Los servicios jurídicos del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) están estudiando la posibilidad de denunciar ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo y ante la Comisión Europea, al Gobierno Central de Mariano Rajoy, si persiste en la idea de aprobar los aspectos más discutibles y agresivos contra el Medio Rural Castellano, incluidos en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno del PP prevé aprobar en breve.
Los castellanistas consideran que el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá una devastadora agresión al Medio Rural Castellano, cuyos efectos más nocivos se percibirán en nuestra Comunidad Autónoma, agudizando los fenómenos de despoblación y envejecimiento de la población, y no resolviendo ninguno de los problemas de prestación de servicios que hoy padecen las pequeñas localidades rurales. Los castellanistas del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) critican la obsesión del PP por concentrar en las Diputaciones Provinciales la prestación de servicios en el Medio Rural, a pesar de ser organismos ineficientes, caciquiles, obsoletos, propios del siglo XIX y burocráticos alejados de la agilidad y proximidad que necesitan los municipios rurales para sobrevivir, e incapaces de articular con agilidad la respuesta a los problemas cotidianos que surgen a diario en los pueblos en la prestación de los servicios básicos a sus vecinos. «Alejar las decisiones de los pueblos no va a mejorar la vida en el medio rural, ni va a resultar más barato», declaró el castellanista Florentino Ruiz. Así, las Diputaciones castellanas gastan de media más del 70% de sus presupuestos en acciones ajenas a los pueblos y menos del 30% de sus recursos llega como inversiones o subvenciones al mundo rural. Centrar la gestión rural en las Diputaciones supondrá la privatización de servicios en manos de empresas, ajenas al medio rural y políticamente sumisas a políticos y empresarios del PP.
La propuesta de Rajoy nace del desconocimiento de la realidad del mundo rural castellano, inventándose irreales ahorros de 7.130 millones de euros en el periodo 2013-2015, «una cifra irreal y fantasiosa» a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) eliminando «duplicidades y aclarando competencias» o «reduciendo sueldos de alcaldes, concejales y asesores», cuando es obvio que en la práctica totalidad de los pequeños municipios de Castilla, con población inferior a 20.000 habitantes, la inmensa mayoría de cargos públicos nunca han cobrado un duro por su trabajo en los consistorios, el número de asesores es nulo, y la realización de gastos o inversiones duplicados por diferentes administraciones para la prestación de los mismos servicios, son inexistentes. Hay que recordar que hoy por hoy las administraciones locales en España son el único ámbito institucional que no genera déficit, que no aumenta su deuda y que cumple la ley de sostenibilidad financiera, al contrario que las Comunidades Autónomas o el propio Estado Central.
Los servicios jurídicos que asesoran al PARTIDO CASTELLANO (PCAS) consideran que tal y como está redactada la Propuesta de Recortes Municipalistas del PP de Rajoy, viola la Autonomía Local, ya que procede de forma unilateral a la confiscación de competencias locales por parte de la Administración del Estado, a pesar de que los Municipios Castellanos, en la mayor parte de los casos, tienen una personalidad jurídica propia de en torno a mil años, claramente preexistente al propio Estado Español, y no respeta el hecho de que las Administraciones Públicas en España no son «ni superiores ni inferiores», simplemente poseen diferentes ámbitos de competencias; en el mismo sentido estiman los castellanistas que debe ser considerada la propuesta incluida en el Proyecto de Ley de suprimir las Mancomunidades de Municipios o los Organismos Autónomos Municipales. Así mismo los castellanistas ven claro que el Anteproyecto de Ley del Gobierno Central vulnera el Principio Europeo de Subsidiariedad, sobre el que se construyen todos los Tratados de la Unión Europea (incluido el de Lisboa) y que en síntesis establece que cada asunto debe ser resuelto y gestionado por la administración o institución más cercana. Del mismo modo, a juicio del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) algunas propuestas del Anteproyecto de Ley sobre la Administración Local, supone por la vía de los hechos una Confiscación Ilegal del Patrimonio y los Bienes Públicos Locales, acumulados por la población durante cientos de años, tal y como establecen las propuestas de desaparición de las Entidades Locales Menores (con pérdida de sus bienes) y la unión forzosa de Municipios. Finalmente, el equipo legal del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) estiman que el Anteproyecto de Ley agrede al Principio de Igualdad entre los ciudadanos, ya que los municipios de menos de 20.000 habitantes sufrirán una Evaluación de Servicios Municipales, con criterios meramente economicistas, a través de unos Estándares de Calidad de la Prestación de Servicios Públicos, cuyo coste será establecido de manera unilateral por el Estado Central, sin consideraciones sociales, que no sufrirán otras administraciones, y que supondrá la erradicación de parte de sus competencias y de los recursos económicos destinados a este fin por los municipios.
Los castellanistas, en el caso de que se aprueben los aspectos más regresivos de este Anteproyecto de Ley de Reforma Local, presentarán una cuádruple acción legal ante la Unión Europea. Por un lado, un Recurso Directo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Luxemburgo) que debe velar porque el Derecho de la Unión Europea se aplique del mismo modo en todos los países de la Unión, por otro lado, ante el Defensor del Pueblo Europeo (Estrasburgo) que atiende denuncias por mala administración pública que impliquen injusticias, discriminación, abuso de poder o procedimientos incorrectos; además elevará una Petición de posicionamiento ante el Parlamento Europeo para su toma de posición ante la Reforma Municipal en España, y finalmente una queja ante la Comisión Europea por vulneración del Derecho de la Unión Europea. Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) consideran que el Proyecto de Ley de Reforma Local de Rajoy implica cuatro graves prácticas contra la Legislación de la Unión Europea: por discriminación de los ciudadanos, confiscación ilegal del patrimonio público, violación de la autonomía local, y conculcación del principio de subsidiariedad.
Los castellanistas no actuarán solos en esta reclamación ante la Unión Europea de defensa del municipalismo en el Medio Rural Castellano, sino que articularán sus denuncias junto a otras formaciones políticas como Chunta Aragonesista y un conjunto de 100 municipios de toda España, fundamentalmente de ambas Castillas, de Aragón, de Extremadura, de Asturias y de Galicia, los territorios rurales españoles más amenazados por la despoblación, el envejecimiento y el aislamiento, caracterizados por una organización del territorio basada en los pequeños municipios, las mancomunidades y las entidades locales menores o pedanías.
Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), la propuesta de modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, no respeta la autonomía local, ya que condena a los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los baremos impuestos a ceder atribuciones a las Diputaciones, dejando abierta la puerta al vaciado de competencias de miles de pequeños ayuntamientos, que solo existirían formalmente. Del mismo modo la propuesta para el régimen local del PP amenaza con la desaparición inmediata de la mayor parte de las más de 2.000 pedanías de Castilla, así como con la confiscación de sus bienes y propiedades comunitarias. Finalmente entiende que el proyecto de Ley Local de Rajoy supone una bofetada a Herrera y al PP de Castilla y León ya que interviene competencias autonómicas y ridiculiza los dos años de debate de la Propuesta de Ordenación del Territorio de Castilla y León. En palabras del representante del PCAS en la Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias el alcalde castellanista del Valle de Valdebezana (Burgos), Florentino Ruiz, «la participación con la que ha contado el proyecto de la Junta se va a tirar por la borda con la nueva Ley estatal». El proyecto de Ley Local de Rajoy supone un desprecio al PP de Castilla y León ya que interviene competencias autonómicas y ridiculiza los dos años de debate de la Propuesta de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Una reforma en la política local, que ha rechazado en Pleno las Cortes de Castilla y León, la FRMPCyL y la FRMP.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) sigue apostando por mantener los municipios rurales como institución clave para gobernar territorios fuertemente dispersos, como el campo castellano y por la pervivencia de las Entidades Locales Menores y sigue pidiendo una Ley de Pedanías, que ordene las competencias y la financiación de las mismas. Las propuestas del PP provocarán consecuencias dramáticas sobre el medio rural de Castilla y León, agudizando la despoblación y envejecimiento de los pequeños pueblos, que además padecen el recorte de la prestación de servicios educativos, sanitarios y de los transportes públicos.
http://
