Tras tener paralizada, por espacio de más de un año, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, los dos grandes partidos de esta Comunidad, PP y PSOE. han pactado rápidamente y en silencio, una reforma de mínimos, tímida y mojigata, que dejará las cosas como están, con Castilla y León en el furgón de cola de las Comunidades Autónomas.
Desde la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC), creemos que el proceso de Reforma del Estado de las Autonomías, debiera haber sido una oportunidad única para superar 25 años perdidos por esta Comunidad, para superar 25 años de marginación y discriminación. Para ello habría que haber apostado por un Estatuto de Autonomía ambicioso, que llevara a Castilla y León «al pelotón de cabeza» de las comunidades autónomas, que no permitiera que esta tierra siga siendo una comunidad de tercera, sin peso político ni económico, ni en España ni en Europa. Castilla y León necesita un nuevo Estatuto de Autonomía, que no sea un mero documento jurídico, sino que de respuestas a los problemas que la sociedad y los ciudadanos de esta Comunidad tienen planteados.
La propuesta de reforma del Estatuto de Castilla y León que desea TIERRA COMUNERA (TC) define a la Comunidad como «nacionalidad histórica», un término reconocido hace tiempo en otras autonomías y al que llegamos con 25 años de retraso a juicio de los castellanistas; una denominación como nacionalidad histórica coherente con la realidad histórica e identitaria de esta Comunidad, parte y heredera de una vieja y milenaria nación, la Corona de Castilla, que debe tener su continuación, mediante la creación, como institución propia, del Consejo de las Comunidades Castellanas, como ámbito de cooperación entre las cinco comunidades de raíz o tronco castellano.
Los castellanistas creemos que el nuevo Estatuto debe apostar por la vertebración de la Comunidad a través de la Comarcalización, de la Descentralización Administrativa, de unos medios de comunicación de titularidad pública, fuertes, objetivos e independientes, y mediante la ratificación del texto estatutario en referéndum, puesto que los ciudadanos de esta tierra tienen el mismo derecho que catalanes, andaluces o gallegos para expresar libremente su opinión sobre su máxima norma jurídica. Los castellanistas definimos como valores esenciales de nuestra Comunidad, la lengua castellana, el Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural, al tiempo que proponemos un amplio capítulo de derechos y libertades cívicas, para el nuevo Estatuto, concretando entre otros los derechos de los mayores, de los discapacitados, de las minorías, y de las familias, además de articular el derecho a un desarrollo sostenible y a una renta básica ciudadana.
Un nuevo Estatuto supone para TIERRA COMUNERA (TC) profundizar en el autogobierno de la Comunidad, para prestar mejores servicios a los ciudadanos y para coordinar la gestión de las competencias en sintonía con las administraciones central y locales. Castilla y León necesita hasta 40 nuevas competencias, entre las cuales destacaríamos la gestión integral de las aguas superficiales y subterráneas, la transferencia de los museos, archivos y centros de investigación gestionados por el Estado, la competencia plena en infraestructuras, la participación de la Comunidad en los asuntos europeos que la afecten, o la creación de un Consejo autonómico del Poder Judicial; así mismo parece imprescindible, si no queremos ser nuevamente discriminados, acogernos a la denominada Cláusula Camps, que nos garantice la posibilidad de asumir aquellas competencias que otras regiones asuman en sus respectivos procesos de reformas estatutarias.
Hablar de autogobierno, es hablar de financiación, algo clave en una Comunidad que a lo largo de más de cien años se ha desangrado en el proceso de creación de España, y que como premio ha recibido el expolio de sus recursos naturales y de sus materias primas, y que ha padecido el éxodo humano más feroz, que ha dejado nuestros pueblos vacíos y envejecidos. TIERRA COMUNERA (TC) apuesta por una financiación que garantice unos estándares de calidad comunes en la prestación de los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, etc…) para todos los ciudadanos, con independencia de si viven en Gerona, Vitoria o Medina de Ríoseco; la financiación autonómica debe tener en cuenta las particuliaridades de nuestra comunidad, esas que ni Herrera ni Villalba han sabido poner sobre la mesa del Debate de Reforma Autonómica, considerando por tanto el encarecimiento de la prestación de servicios que conlleva el envejecimiento poblacional, la dispersión de los núcleos de población, la despoblación, la extensión territorial o el déficit histórico en infraestructuras, asumiendo por supuesto la devolución de la Deuda Histórica del Estado Central con esta Comunidad.
En suma, desde TIERRA COMUNERA (TC) entendemos que las gentes y las tierras de Castilla y León, no pueden desaprovechar esta oportunidad histórica de sentarnos a la mesa de las Comunidades Autónomas que a lo largo de los 25 años de Estado Autonómico se han beneficiado de numerosos beneficios y ventajas, no podemos quedarnos nuevamente atrás. Los castellanos no volverán a perdonar a una clase política, que no tenga el coraje de superar el error cometido a principios de los ochenta, donde se condenó a esta comunidad al atraso y a la marginación.
Luis Marcos,Secretario General de TIERRA COMUNERA (TC).
