Manifestamos una vez más la presencia de un denigrante trato de favor a una minoría privilegiada que se beneficia de unas prebendas negadas a la mayor parte de la población, que es la única obligada a cumplir la ley.
Exigimos la actuación de una verdadera justicia especialmente sobre aquellos que han abusado de su tenencia de poder para su propio provecho y en perjuicio de todos los ciudadanos; reclamamos el fin de la doble vara legal de medir que nos divide en ciudadanos de segunda y ciudadanos privilegiados; demandamos la apertura del caso nuevamente con la dirección de un juez imparcial en la que comparezca la ex-presidenta en la misma igualdad ante la ley que el resto de la ciudadanía, y consideramos una actuación distinta a ésta como un insulto y una afrenta a todos los ciudadanos castellanos, y en concreto a los ciudadanos de la provincia de Madrid.
