Ya entonces, y hablo de mediados de los ochenta, nos daban reparo los partidos políticos, a quienes con la ingenuidad e intuición que se poseen a los veinte años, veíamos como un elemento institucional más del sistema, en lugar de instrumentos para la participación de la ciudadanía en la democracia. Por ello, denominábamos a nuestra Tierra Comunera (TC) como movimiento político-social, instrumento político del castellanismo, y otros eufemismos que nos hacían sentirnos más cómodos, sobre todo con nosotros mismos, aunque finalmente pasamos por el Registro, al objeto de inscribir a esta organización como partido político, requisito esencial para poder concurrir a las elecciones y desarrollar de forma más sencilla acciones de difusión, reunión, manifestación y comunicación, con el marco legal actualmente vigente.
Mi experiencia de casi treinta años de militancia en un pequeño partido político, que agrupa a unos pocos centenares de personas, es la de tanta otra gente que ha dedicado gran parte de su vida, de su tiempo, de su ilusión y de su dinero a una causa en la que creen firmemente, sea colaborando en un grupo parroquial o en una entidad ecologista, asociándose activamente en una ONG o ayudando en un colectivo de personas desfavorecidas, implicándose en grupo cultural o echando siempre una mano en las cosas del barrio o del pueblo; unas veces arrinconando sus expectativas de promoción profesional, y otras aparcando sus aficiones o su vida familiar, para un futuro, al que cuesta llegar.
No creo que los partidos políticos deban tener ni la exclusividad ni el monopolio de la acción política y social, que a mi juicio debe radicar en la sociedad civil, en la ciudadanía, en las plataformas y colectivos cívicos. Pero creo que pueden ser instrumentos útiles para la sociedad, para el debate político, para “como dice el artículo 6 de la Constitución Española-, “expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política”. Y lo que es clave, garantizando, como también expresa la Carta Magna, que “su creación y el ejercicio de su actividad sean libres” y que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Algo que desgraciadamente hoy no se cumple, como en tantos otros bienintencionados artículos de la Constitución.
Mi experiencia es la de gente que aprovecha horas libres y fines de semana para “hacer campaña”, pagándose a escote la gasolina y el bocadillo, de personas que escuchan las quejas de los ciudadanos “a deshoras y en el rincón geográfico más remoto- y que tienen que dar la cara cuando hay que hacer públicas sus denuncias, de militantes que cuando llega el pago del alquiler de la sede, el recibo de la luz o la factura del procurador ante los tribunales, se rascan el bolsillo, para que “el partido” no deba nada a nadie, de anónimos concejales y alcaldes que lo mismo cambian una bombilla de la plaza, que cortan la hierba de las eras, barren las calles o van a mendigar a la Diputación. Una experiencia dura, una experiencia bonita, la de quienes hemos creído y creemos que nuestras convicciones castellanistas son el mejor instrumento para superar las necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales de nuestra adormecida Castilla.
Creo que la experiencia que comparto con vosotros, a través del partido al que pertenezco, será la de la mayoría de los más de 2000 partidos políticos inscritos en el Registro del Ministerio del Interior. Pero hay otros partidos, pocos, que son los que monopolizan el poder político, la presencia mediática y los obscenos casos de corrupción que nos escandalizan. Partidos donde fluyen los sobres con billetes de 500 euros, con cientos de cargos públicos que llevan años llevándose más de 6000 euros limpios cada mes, y que se garantizan suculentas pensiones de dinero público, que merodean en las adjudicaciones de obras, en las contrataciones de personal, en las resoluciones de los concursos, partidos cuyos líderes tejen telas clientelares para buscar lujosos retiros dorados y que nunca han tenido oficio o beneficio al margen de la política, partidos que han saqueado Cajas de Ahorro, Empresas Públicas, Ayuntamientos y demás instituciones. Partidos Políticos que han ido alejando a la ciudadanía del ámbito de lo público, que han ido restringiendo los cauces de participación ciudadana, que han ido cerrando los instrumentos del control de sus actividades, que expulsan a los críticos, y que premian a los dóciles, que estrechan complicidades y lazos de colaboración con empresarios, banqueros, y todo tipo de sujetos cuya acción se guía de manera exclusiva por el ánimo de lucro.
Democratizar los Partidos Políticos, exige en primer lugar abordar su financiación, auditando externamente la gestión económica en los últimos veinte años de todos aquellos que han recibido dinero público, y destapando la “generosa contribución” de empresas privadas y el desvío irregular de fondos públicos hacia las contabilidades “b” de los partidos y hacia los bolsillos de sus dirigentes. Y obviamente, los partidos implicados en la corrupción masiva, los sospechosos de haber pervertido la democracia en su propio beneficio, no pueden ni protagonizar ni participar en el proceso de regeneración y limpieza que la sociedad, asqueada hasta la náusea, exige.
La financiación de los Partidos Políticos debe estar fundamentalmente en manos de sus propios afiliados y simpatizantes, y no de las generosas dádivas que se reparten (ellos, sus fundaciones afines, sus sindicatos vinculados, sus juventudes, sus asociaciones…) a cuenta de los Presupuestos de todos. Es obsceno que los recursos que obtienen los grandes partidos de sus bases, sea inferior al 10% de todo el dinero (del declarado) que manejan. Y hay que modificar urgente y profundamente la Ley Electoral, para que garantice el principio de representatividad (que todos tengan garantizada su presencia en un ámbito político plural) y la proporcionalidad (que la intensidad de esa representación dependa del apoyo popular), para que las Campañas Electorales no sean un despilfarro de dinero público, mangoneado por los grandes partidos en exclusividad, y pasen a ser un debate serio de ideas y programas, económicamente austero, de todas las opciones que participan en una parte tan importante del proceso democrático como son los comicios electorales.
Así mismo, en mi opinión, los partidos políticos que aspiren a tener un legítimo espacio en el nuevo tiempo que se abre en España tras el colapso del régimen bipartidista que ha monopolizado los últimos treinta y cinco años, deberán garantizar su funcionamiento democrático, su apertura a la sociedad, facilitando mecanismos para que la gente intervenga directamente en la forma de elegir a sus candidatos, fomentando la transparencia (con cuentas públicas, declaraciones de ingresos y bienes de sus responsables y cargos públicos), con códigos éticos que regulen sus comportamientos, con rendición de cuentas sobre sus actuaciones ante la ciudadanía, y con la posibilidad de intervención en su funcionamiento, por parte de organismos públicos de control y de la propia población. Todo un reto para todos, también para nosotros.
(Fuente: http://burgosconecta.es/blogs/latenadadelcomun/2014/10/24/democratizar-los-partidos/#more-108 )
