Los hechos se remontan a Junio de 2012, cuando la hoy candidata a la Alcaldía por el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), Rosario Iñiguez, pone en conocimiento del Consistorio la aparente ilegalidad en la que se está incurriendo al otorgar licencia de obra incumpliendo la normativa municipal vigente.
Ante la indiferencia del Alcalde del PARTIDO POPULAR, Rosario Íñiguez presenta denuncia en Octubre de 2012 contra la edificación y vallado que se están realizando. La obra sigue su construcción, a pesar de la denuncia, sin contemplar una paralización de la misma, ante su, entonces presunta ilegalidad.
El pasado 13 de Abril, en Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Burgos dice, que el suelo donde se procede a construir es un suelo de protección agropecuaria, y la licencia solicitada requiere de autorización excepcional de uso de suelo rústico. La sentencia afirma, como exige la norma, que el promotor no dispone de los 30.000m2 de suelo rústico protegido que se exige. Por lo tanto se considera nula por incumplir las determinaciones de la misma.
También la sentencia considera irregular la altura de la cumbrera, al superar en 3 metros lo expresado en la norma.
“A pesar del incumplimiento de la normativa el Ayuntamiento, en manos del PP, consintió la continuación de las actuaciones”.
El juez interpreta mala fe al condenar a costas a los condenados, el promotor y el Ayuntamiento.
La próxima concejala castellanista en el Ayuntamiento de Quintanilla Vivar intentará que tanto las costas como el derribo de la construcción corran a cargo de las personas que en su día no paralizaron la obra, y que no sea el Ayuntamiento el que ceba correr con los gastos de la irresponsabilidad del actual Alcalde.