Los castellanistas trasladan a la Fiscalía de Castilla y León, informaciones y documentación que acredita la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, administración desleal, malversación de fondos públicos y estafa por parte de altos responsables de la Junta de Castilla y León, al nivel de Viceconsejeros y Secretarios Generales, siempre vinculados a Consejerías presididas por Tomás Villanueva, número 2 del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. El funcionamiento de esta trama de corrupción, implicaba la constitución de sociedades intermedias entre las Empresas Eléctricas que pretendían instalar y explotar Parques Eólicos en la Comunidad Autónoma, y altos Cargos de la Junta de Castilla y León y de las Empresas Públicas, como EXCAL, vinculadas a la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, y empresas locales, relacionadas con el ámbito de la construcción, y habituales en la contratación de obras y servicios por parte de la administración autonómica. Tras la constitución de estas sociedades mixtas, la Junta de Castilla y León otorgaba las correspondientes autorizaciones para la construcción y explotación de los Parques Eólicos y posteriormente las empresas eléctricas promotoras compraban a las constructoras de Castilla y León y a los Altos Cargos de la Junta sus acciones y participaciones obteniendo estos plusvalías astronómicas. Así por ejemplo, Alberto Esgueva, consejero delegado de EXCAL, parece ser que recibió por el 40% del capital de la sociedad Energía Global Castellana que coparticipaba con Iberdrola, que le supuso 24.400 euros la cifra de 47,1 millones de euros dos años después.
Los castellanistas consideran que la envergadura de la trama de corrupción, el volumen de las Comisiones cobradas (solo en los 35 Parques Eólicos investigados por la Agencia Tributaria, superan los 110 millones de euros), la importancia de los Altos Cargos afectados, la duración del funcionamiento de este sistema de autorizaciones de Parques Eólicos, y la habitual colaboración con la Junta de Castilla y León de las empresas constructoras locales implicadas, hacen materialmente imposible que tanto el Consejero de Economía Tomás Villanueva, como el propio Juan Vicente Herrera y el mismo PP regional, no estuviesen al tanto de lo que ocurría. Tanto es así, que desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se sospecha, y así indican a la Fiscalía de Castilla y León que investigue, que esta trama corrupta no pretendía exclusivamente el enriquecimiento ilícito de personas y empresas, sino que buscaba posiblemente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Autónoma.
Los responsables castellanistas consideran que la Agencia Tributaria con sus Informes ha hecho su trabajo; también los medios de comunicación que los han divulgado, al igual que la sociedad civil llevando a través del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) denuncia ante la Fiscalía. Ahora le toca a la Justicia castigar a los culpables y recuperar el dinero saqueado a los contribuyentes, pues la trama de las comisiones por Parques Eólicos (Castilla y León es la Comunidad con más megavatios eólicos instalados; el 50% del total español) se alimentaba de las jugosas primas, con dinero público, a la Energía Eólica que suponen, aún hoy, en Castilla y León unos 300 millones de euros anuales.
