena parte de las grandes empresas son multinacionales y sus departamentos de I+D no están localizados en nuestra comunidad, y las pequeñas empresas, no tienen capacidad de innovación, por lo que nuestra presencia en sectores punteros o de nuevas tecnologías, es anecdótica, a pesar de la propaganda institucional y sus pretendidas apuestas en el Parque Tecnológico de Boecillo. Como ejemplo irrefutable está el gasto de nuestras empresas en I+D: el 0,6% del P.I.B., empleando al 3,4% de la población activa; inferior a la media española que está en el 0,9% y el 5,1%, respectivamente, y mucho inferior a los niveles europeos, cuyo gasto en I+D es superior al 2%, empleando al 9,5% de la población activa.
Un reto importante para Castilla y León es el desarrollo del sector servicios cuya presencia en el conjunto del P.I.B. regional es excesivamente bajo, siendo en los países desarrollados el sector cuantitativamente más importante. Ello no quiere decir que sea a costa de eliminar actividad primaria o industrial, sino buscar nuevos campos económicos, que como el aprovechamiento del turismo ecológico o cultural, tiene una potencialidad tradicionalmente desaprovechada. La potenciación del sector comercial tradicional, asociado a la comercialización de nuestros productos, que es además generador de puestos de trabajo estables y una actividad económica propia, debería de ser un objetivo regional y no la concesión de cuotas de mercado cada vez mayores a las grandes superficies y a la multinacionales de la distribución de alimentos, lo que propicia la entrada de productos foráneos, la colonización cultural y la creación de empleo precario.
La situación económica ha mejorado en los últimos años al rebufo de una situación económica nacional e internacional en pleno proceso expansivo; se han logrado importantes cotas de crecimiento económico, sobre el 7%, superior a las medias nacional y europea que fueron del 6,6% y del 4,7%, respectivamente. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en creación de empleo, donde los porcentajes se sitúan por debajo de la media nacional, afectando principalmente a las mujeres y a los jóvenes. El V.A.B per cápita se sitúa en 1.605.200 pts, el 90% del nacional, y la renta familiar disponible en 1.213.700 pts, el 96% de la española, factores que progresivamente se van reduciendo. Con respecto a Europa, efectivamente existe un proceso de conversión, que nos sitúan cerca del 75% del P.I.B. per cápita europeo y que diferencia a las regiones Objetivo 1 del resto, permitiéndonos, aunque no por mucho tiempo, ser receptores de numerosos fondos europeos en forma de proyectos cofinanciados incluso al 10% de la inversión, como son los casos de los fondos FEDER, FEOGA, FSE, proyectos LIFE, etc. Aún así sorprende que determinadas ayudas europeas no lleguen a materializarse ante la negativa de la administración regional de poner la financiación que la corresponde.
4. Las carencias históricas en infraestructuras y comunicaciones.
De todas las infraestructuras, son las vías de comunicación por carretera o ferrocarril, las que tienen una influencia decisiva en el desarrollo industrial y económico de un territorio, al condicionar de forma notable las posibilidades de transporte de nuestros productos y su coste. Dada nuestra posición en el centro peninsular y dada la concepción mantenida durante siglos, de modelos centralistas de estado, nuestro territorio ha sido surcado por una las grandes vías de comunicación dentro del Estado e internacionales. Muchas menos son las carreteras que no obedecen a este modelo radial y que se puedan constituir en vertebradoras de nuestro territorio, que sean regionales en su concepción, y por supuesto, mucho peor es, en todos los sentidos, la red local que comunica nuestros numerosísimos núcleos habitados, cuando no inexistentes.
La red Nacional de carreteras, porcentualmente superior a la red autonómica, se caracteriza por su antigüedad y mal estado de conservación. Comparativamente con la media nacional, nuestro porcentaje de autovías o autopistas es inferior al nacional, lo que produce la saturación de estas vías nacionales y su correspondiente peligrosidad. Son llamativos los casos de la N-I entre Burgos y Miranda de Ebro, uno de los tramos de mayor siniestralidad del Estado y el único tramo sin desdoblar entre Algeciras e Irún, o los tramos en nuestra comunidad de la Vía de la Plata entre León y Sevilla, la N-620 entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, una de las vías de comunicación con Portugal o la N-501, entre Salamanca y Ávila. Muchas otras siguen conservando cruces de elevada peligrosidad o travesías urbanas, absolutamente anacrónicas.
El trazado radial que atraviesa pero no vertebra nuestro territorio, ni da cobertura a las comarcas más periféricas, debiera completarse con un trazado regional o local; sin ellos es posible entender el aislamiento de muchas zonas de la comunidad o el mayor coste económico del transporte, lo que evidentemente influye en la competitividad de nuestras empresas. El estado de la red local es deplorable debido a su extensión y a las carencias inversoras de las Diputaciones, y el de la red regional algo mejor, si bien su extensión no es lo suficientemente grande para un territorio tan extenso como el nuestro. Es de señalar, que la única vía regional significativa es la autovía Burgos-León, una autovía que en realidad es parte de un trazado nacional, de comunicación Este-Oeste, que en virtud de los pactos autonómicos del 92, el Estado Central se comprometió a financiar sólo un 20% de la misma (78.000 millones) aunque en la realidad no ha puesto una peseta, todo ello a cambio de un frenazo importante en el proceso de transferencias para nuestra comunidad. Toda una jugada política entre el PP y el PSOE, que supone el 100% de la deuda pública actual de la Comunidad y que supondrán emplear más de diez años para realizar 200 Kms de terreno absolutamente llano.
Junto a la red viaria, el trazado del ferrocarril es otro de los factores de desarrollo económico. La red de ferrocarril que actualmente disponemos es la consecuencia de todo un proceso de desmantelación llevado a cabo por RENFE durante la época socialista, bajo pretesto de una baja rentabilidad; de todos los habitantes de Castilla y León, sólo un 58% tiene acceso al ferrocarril. En esta época se cerraron las pocas líneas de trazado no radial o regional como eran el ferrocarril Santander-Mediterráneo o la Valladolid-Ariza; junto a ello, y para que no corrieran la misma suerte, se financian con fondos regionales líneas deficitarias como el de La Robla-Bilbao, que pertenece a FEVE, o el ferrocarril minero Ponferrada-León. Este desmantelamiento comienza con la supresión de servicios, el nulo cuidado de la infraestructuras y finalmente el cierre de la línea; en este mismo proceso está envuelto el ferrocarril directo Burgos-Madrid por Aranda de Duero, cuya supresión es inminente. Junto a ello aparece la ausencia de un buen servicio de cercanías entre Valladolid y localidades como León, Palencia o Burgos, sus malos horarios y su lentitud, lo cual supone una baja utilización del tren para desplazamientos cortos por motivos de trabajo o estudios. Hay que señalar también la persistencia de numerosos pasos a nivel, incluso en carreteras nacionales o de travesías de ciudades como Burgos, Valladolid, Palencia o León, que suponen un grave trastorno ciudadano y a las que todavía no se ha dado solución.
5. Problemas sociales y asistenciales.
Es evidente que la disminución de activos provocada por la emigración debiera haber tenido consecuencias inmediatas sobre las tasas de población activa y sobre los servicios que disfrutamos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. En el capítulo de desempleo, nuestra tasa de actividad es inferior a la media nacional estando entre las 25 regiones europeas de mayor tasa de paro. Buena parte del empleo es un empleo precario, como hecho anecdótico hay que reseñar que la proporción de ETTs con respecto a la población laboral es superior a la media española; junto a ello hay que señalar que nuestro paro juvenil y femenino son bastante superiores al resto del país, lo cual nos conforma un panorama bastante poco propicio a la estabilidad familiar y por supuesto a un incremento de los índices de natalidad. Como datos concretos se puede señalar que la población con edad entre los 18 y los 25 años supone el 20% de la población y con un 41% en paro, lo que los obliga a vivir en el domicilio familiar sin posibilidad de emancipación; también existen 3.000 familias sin ningún tipo de recursos y que sobreviven con el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que en la actualidad es un 40% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La pérdida de puestos de trabajo es mucho mayor en el medio rural donde se han perdido 20.000 empleos entre los años 93-98, hecho que no ha remitido en la actualidad, sino que se sigue incrementando con la pérdida de 7.000 más sólo durante el año 1999.
Desde el punto de vista de la educación, y gracias a la caída demográfica, hoy sobran en torno a 57.000 plazas en Primaria y Secundaria, lo que evidentemente se traducirá en una pérdida de unidades escolares, principalmente en el medio rural. La escuela rural en Castilla y León ha sufrido como nadie la caída poblacional y los recortes del M.E.C., con un proceso de reconversión que tuvo máxima expresión en 1996 con el cierre de más de 1.000 unidades escolares en la comunidad. Finalizado el proceso de transferencias educativas, la Junta de Castilla y León ha garantizado de momento la continuidad de unidades con un alumnado igual o superior a los 4 alumnos, así como el establecimiento de un programa de itinerancias que garantice su formación. Es evidente que para nuestros pueblos es vital su permanencia, por su contribución a la cercanía familiar de los alumnos o para evitar su desarraigo. Junto a ello, se han comenzado iniciativas valiosas como la introducción del inglés precoz o internet, aunque sin la necesaria garantía de medios para su materialización y desde luego, el diseño de un curriculum educativo castellano, aparece aparcado y a la espera de la reforma de las humanidades estatal, reforma que intenta homogeneizar la educación en contra de las legítimas competencias de los gobiernos autonómicos.
Paralelamente, la Junta de Castilla y León mantiene un modelo educativo similar al que propugna el PP nacional, extender al máximo la política de conciertos con centros privados y limitar los recursos de los centros públicos. Sólo así se puede comprender que la caída de alumnado afecte más a la pública que a la privada en Educación Primaria y Primer Ciclo de la E.S.O. y que en Segundo Ciclo de E.S.O. y Bachillerato L.O.G.S.E. el número de alumnos de la privada se incremente año tras año, mientras decrece el de los centros públicos de Secundaria. Hay que recordar que en Castilla y León, los centros privados se localizan en las ciudades y que desde luego, las zonas deprimidas o de baja población, donde la educación no es negocio, se dejan para la administración; exactamente igual ocurre en zonas marginadas con fuertes conflictos sociales. También hay que recordar que sólo el 10% de los alumnos con necesidades educativas especiales está escolarizado en centros privados y que muchos de estos centros rechazan alumnos conflictivos o pertenecientes a minorías étnicas.
Otro de los grandes capítulos en asistencia social es la sanidad pública. Una sanidad sobre la que sólo tenemos competencias en Atención Primaria en localidades inferiores a 20.000 habitantes, el resto, es competencia del INSALUD. Las ratios de médicos de familia y especialistas por habitante son similares a la media estatal en las ciudades y muy superiores en el medio rural, donde se ha completado la red de Atención Primaria y la zonación del territorio, pero que tiene gravísimas carencias en la atención Especializada y Hospitalaria por la incomunicación de muchas zonas, que como el Norte de Burgos, son atendidas incluso por la sanidad de otras autonomías. Tampoco, y aunque las dotaciones de profesionales sean suficientes, las instalaciones del INSALUD son claramente deficientes, obsoletas o masificadas, a años luz de la sanidad que gozan los ciudadanos de autonomías con competencia sanitaria.
Desde el punto de vista medioambiental también aparecen notables carencias, sobre todo en la gestión de aguas y residuos, si bien nuestra pertenencia a Europa, supone la necesidad de su resolución en un corto espacio de tiempo. Es paradójico, que perteneciendo a la España húmeda, con un nivel de precipitaciones importantes, en época estival existan casi 1.000 municipios que tienen que ser abastecidos con cisternas, muchos de ellos en la provincia de Burgos. También resulta imposible de creer, que ciudades como Salamanca, Aranda de Duero o Miranda de Ebro no tengan el menor sistema de depuración de aguas residuales y otras como Valladolid, con más de 400.000 habitantes, la tengan recién estrenada. Que la gestión de los Residuos Urbanos carece de una planificación mínima supone que un cuarto de los mismos sean depositados en vertederos incontrolados o que ciudades como León, estén exportando su basura hacia Asturias o acumulándola en bolsas para forraje en fincas privadas a la espera de encontrar un vertedero adecuado. La apuesta por una gestión mancomunada de los mismos ha garantizado su recogida, si bien ha supuesto la creación de numerosos vertederos sin las menores garantías ambientales. El tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, la privatización en la gestión supone que en el vertedero de alta seguridad hayan entrado un 80% de residuos tóxicos de otras comunidades o de transformados de los mismos, todo ello sin la menor compensación económica.
6. La gran potencialidad del patrimonio natural, artístico y cultural.
Es evidente que hasta este momento han primado los aspectos negativos más que los positivos y que son precisamente esas tendencias negativas las que con mayor claridad se proyectan en nuestro futuro más inminente, aunque en la estricta actualidad se enmascaren con cierta bonanza económica de la que está por determinar el poso final que quede. Hay otros aspectos más claramente optimistas, no por su estado actual o su dinamismo, sino por la potencialidad que suscitan, estos no son sino la conservación, mejora y aprovechamiento de los recursos naturales y el patrimonio cultural y artístico de Castilla.
Pocas naciones dentro del mundo occidental pueden presentar una colección de valores históricos y artísticos como la nuestra: 329 castillos, 129 conjuntos histórico-artísticos, 865 monumentos catalogados, 103 zonas arqueológicas; junto a ello 3 ciudades, las de Ávila, Segovia y Salamanca, la catedral de Burgos, Las Médulas, todo el conjunto del Camino de Santiago y recientemente los yacimientos de Atapuerca han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Junto a ello se pueden sumar los 39 Espacios Naturales declarados o en vías de declaración, un sinfín de ZEPAS, LICs, humedales o lugares de especial interés paisajístico; todo ello conforma una inagotable reserva biológica de especial riqueza y diversidad, con especies como el oso pardo, el lobo ibérico, el urogallo, la avutarda o el águila real, que ya han desaparecido de la mayor parte de los hábitats de Europa occidental. Su conservación ha estado ligada a la actividad agrícola y ganadera tradicional desarrollada sin sobreexplotación hasta fechas muy recientes, lo que ha permitido un estado de conservación más que aceptable por una baja presión del hombre, económica y social. En la explotación racional de todos estos valores, siempre que sea compatible con su conservación y mejora, está el futuro de buena parte del medio rural y un campo enorme de expansión del sector servicios que desequilibra nuestra economía.
Pero todo no son hechos positivos, muchos de nuestros monumentos están en un pésimo estado de conservación, en muchas ocasiones todavía sin una adecuada catalogación, con un presupuesto regional dedicado a su conservación que es claramente insuficiente, sometidos a un expolio constante, sobre todo los bienes arquológicos, y muchas veces perdidos en el anonimato y el desconocimiento por nuestro propio pueblo. Lo mismo se puede decir del medio natural, donde los procesos de declaración de figuras protectoras es frenado por los propios pueblos afectados por seguir una política claramente restrictiva de las actividades tradicionales y no de potenciar su conservación mediante la inversión y la dotación de alternativas económicas. Así de los 39 Espacios Naturales, sólo 9 se han proclamado como tal y ninguno de ellos tiene elaborado el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) auténtica llave que hace operativa tal declaración. Hasta entonces se ven muchos de ellos asolados por incendios forestales provocados o la instalación de tendidos eléctricos, presas o aerogeneradores.
7. Falta de identidad y dominación política.
La pérdida constante de activos humanos y poder económico durante siglos, al menos cinco, ha tenido la consecuencia lógica de una pérdida de la identidad y los valores culturales que han sido absorbidos e integrados dentro de la cultura española hasta límites de hacer desaparecer su origen; tal es el caso del idioma, hoy denominado por los medios oficiales, incluso los del gobierno regional, como español, y cuyo origen hay que remontarlo a la primitiva Castilla del Norte de Burgos, Cantabria o La Rioja. Consecuencia directa de esta degradación colectiva es la constitución de una sociedad acomodada y de bajas exigencias, pesimista ante el futuro y resignada. Una sociedad que ha sido pasto fácil de las políticas conservadoras y donde cualquier atisbo de libertad ha sido rápidamente aplastado. El advenimiento democrático no ha cambiado el panorama y la creación de una autonomía de Castilla y León a espaldas del pueblo, ha conducido a un bajo grado de identificación con los problemas de nuestra comunidad. La polémica constitución de Castilla y León, de la que se desgajaron Santander y Logroño, separada de Madrid y la Castilla Sur, de la que a punto estuvieron de no entrar León y Segovia, es el mejor ejemplo de división de un pueblo en pequeñas autonomías sin peso político, fáciles de gobernar, auténticos trampolines que han sido utilizados por los políticos tanto de la izquierda como de la derecha, para escalar puestos en sus cúpulas nacionales.
La ausencia de política hecha por los castellanos y por castellanos ha tenido como consecuencia nuestra sumisión al gobierno central en todo el periodo democrático. El dominio de las mafias locales, atrincheradas en pequeñas oligarquías han copado el poder local o provincial, sin ningún deseo de cambio. Castilla y León, como el resto de las autonomías castellanas han sido la víctima propicia de un sistema injusto. Injusto en lo político, pues se nos niega nuestra condición de nacionalidad histórica, siendo la nación base de la España plurinacional, se nos condena a ser región de bajo techo competencial, si bien existe un proceso de transferencias en marcha que en los próximos diez años nos equiparará teóricamente, se nos discrimina económicamente en las grandes i
