En palabras del candidato a la Alcaldía de Burgos por el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) Domingo Hernández Araico, “ahora en plena campaña electoral es buen momento para conocer explicaciones, más si cabe, en este momento en que tanto el PP a nivel estatal, como especialmente, a nivel autonómico, la actuación de los políticos del PP siembra innumerables dudas y sobras”.
En concreto la formación castellanista solicita información sobre los datos que posee, en los que se relaciona empresarialmente a Francisco Javier Herrera Campo, hermano de Juan Vicente, con Jesús Arranz Monje, de Arranz Acinas, empresa que integra Eficanza.
Según la información que obra en poder del PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), el hermano del Presidente de la Junta fue socio en Panamá de Jesús Arranz, en las empresas: “CYL&CENTROAMERICA CONSULTORES S.A” .
Por si esto fuese poco, los lazos de unión entre la Junta de Castilla y León, y Arranz , en Panamá, van más allá, pues “ARRANZ ACINAS PANAMA S.A”, relacionada obviamente con la empresa burgalesa “ARRANZ ACINAS”, compartió oficina en la Avda. Balboa, Centro Comercial de Bay Mall, de la ciudad de Panamá, con una de las empresas públicas de la Junta: EXCAL, hoy Ade Internacional Excal S.A.
Ante las dudas que genera este tipo de actuaciones, y relaciones, y ante los cuantiosos casos de corrupción que salpican a altos dirigentes del PP, y los numerosos casos que en los últimos meses están poniendo en entredicho la legalidad de numerosas acciones de la Junta de Castilla y León, los castellanistas burgaleses animan a su paisano, Juan Vicente Herrera, a responder a estas cuestiones.
Una vez conocida su respuesta, o la ausencia de la misma, el PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) se reserva el inicio de acciones legales.
Por último desde las filas castellanistas, se recuerda que la corrupción, según las encuestas, es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y que el saqueo de los fondos públicos en Castilla y León es continúo, desde la desaparición de las Caja de Ahorro, entregadas a precio de saldo tras una gestión política desastrosa, a la bancarrota de las empresas públicas controladas por la Junta, hasta el último caso conocido: el de la trama eólica.
