No es ningún secreto reconocer el papel secundario que juega Castilla y León en el conjunto de España, fruto de su acceso a la autonomía hace casi venticinco años, mediante un Estatuto mediocre y de segunda pactado por los partidos centralistas mayoritarios. En este tiempo, otras comunidades han crecido, han ganado protagonismo y peso político, han incrementado sus recursos, sus inversiones y sus infraestructuras, en suma: han avanzado y han mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos. Castilla y León no; somos una Comunidad marginada y discriminada, afectada por graves problemas estructurales como el envejecimiento, la despoblación, la crisis del medio rural o las deficientes infraestructuras.
Ahora, aunque sea con veinticinco años de retraso, una nueva oportunidad se presenta para esta tierra; la reforma del Estado de las Autonomías, nos ofrece la ocasión de dotarnos de un nuevo Estatuto, moderno, avanzado, ambicioso, que nos sitúe en el pelotón de cabeza de las Comunidades, y que nos permita resolver los problemas específicos que tiene Castilla y León. Sin embargo, da la impresión que nuestros responsables políticos, Herrera y Villalba, el PP y el PSOE de Castilla y León, van a volver a pactar una modificación estatutaria de mínimos, raquítica y alicorta, que nos deje donde estamos, que nos relegue como en 1983, al pelotón de los torpes. Ni Herrera ni Villalba creen en esta tierra ni en sus gentes, y se encuentran más cómodos aceptando un papel subordinado y marginal en el conjunto de España, convirtiendo a esta Comunidad en un escenario más de la batalla que a nivel estatal libran Rajoy y Zapatero.
Sin embargo, desde TIERRA COMUNERA (TC) estimamos que no podemos desaprovechar esta nueva oportunidad que se nos presenta, y que pasa por convertir a Castilla y León en una comunidad de primera, reconociendo su definición como Nacionalidad Histórica, heredera de una gran nación como lo fue la Corona de Castilla, y apostando por vertebrar definitivamente esta Comunidad, a través de la Comarcalización, de la descentralización administrativa, de la creación de unos medios de comunicación públicos, veraces e independientes, y de dar voz y voto a los ciudadanos en la ratificación mediante referéndum del nuevo Estatuto de Castilla y León.
El nuevo Estatuto de Castilla y León no debe ser un documento legal intrascendente más, sino que debería convertirse en un instrumento clave para dotarnos de políticas propias para resolver problemas específicos como la despoblación, el envejecimiento, la ausencia de empleos cualificados para la juventud, la crisis del medio rural, el freno a la implantación de una industria de transformación propia o la incapacidad de desarrollar alternativas endógenas de puesta en valor de nuestro patrimonio natural, cultural, histórico y artístico. Ello exige el incremento de nuestro autogobierno, resolver de forma justa la polémica financiación de las autonomías, gestionar nuestros recursos, especialmente el agua, percibir la deuda histórica que el Estado tiene con nuestra tierra, y articular un modelo de desarrollo moderno y sostenible, que nos dé el protagonismo que nos corresponde a los castellanos en España y Europa.
No permitamos otra vez que la clase política mayoritaria de Castilla y León vuelva a sacrificar nuestros intereses y nuestras expectativas, y reclamemos nuestro derecho a no ser menos que nadie, y a que esta Comunidad y sus gentes salgan de la marginación y la discriminación a la que hemos estados condenados durante décadas.
