La agrupación local de Cuenca del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) alerta y denuncia públicamente que en el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Segura, elaborado por la Confederación Hidrográfica que actualmente preside Miguel Ángel Ródenas, se plantea expresamente una amnistía o ley de punto final para cientos de regadíos ilegales de numerosas localidades de Murcia y Alicante principalmente, lo que supondrá premiar al tramposo y validar como método para conseguir objetivos políticos y económicos los hechos consumados al margen de la ley. De hecho, el único requisito que se contempla en el borrador para legalizar lo ilegal, es precisamente haber estado en situación de ilegalidad un número elevado de años pues se aplicará la amnistía «a todos aquellos regadíos ilegales que puedan acreditar su existencia con anterioridad al anterior plan de 1998». La ilegalidad veterana convertida en mérito.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Cuenca) alertar que dicho documento plantea abiertamente la legalización como objetivo explícito, lo que elevaría las exigencias de trasvases de agua «desde donde sea» y limitaría, aún más, los usos futuros de la misma en tierras castellanas, donde los planes de nuevos regadíos (en La Manchuela conquense y albacetense básicamente), duermen el sueño de los justos en un cajón ministerial desde hace décadas gracias al que fuera ministro socialista de Agricultura en tiempos de Felipe González (PSOE), el valenciano Vicente Albero, sin que nadie contemple su puesta en funcionamiento pese a que en su día fueron declarados de interés general por el Estado.
El nuevo plan de cuenca del Segura está en fase de información pública desde principios de junio, situación que durará seis meses. En el artículo tercero de la Normativa del Plan (capítulo 1, página 10) se dice que esas zonas de cultivo «se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos» si prueban que funcionan desde antes de la entrada en vigor del plan de 1998.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS-Cuenca) recuerda que las nuevas concesiones de agua para regadío quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 de 30 de diciembre que siguió a la Ley de Aguas que entró en vigor el 1 de enero de 1986. El motivo de cerrar el grifo era no sólo la oficialmente declarada escasez de agua en la cuenca del Segura, sino también para justificar «la solución» del trasvase desde la cabecera del Tajo, que funcionaba desde 1980, y que desde entonces ha sido convertida en la práctica en el «Alto Segura».
Sin embargo, y aunque la normativa lo impedía, se siguieron ampliando regadíos y perforando pozos ilegales antes y después de la entrada en vigor del plan de cuenca del Segura de 1998, a pesar de que este mantuvo la prohibición de nuevos regadíos de aquel decreto. Contrasta que mientras en Cuenca y Albacete (básicamente cuencas del Tajo y del Júcar) las multas por perforar nuevos pozos eran de órdago (hasta 5 millones de pesetas de la época por 500 litros extraídos en los años 80) y se perseguía con saña regadíos ilegales, en la periferia (cuencas del Júcar y del Segura) se cometían las mismas infracciones de forma masiva y tolerada. A juicio de los castellanistas «eso ahora tiene premio y constituye una auténtica humillación y un insulto hacia los castellanos que sí cumplieron e incluso creemos que puede ser delictivo».
Los castellanistas queremos recordar que en el año 2000, fueron los sindicatos regionales murcianos, tanto CCOO como UGT, quienes plantearon al consejero de Agricultura de Murcia, el popular Antonio Cerdá (todavía en el cargo), la necesidad de una ley de punto final para los regadíos ilegales. En aquella época, el director general del Agua en la Consejería murciana era el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, que pasó a este cargo tras la victoria electoral de Mariano Rajoy (PP). Como puede deducirse, mientras murcianos y valencianos mangonean continuamente a su favor las Confederaciones del Segura y del Júcar con total descaro pese a que son administraciones no transferidas a las CCAA, los castellanos pasamos la mano por la pared una y otra vez sin que nadie, desde Castilla o desde la administración central, ponga remedio a esta lamentable e injusta situación cuyas consecuencias económicas son devastadoras para el interior.
La petición de los sindicatos murcianos fue acogida con interés por el Gobierno murciano, según reflejó la prensa de la época, pero no se pudo llevar a cabo porque habría sido necesario cambiar injustificadamente el plan apenas dos años después de su entrada en vigor (lo que demuestra que fue premeditadamente tolerada) y cuando el foco ya estaba puesto sobre los caudales del trasvase Tajo-Segura por las dudas existentes sobre su correcta utilización. Hoy, en cambio, sí se quiere llevar ya a cabo y con todos los parabienes de legalidad.
Con el boom inmobiliario vivido en amplias zonas de la costa mediterránea durante una larga década, los usos ilegales del agua de regadío aumentaron exponencialmente para favorecer y abastecer las nuevas construcciones de viviendas y campos de golf (muchas también ilegales), y aumentar la superficie agrícola productiva sin ningún control efectivo real. Consecuentemente, el fiscal estatal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, inició investigaciones y procedimientos judiciales en la cuenca del Segura contra una treintena de grandes empresas y comunidades de regantes por cambiar los usos del agua, comerciar ilícitamente con ella y abrir nuevos pozos sin autorización. Estas prácticas habían quedado expresamente prohibidas en real decreto-ley 3/86.
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