Los castellanistas denunciaron a la Fiscalía los contenidos de las pruebas de selección efectuadas, realizados mediante concesión privada
por la empresa Tea Gegos SA, que percibió casi 18.000 euros por ello, pruebas para las cuales no se publicó temario alguno, que en absoluto se
ajustaban a la evaluación de los conocimientos específicos para su función, limitándose a una serie de test psicotécnicos, con entre 160 y
190 preguntas según la categoría, absolutamente ajenos al ejercicio profesional de la enfermería, que violaban el derecho fundamental a la
intimidad de los aspirantes y el principio constitucional de acceso a la función pública, mediante una evaluación transparente del mérito y la
capacidad. El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) también denunció las irregularidades cometidas durante la realización de las «pruebas de
selección», como la posible filtración de los test a realizar, y que algunos participantes los conocieran con anterioridad, así como la
desaparición de siete exámenes, poniendo en cuestión la transparencia y garantías de todo el proceso selectivo.
En la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía de Burgos, los castellanistas encuentran la posible comisión de varios delitos durante
los últimos siete años, al producirse cerca de 5.000 contrataciones de personal temporal en la Diputación de Burgos, pertenecientes a quince
categorías profesionales, sin las debidas garantías de transparencia y publicidad en el acceso a la función pública y haciendo caso omiso del
precepto constitucional de evaluación objetiva del mérito y capacidad de los aspirantes. Así, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) denuncia que la
anterior Bolsa de Empleo de la Diputación de Burgos, cuyas Bases fueron publicadas en el BOP de 26 de mayo de 2005, tenía un carácter bianual,
que ordenaba a los aspirantes mediante un sistema mixto de evaluación de méritos y resultados de pruebas selectivas, en listas ordinales, y que
caducó en 2007.
El uso de esas listas para las contrataciones efectuadas entre 2007 y 2014 es ilegal, pero para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) es aún más grave
y presuntamente incurre en delito continuado de prevaricación, el hecho de que muchas de las contrataciones realizadas, una parte significativa
de esos 5.000 contratos temporales, se ha realizado con personas que no formaban parte de ninguna lista, con personas que ocupaban posiciones
inferiores en las mismas respecto de otras que no fueron llamadas, que no se han dado las garantías suficientes en las ofertas de estos
contratos y en la calidad de los mismos a los integrantes de las listas, que cerca del 50% de las contrataciones se ha realizado bajo la
motivación de «exceso de carga de trabajo para la plantilla existente», sin la correspondiente autorización de Hacienda, y mientras se reducía
el número de empleados laborales y funcionarios de la propia Diputación.
Los castellanistas burgaleses acusan públicamente que la Diputación Provincial realiza contrataciones masivas de empleados públicos, al
margen de la ley, obviando los principios constitucionales de transparencia, publicidad y evaluación objetiva de mérito y capacidad de
los aspirantes, con el objetivo de favorecer a correligionarios políticos, a familiares y amigos, cuya finalidad es crear una red
clientelar en toda la provincia, que favorece un sistema caciquil de control del voto de la población, de creación de lealtades políticas y
personales, de configuración de candidaturas en las elecciones municipales, de marginación y exclusión de personas críticas, disidentes
o de lealtad dudosa, utilizando el dinero público y el empleo público como un instrumento de poder arbitrario, en un momento de crisis brutal,
donde el empleo es la principal preocupación de la mayoría de la población, y muy especialmente de los jóvenes.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera que la actuación de la Fiscalía Provincial de Burgos no profundiza en la investigación de los hechos
denunciados, trata como irregularidades administrativas lo que puede ser la comisión sistemática de delitos, y lamenta que numerosísimas
denuncias en el ámbito de la comisión de delitos por corrupción, hayan sido archivadas por la Fiscalía de Burgos, generando alarma social e
indefensión entre la ciudadanía, que considera que la persecución judicial de los delitos por corrupción debe ser una prioridad para la
Administración de Justicia en España.
Por todo ello, los castellanistas trasladarán al ámbito judicial competente sus denuncias sobre la contratación de personal temporal por
parte de la Diputación Provincial de Burgos.
