El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera vergonzoso que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León, hayan valorado de forma unánime excluir a la única formación que ha denunciado judicialmente todos y cada uno de los casos investigados en las dos Comisiones Parlamentarias que investigan la presunta corrupción de la Trama Eólica y de la gestión del Nuevo Hospital de Burgos, de la lista de comparecientes en ambas comisiones. Los castellanistas constatan que tanto los partidos de la vieja política, PP y PSOE” como los autodenominados representantes de la “nueva política” prefieren que ambas Comisiones de Investigación se desarrollen dentro de un guion teatral y bajo control, evitando voces y declaraciones incomodas como las que podrían aportar los representantes del PARTIDO CASTELLANO (PCAS). Los castellanistas denuncian ante la ciudadanía, que los partidos parlamentarios en Castilla y León han pactado un fraude, que impedirá que la lucha contra la corrupción, por la transparencia en todo lo público y porque el control de la limpieza en las administraciones sea algo real en esta Comunidad.
Así, el PCAS recuerda que en Octubre de 2013, y en ampliación presentada en diciembre del mismo año, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la presunta comisión de actividades potencialmente constitutivas de delito por parte de los responsables de las Empresas Públicas de Castilla y León “Provilsa, Somacyl, ADE Parques y ADE Financiación- durante los ejercicios económicos 2010 y 2011 tal y como ha fiscalizado el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Hechos que pueden ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en los correspondientes artículos del Código Penal, y que incluían las irregularidades en la compra de terrenos para el Polígono Industrial de Portillo o la construcción del Edificio de la Consejería de Economía de Economía y Hacienda en Arroyo de la Encomienda, la “Perla Negra”.
Posteriormente, en Abril de 2015, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) denunció ante el Fiscal Superior de la Fiscalía General del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León, Sr. Martín-Granizo, General de Castilla y León, el presunto cobro de Comisiones en la Adjudicación de Parques Eólicos de Castilla y León, por parte de responsables de la Junta de Castilla y León, potencialmente constitutivas de delito de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en los correspondientes artículos del Código Penal.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) recuerda que en Noviembre de 2014 denunció ante el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye la Operación Púnica, la participación de la principal empresa de esta trama, Cofely, en la realización de varios modificados en las instalaciones de climatización y electricidad del HUBU, que supusieron un sobrecoste de 25 millones de euros. También los castellanistas, en Mayo de 2015, denunciaron la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y administración desleal contra los responsables del SACYL y de la Junta de Castilla y León que intervinieron en la adjudicación de las obras y concesión del Nuevo Hospital Universitario de Burgos (HUBU), así como contra los responsables de la serie de modificados que se han realizado en esta infraestructura hospitalaria y los responsables de su gestión y de las relaciones económicas con la empresa concesionaria EFICANZA, todo lo cual ha supuesto que haya costado su construcción más del doble: 528 millones de euros, de lo inicialmente presupuestado. Los modificados, sobrecostes, beneficios de la concesionaria, servicios que se pagan dos veces, incremento desmesurado del canon, etc…implicará que los burgaleses pagarán en 30 años, por la construcción y concesión del HUBU más de 3500 millones de euros.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), también solicitó formalmente a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el lunes 24 de noviembre de 2014, la creación inmediata de una Comisión de Investigación, sobre los numerosos y crecientes casos de Corrupción que se están produciendo en toda la geografía y todas las instituciones de la Comunidad de Castilla y León, generando una enorme alarma social entre la ciudadanía. Los castellanistas pretendían una investigación a fondo de los casos de corrupción más alarmantes, que se investigaran sus causas, se depuraran responsabilidades y se trasladaran a las instancias judiciales, aquellos asuntos donde presuntamente pueda deducirse la comisión de alguna figura delictiva. Los castellanistas pedían que además de investigarse la Trama Eólica y el Hospital de Burgos, se incluyeran casos como el impacto en Castilla y León de la trama Gürtel, de los “Papeles de Bárcenas” y de la financiación ilegal del PP, la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, las adjudicaciones y contratos de personal, presuntamente irregulares en las Diputaciones Provinciales de León, Burgos y Salamanca, el Saqueo y desaparición de las Cajas de Ahorro de Castilla y León, las irregularidades en materia urbanística por parte de ayuntamientos como Valladolid, Las Navas del Marqués o Arroyo de la Encomienda, las ramificaciones en Castilla y León de la Operación “Púnica”, o la presunta Comisión de delitos en los Cursos de Formación gestionados por sindicatos y la patronal. Ninguno de los Grupos Parlamentarios presentes entonces en las Cortes de Castilla y León avaló esta propuesta.
Los castellanistas, consideran que la regeneración política y la recuperación del crédito de la ciudadanía en sus instituciones, no se podrá conseguir si no se depuran en profundidad los casos de corrupción existente, garantizándose el castigo penal de los culpables y la recuperación de las cantidades robadas. Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se urgen medidas eficaces de regeneración política, aumentando los mecanismos independientes de control, la participación ciudadana, la transparencia en contrataciones de obras y servicios y el acceso de la ciudadanía a la información y contenidos de los expedientes administrativos.
