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Castilla nos une

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El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) pide medidas urgentes para salvar pesca deportiva y la piscicultura

La sentencia del pasado 16 de marzo de 2016, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que se incluye el Catálogo de especies invasoras regulado por el Real Decreto 60/2013, ha generado una preocupación creciente, dado el importante factor de actividad turística y, por tanto, económica en amplias zonas de Castilla y León, que supone la pesca deportiva, así como el posible daño que se podría ocasionar en el sector de la piscicultura.

«Es necesario abordar este problema desde cada ámbito de responsabilidad, con diálogo y acuerdos. Es decir, desde lo que no se ha hecho hasta ahora, nos encontramos con una sentencia firme del Tribunal Supremo, que puede eliminar de un plumazo el medio de vida de centenares de familias en Castilla, un impacto económico y social que es especialmente grave en zonas rurales deprimidas de nuestra tierra».

«Respetamos el objetivo final, la supresión de especies invasoras potencialmente peligrosas, pero debemos ser capaces de establecer sistemas propios en aquellos lugares «no naturales», como son los embalses, a los que se debe dotar de un programa de gestión específico que se adapte de forma más adecuada al entorno, por las implicaciones turísticas y económicas que supone para las zonas afectadas. Así como revalorar la inclusión de especies como la trucha arcoíris en dicho listado, teniendo en cuenta, que esta especie, supone el 90% de la producción de pescado de agua dulce para consumo humano, producción que de verse prohibida con la normativa del Real Decreto, supone un serio problema, especialmente en un país que es dependiente de la compra exterior de pescado.”

Los castellanistas realizan un llamamiento al nuevo Gobierno del Estado a que ponga en marcha toda una serie de medidas de tipo legal, para las que tendría que existir un compromiso político, firme y de consenso, por parte de todos los partidos: La adaptación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 1143/2014 de 22 de octubre, donde se podría regular en su artículo 9 este tipo de cuestiones específicas mencionadas en función del impacto social y económico en las zonas afectadas, modificando, por tanto, la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 

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