El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) presentó en Marzo ante el Juzgado una denuncia por la presunta comisión de varios delitos mediante las irregularidades desarrolladas por el Ayuntamiento de Burgos, en el periodo 2003-2013 en que Santiago González Braceras actúo como concejal responsable de Obras del equipo de gobierno del PP en el consistorio burgalés.
Los castellanistas burgaleses consideran que esta imputación «se sostiene en serios indicios de delito por las actuaciones del, ya exconcejal». Después de la declaración de González Braceras ante la juez, ésta ha solicitado diferente documentación al Ayuntamiento de Burgos para poder confirmar los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa y tráfico de influencias. Así, el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha dictado una providencia solicitando al Ayto de Burgos que remita documentación referente al Expediente de adjudicación a URBALUX del servicio de alumbrado público, así como de si el Sr. Braceras participó en la deliberación, votación y adjudicación, acompañado de informe de la Secretaría General, así como documentación sobre las Comisiones de Hacienda celebradas entre 2005 y 2007 en que se aprueban las revisiones de precios e incrementos de partidas para material. El Juzgado también reclama a URBALUX documentación relativa a cualquier subcontratación con la empresa GOPASA, vinculada familiarmente con González Braceras. Finalmente, la magistrada responsable de la instrucción solicita a las empresas Cierres Metálicos y Decoraciones Ballesteros que certifiquen si en relación con Parkmusa para las Obras en el MEH subcontrataron con GOPASA, acompañando en caso afirmativo copia del contrato y facturación.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Burgos) solicita celeridad al Consistorio burgalés para que aporte la documentación requerida en lo referente al uso irregular de vehículos oficiales del Ayuntamiento para asuntos particulares, la desaparición del libro de registros que incluía la relación de usuarios y destinos de estos vehículos, la subcontratación de empresas vinculadas a familiares por parte de otras que recibían contratos de la concejalía que dirigía González Braceras, su intervención en las comisiones y órganos que decidieron aprobar esos contratos, la realización de obras por cauces no estipulados en la ley y el presunto uso de información privilegiada para la adquisición de bienes inmuebles y su posterior enajenación. A juicio de los castellanistas, «este es el primer paso para que el poder judicial investigue, a fondo, las numerosas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Burgos, bajo el protagonismo del dimitido concejal González Braceras».
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), estima que la justicia debe investigar a fondo estos hechos, donde pueden concurrir los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y prevaricación. Según los castellanistas, la ola de casos de corrupción que azota a toda España y a muchas de sus instituciones públicas (Casos Gürtel, Saqueo de Cajas, Pokémon, ERE’s, ITV’s, Urdangarín, etc…) han generado una alarma social y un rechazo ciudadano, que solo puede ser mitigado por una decidida actuación de la administración de Justicia, que garantice que no exista impunidad, y que todos los responsables responden. Los castellanistas burgaleses consideran además que los hechos considerados, que se desarrollan desde 2003 hasta 2013 no pueden ser responsabilidad exclusiva del exconcejal González Braceras, y que su comisión implica la participación, sea activa o pasiva, de otros ediles del PP en el Ayuntamiento de Burgos, así como la tolerancia o complicidad de algunos de los máximos responsables del consistorio.
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