El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ante la reciente aprobación por parte del PP de la Reforma Local, a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que entre otros aspectos refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales, debilita el municipalismo y concentra en las corporaciones provinciales la prestación de numerosos servicios, que hasta ahora desempeñaban los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes, reclama una profunda transformación de las Diputaciones Provinciales, que avance en su democratización, en su control por parte de los municipios y que erradique su tradicional instrumentalización partidista y caciquil.
Así los castellanistas estiman que la estructura actual de las Diputaciones Provinciales no está a la altura del potenciamiento que le confiere la nueva ley. Así, los castellanistas recuerdan que las Diputaciones son hoy una institución con fuertes déficits democráticos, siendo sus diputados provinciales elegidos de manera indirecta, en procesos de dudosa transparencia, sin pasar por la exigencia básica de someterse al voto directo de los electores. Por ello, como denuncia el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), las Diputaciones Provinciales han sido a lo largo de sus más de 150 años de historia, instituciones claves en el control y dominación caciquil del medio rural castellano, al tiempo que instrumentos clientelares para favorecer determinadas servidumbres políticas, nidos de corrupción política, familiar y económica, además de administraciones ineficientes, que en la actualidad dedican menos del 15% de su presupuesto a inversiones reales, y menos del 25% de su gasto total llega de manera finalista a los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes, su auténtica razón de ser. A juicio de los castellanistas, otro efecto del profundo déficit democrático de las Diputaciones, es que un alto número de sus cargos procede de localidades donde no tienen competencias, por ser municipios superiores a los 20.000 habitantes. Un ejemplo claro de este desatino es la Diputación Provincial de Burgos, donde los portavoces de los tres grupos políticos representados y su presidente, y un buen número de diputados provinciales pertenece a Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, localidades donde además se concentran la mayor parte de las inversiones de la Corporación Provincial.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), se urge a la votación directa por parte de los electores de los Diputados Provinciales (como ya ocurre desde hace 35 años en las tres diputaciones del País Vasco), a la aprobación de un código de buenas conductas para el ejercicio de los responsables políticos en estas instituciones, y al diseño de prácticas de transparencia y de participación ciudadana en las opacas actividades de las diputaciones.
Así mismo, ante el articulado de la nueva Ley de Administración Local, que sustrae a los Ayuntamientos competencias hasta ahora municipales como la prestación de servicios de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de aguas, pavimentación de vías urbanas, accesos, etc… los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) temen que este sea un nuevo instrumento del Partido Popular para privatizar servicios públicos esenciales, caldo de cultivo para que las empresas de los amigos del partido del gobierno hagan su agosto, mediante concesiones dirigidas digitalmente, proporcionando a los ciudadanos del mundo rural unos servicios de peor calidad, mucho más lentos, y más caros. Ante este riesgo los castellanistas reclaman que sean Sociedades Mercantiles de Titularidad Pública quienes se hagan responsables de la prestación de estos servicios, y que dentro de los órganos de gobierno de estas entidades públicas estén representantes de los Ayuntamientos y de las Mancomunidades.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), que siempre ha rechazado la Ley Local aprobada por el PP, al considerar que debilita el municipalismo, aleja la gestión de los ciudadanos, amenaza a las entidades locales menores y acelerará la despoblación y el envejecimiento de nuestros pueblos, considera que el único futuro viable y digno para el Medio Rural Castellano pasa por fortalecer a las Mancomunidades Comarcales y a los Municipios y por desarrollar políticas integrales de desarrollo sostenible rural que creen actividad económica y empleo, junto a la prestación de servicios públicos de calidad en el ámbito del transporte, las comunicaciones, la educación, la sanidad, los servicios sociales y las nuevas tecnologías.
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