Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se denuncia la presunta concesión de varias licencias urbanísticas, tanto en el núcleo de Sotopalacios como en otras localidades de la Merindad, incumpliendo las Normas de Ordenación Urbanas vigentes en cada momento, así como la contratación de diversas obras por importes supuestamente superiores a su coste real.
Los castellanistas también denuncian el incumplimiento sistemático, en materia de contrataciones de empleados públicos que realiza el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pretendiendo además su incorporación irregular a la Plantilla de Personal del propio Ayuntamiento, y favoreciéndose a personas que mantienen relación personal, familiar o política con responsables del Partido Popular.
También se encuentran afectados por estas irregularidades, una persona, contratada como personal de confianza del Ayuntamiento e hijo del senador del PP por Burgos, D. Alfredo González. El Sr. Alcalde incumplió nuevamente la Ley cuando en las elecciones del 2011 dicho personal no causó baja como es preceptivo permaneciendo en su puesto hasta la actualidad ni se informó al Pleno sobre continuidad. Es preciso recordar que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece que “los municipios de población entre 2000 y 5000 habitantes podrán excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación exclusiva”. Se incumple por tanto la Ley aprobada durante esta legislatura por el PP. El Alcalde no tiene dedicación exclusiva pero tiene asignadas 37 horas semanales con un sueldo de 34.142 euros brutos anuales).
Esta situación de copar los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Río Ubierna con personas afines al Partido Popular, y a un incremento innecesario del número de empleados para las dimensiones de este municipio ha llevado a tener un total de 16 personas contratadas (para una población de 1400 habitantes) más la contratación de servicios jurídicos y de asistencia externa. Así, el Coste de Personal en la Merindad de Río Ubierna ha pasado de unos 220.000 euros en 2007 (cuando el Presupuesto Municipal era de más de dos millones de euros) a cifras entre 480.000 y 502.000 euros anuales, sobre un presupuesto total de 1.200.000 euros aproximadamente, cantidades a las que es preciso añadir los costes de personal por asistencia técnica (informes jurídicos, asesoría legal, procuraduría ante tribunales, servicios de arquitectura, etc…) que se elevan a unos 60.000 euros anuales de media.
La Plantilla está formada por: Secretaria, Vicesecretario, oficial administrativo, auxiliar administrativo, Oficial Administrativo-fijo, Personal de Confianza, Agente de Empleo, Nuevos Yacimiento de empleo, Sr. Arquitecto más el Sr. Alcalde con sueldo desproporcionado (34.144 €). Total 10 personas dedicadas al Ayuntamiento para realizar distintos trabajos burocráticos (1.400 habitantes) más otras cuatro mínimo para la Guardería (24 niños media 2013) y otros dos para la Ludoteca, con un coste próximo a la mitad del presupuesto. No se reduce el gasto porque la gran mayoría tienen relación de amistad con algún miembro de la Corporación o del partido, Los demás son funcionarios de carrera cuyo sueldo está establecido.
Así mismo, es preciso recordar que la Secretaria del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, Dolores Calleja, es así mismo Concejala de Licencias y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, estando afectada en un caso de presunta aprobación de una licencia ilegal en el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna (Burgos), como consecuencia de la aprobación de una licencia de obras al margen de las normas subsidiarias, para la construcción de 11 viviendas en la localidad de Villaverde Peñahorada, actuación actualmente bajo investigación judicial, y que por actuaciones manifiestamente negligentes ha generado un enorme perjuicio a muchos ciudadanos y un coste al Ayuntamiento probablemente superior a los 1.700.000 euros. Los castellanistas consideran que estos hechos, y la responsabilidad directa que en los mismos tiene Doña Dolores Calleja, la inhabilita para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda, que agrupa las áreas de Servicios y de Obras del consistorio burgalés, habiendo reclamado al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, su cese, sin éxito.
Por otro lado los servicios de asistencia jurídica los realiza el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna con el letrado, Ignacio Ariznavarreta, exsenador del PP, Director General de Comunicación de la Junta de Castilla y León y ViceConsejero de Empleo en el gobierno regional del PP, llevando además los trabajos de actuación de procuraduría ante los tribunales del Ayuntamiento, a cargo de la Procuradora María José Martínez Amigo…. esposa del anterior.
Otro de los asuntos en que la gestión del Equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna es nefasta, se refiere a las Viviendas Ilegales de Villaverde-Peñahorada. En 2005, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna otorgó una licencia de obras para la construcción de 11 viviendas en la localidad de Villaverde Peñahorada, de manera fehacientemente contraria a las nuevas normas subsidiarias de la localidad, y en particular, de las nuevas disposiciones relativas al retranqueo obligado de las construcciones a las vías interurbanas, de tal forma que el proyecto de construcción para el que se concedió licencia era inviable. Posteriormente dicha licencia de obras fue anulada en sentencia de Abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos número 2, y ratificada por sentencia de Marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Doña Dolores Calleja, Secretaria del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna en aquellas fechas (2005-2007) y en la actualidad, era por tanto la máxima responsable administrativa de la tramitación del expediente de la mencionada licencia de obras, y a pesar de sus competencias y obligaciones, no obra en los correspondientes expedientes, informe jurídico o asesorativo alguno por parte de la Secretaría del Ayuntamiento que advirtiera sobre la inviabilidad de la concesión de las citadas licencias, posteriormente anuladas, creando con ello un daño económico y social tremendo a los ciudadanos de la Merindad de Río Ubierna, que dista mucho de estar resuelto.
Y es que como pone en evidencia el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), las 11 viviendas de Villaverde Peñahorada finalmente fueron construidas con una licencia ilegal, que fue anulada judicialmente, con la obligación de retrotraer las actuaciones urbanísticas a su situación inicial; es decir obligando a proceder al derribo de las 11 viviendas ilegalmente construidas. Las viviendas a fecha de Noviembre de 2014 aún no han sido demolidas, pero existe un acuerdo del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna con la empresa constructora, Redebur, para proceder a indemnizarla por un importe total de 1.300.000 euros por todos los conceptos, de los cuales ya ha percibido 500.000 euros, más otro compromiso inminente de pagos (que puede ya haberse efectuado, a raíz de sentencia judicial) de unos 300.000 euros por el mismo asunto.
Si tenemos en cuenta no solo los 1.300.000 euros de la indemnización, sino también los en torno a 400.000 euros que el Ayuntamiento ha gastado además en este caso, en procedimientos judiciales, informes jurídicos y técnicos, peritajes, etc… la negligente actuación del gobierno del PP y de la Secretaria Municipal de la Merindad de Río Ubierna, le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos de este municipio la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino.
El Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna inició en 2010 un Expediente de Responsabilidad Patrimonial contra los corporativos que aprobaron la licencia de obras ilegal y los técnicos municipales responsables de esta decisión, incluida la Secretaría Municipal Dolores Calleja, en la actualidad en suspenso, al presentarse denuncia judicial en 2012 por los hechos descritos, por si fuesen constitutivos de delito, que están en la actualidad siendo objeto de instrucción judicial. Desde julio de 2012, al día de la fecha, noviembre de 2014, la fase de instrucción no ha terminado, puesto que después de sucesivos aplazamientos, aún no se ha tomado declaración a parte de los denunciados.
Para finalizar, desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), se considera que la negligente y partidista acción municipal del PP en el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna puede ser considerada como una Agencia de Colocación a dedo de “amiguetes del PP”, a costa de un Saqueo continuado y premeditado de las Arcas Municipales, dejando a los vecinos de la Merindad de Río Ubierna, un Ayuntamiento incurso en numerosas reclamaciones judiciales, con obras pagadas de manera sobrevalorada y con una deuda real que hipotecará las cuentas municipales durante muchos años. Así, a la deuda reconocida, de unos 120.000 euros, deberán asumirse las cantidades a aportar para la realización de las obras de saneamiento de aguas residuales en 2015, por unos 90.000 euros, más la deuda viva de las viviendas de Villaverde, intereses, indemnizaciones y gastos de informes y abogados, puede llegar a cerca de 450.000 euros. Es de destacar que cuando el PP se hace con el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, existía una liquidez cercana al millón de euros.
Tal es el grado de despilfarro y mala gestión económica del Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, que si sumamos gastos de telefonía móvil a disposición del equipo de gobierno, gastos protocolarios, publicidad y propaganda (a mayor gloria del equipo de gobierno del PP, gastos en informes jurídicos y asesoría, estudios e informes técnicos, etc… todos ellos de muy dudosa necesidad y justificación, se alcanzan cifras de 113.000 euros en 2010, 114.000 euros en 2011 o 74.000 euros en 2012.
Aún habiendo realizado la corporación Municipal anterior a 2007, actuaciones en el asunto de las viviendas de Villaverde, irregulares y contrarias a los intereses del Ayuntamiento, desde su toma de posesión. El alcalde Raúl Martín Bellostas en 2007, no hizo nada ni para paralizar la construcción de las viviendas, ni para impedir la concesión de licencia de primera ocupación y fin de obra, ni para frenar la sangría económica que su evolución está suponiendo para el Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna.
