Según la formación castellanista, dentro de una gran opacidad y ausencia de información pública veraz, la concesión ha supuesto un sobrecoste debido a modificaciones injustificadas, un aumento de las listas de espera, una reducción de personal sanitario y de servicios y una disminución de prestaciones sanitarias, contrario al interés general y a la esencia que debe caracterizar al servicio público de Salud.
Los modificados en obras y equipamientos sobre el proyecto inicial, se realizan sin justificación y sin autorización de la administración, y en algunos casos incluyendo nuevas necesidades que ya estaban incluidas en el proyecto original (helipuerto, conexión con el Divino Valles, ampliación de camas y espacios innecesarios, pues el hospital funciona con menos del 75% de las camas disponibles,…). Modificados en el proyecto inicial que han elevado de manera desorbitada el coste previsto. El cuarto modificado, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León el 26 de diciembre de 2014, supuso un incremento de costes de 218 millones de euros. Incluso una Sociedad Pública de la Junta de Castilla y León solicitó un crédito al Banco Europeo de Inversiones, por 128 millones de euros, avalado por la Junta de Castilla y León, para aliviar las necesidades de financiación de la concesionaria en la construcción del HUBU.
El presupuesto de construcción del HUBU era de 242 millones de euros; finalmente supuso más del doble: 528 millones de euros. Los modificados, sobrecostes, beneficios de la concesionaria, servicios que se pagan dos veces, incremento desmesurado del canon, etc…implicará que los burgaleses pagarán en 30 años, por la construcción y concesión del HUBU más de 3500 millones de euros.
El contrato de concesión del HUBU obligaba a la concesionaria a equipar totalmente el centro, a pesar de ello, según la denuncia penal de los castellanistas, se han trasladado numerosos equipos procedentes de otros hospitales, sin reducir la partida económica destinada a equipamiento. La concesionaria tampoco ha cumplido con la obligación de la contratación de todo el personal de los servicios no sanitarios (limpieza, cocina, mantenimiento…). La concesionaria tampoco ha cumplido sus obligaciones de depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.
La Gestión del HUBU, según la denuncia del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), está orientada a favorecer las condiciones económicas de la empresa adjudicataria EFICANZA y no a garantizar el servicio público sanitario de calidad a la población que son los contribuyentes. No solo se garantizan unos Beneficios del 7% a la concesionaria, sino que el canon anual que se paga a la empresa EFICANZA ha pasado de 38 millones anuales a 71 millones.
Los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerdan que la Gestión del HUBU está plagada de vinculaciones con tramas de corrupción, como el hecho de que el Presidente de la empresa concesionaria EFICANZA, D. José María Arribas, esté siendo investigado judicialmente por su gestión al frente de la desaparecida Caja de Burgos y por su participación en la desaparición de Banca Cívica. O la implicación del HUBU y de EFICANZA en la Operación Púnica, por los contratos adjudicados a COFELY, empresa clave de la trama, denunciada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ante la Audiencia Nacional, por la instalación integral de los Servicios de Climatización del HUBU, actuación presupuestada en 17.049.772 euros, finalmente costó 21.020.717 euros (casi un 25% más) que se embolsó COFELY. Posteriores modificados en el HUBU hacen que COFELY se llevara en total cerca de 25 millones de euros.
Los castellanistas burgaleses son partidarios del rescate del Hospital de Burgos, cuya construcción y gestión privatizada es un costosísimo despropósito, y su incorporación en su totalidad al Servicio Público de Salud de Castilla y León, realizando una auditoría de prestación de servicios realizados que cuantifique de forma razonable la compensación a la empresa.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que la refundación democrática que el país necesita y exigen sus ciudadanos, no pasa por una amnistía de los numerosísimos casos de corrupción, sino por la investigación en profundidad de todos ellos por las instancias judiciales, con asunción de responsabilidades políticas, castigos penales ejemplares a quienes hayan cometido delitos y devoluciones íntegras de las sumas económicas defraudadas o saqueadas a la sociedad. Desde ese compromiso, esta formación castellanista ha estado en Castilla en la vanguardia de la lucha contra la corrupción, liderando denuncias contra la trama eólica, por el sobrecoste del Edificio de la Agencia de la Innovación de la JCyL, de la corrupta gestión de las empresas públicas de Castilla y León, en las bolsas de empleo de la Diputación de Burgos, o en la persecución de las ilegalidades cometidas por concejales del PP en el Ayto. de Burgos, entre otros casos de regeneración democrática que impulsa el PARTIDO CASTELLANO (PCAS).
