Los castellanistas burgaleses recuerdan que el tejido territorial de la extensa provincia de Burgos (más de 14.000 kilómetros cuadrados; el doble del País Vasco), se basa en un modelo poblacional con múltiples núcleos dispersos, contando con 371 municipios, de los cuales todos menos cinco (Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Briviesca y Medina de Pomar) tienen una población inferior a 5.000 habitantes y el 93% de todos los municipios provinciales cuentan con menos de 1000 habitantes. Además se completa el panorama local, con la existencia de 652 Entidades Locales Menores, y un conjunto de otros 300 núcleos rurales diseminados, sin carácter administrativo alguno. Todo ello en un territorio con una población menguante, así la provincia perdió casi 5.000 habitantes en 2013 (más los jóvenes exiliados que no se han dado de baja del censo), y en el medio rural burgalés (municipios de menos de 20.000 habitantes), que en 1950 reunía 350.000 pobladores, hoy apenas cuenta con 90.000 pobladores, algo agudizado en los pequeños municipios de menos de 1000 habitantes y en las entidades locales menores, que han perdido en una década el 25% de sus habitantes y han elevado escandalosamente la edad media de su población, siendo la edad media de sus habitantes, los sesenta años.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se acusa directamente a las Administraciones públicas de desarrollar políticas ineficaces, que agudizan el problema de la despoblación y el envejecimiento en el medio rural burgalés. Así, la promulgación por parte del Estado Central de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que recorta la autonomía local y amenaza la pervivencia de las Pedanías y Pequeños Municipios, la Gestión de la Diputación Provincial de Burgos, que de sus 110 millones de euros de presupuesto para 2014, apenas consigue que 20 millones lleguen directamente a los municipios (un 18% del total), excluyendo sistemáticamente a las localidades más pequeñas, o la Gestión de la Junta de Castilla y León, que con una legislación burocrática, lenta y alejada de la realidad, como la Ley de Ordenación del Territorio, ineficaces Planes y Agendas contra la Despoblación y un desconocimiento profundo de lo que ocurre en el tejido rural, es incapaz de dar un cambio de rumbo a la conversión del 90% del territorio de la Comunidad en un desierto demográfico.
Así, los castellanistas consideran que el modelo conceptual del PP para el territorio burgalés pasa por la desaparición de núcleos poblacionales y localidades diseminados (ayuntamientos pequeños y entidades locales menores), buscando una “simplificación administrativa” que será un colapso demográfico, ya que la desaparición de sus órganos democráticos de gestión (Ayuntamientos y Juntas Vecinales), la enajenación de sus patrimonios (propiedades públicas y comunales, ingresos propios por cotos y otros conceptos,…) privará a las pequeñas localidades de su autonomía local, de su personalidad jurídica y de su capacidad de intervenir en sus propio futuro, además de humillar su dignidad e identidad colectiva, y de favorecer la extensión de empresas vinculadas a las administraciones y sus políticos, que prestarán peores servicios y más caros.
En esta línea el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) acusa de fracaso al Plan de Actuaciones para regularizar las contabilidades en Entidades Locales Menores Burgalesas establecido por la Diputación Provincial, ya que solo el 20% de las mismas han presentado sus cuentas ante el Consejo de Cuentas lo que las amenaza de desaparición a fecha de 31 de Diciembre, en torno a 40 de 652 (el 6%) han firmado los Convenio con Diputación Provincial para el Asesoramiento en la realización de sus contabilidades (con un programa alejado a la realidad rural, pues reclama continuamente mucha documentación que los alcaldes pedáneos son incapaces de generar. Los castellanistas acusan a la Diputación de Burgos que dejará de gastar la mayor parte de los casi 300.000 euros proporcionados por la Junta de Castilla y León a este fin. También la Diputación Provincial ha excluido a pequeños municipios y entidades locales menores de las Ayudas del Plan de Empleo para 2014, y otras subvenciones y programas, concentrando en los municipios cabeceras de comarca estas ayudas.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama un cambio de rumbo en las políticas rurales en la provincia de Burgos, con una defensa real del Medio Rural, potenciando los recursos endógenos que alberga el campo castellano, frenando la despoblación y el envejecimiento y potenciando la identidad rural y castellana de nuestros pueblos, rechazando las políticas de recortes brutales que reduce las prestaciones sanitarias, educativas, sociales y de transportes en nuestros pueblos y comarcas. En opinión de los castellanistas, «se debe apostar por un Medio Rural vivo donde se pueda vivir con dignidad, se puedan desarrollar iniciativas de desarrollo sostenible que puedan crear empleos acordes con las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro territorio.
Los castellanistas urgen una moratoria en la aplicación de la Ley de Sostenibilidad en el Medio Rural, que impida la desaparición masiva de las Entidades Locales Menores en tres meses, la asignación de técnicos por parte de la Diputación y la Junta que realicen las labores de confección presupuestaria y de puesta al día de sus contabilidades, la elaboración de una Ley de Pedanías que defina sus derechos y deberes, aclarando en el ámbito legislativo sus competencias y sus relaciones con los municipios a los que pertenecen. También desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se urge una Ley de Gestión Administrativa Local que establezca procedimientos abreviados y simplificados para las pequeñas localidades, que les permita superar con éxito la maraña burocrática que les asfixia, y la garantía de los Patrimonios Comunales, de su excepcionalidad y de su valor como activos creadores de empleo y riqueza en las pequeñas localidades rurales del campo burgalés.
