El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama la Ayuntamiento de Aranda de Duero la creación de un Fondo Social de Viviendas en alquiler, bajo gestión municipal, que sirva para resolver el drama de las numerosas familias que por efecto de la crisis económica y de los desahucios inmobiliarios temen quedarse sin hogar, uniéndose a las actuaciones, en materia de Vivienda Social, del Gobierno Central y la Junta de Castilla y León.
Los castellanistas arandinos recuerdan que en Aranda de Duero existen aproximadamente, según datos de Cáritas Diocesana unas 40 personas sin hogar, y que hay unas 40 familias amenazadas de desahucio de sus viviendas por impago de las cuotas hipotecarias correspondientes, al tiempo que hay otras 60 familias amenazadas de ser desalojadas de las viviendas que ocupan por la imposibilidad de pagar los alquileres que deben. Estos hechos suponen un drama de primera magnitud, causado por el desempleo, que afecta a en torno a 4.000 arandinos según los datos de la EPA, y por la profunda crisis económica.
También el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), pone de manifiesto que según datos del Ministerio de Fomento, hay 3.000 viviendas vacías en Aranda de Duero, y que los Bancos y Cajas de Ahorros, que tienen ya en el conjunto de España entre 200.000 y 300.000 viviendas, han necesitado más de 60.000 millones de euros de dinero público, para su saneamiento. Las entidades de crédito cuentan en Aranda de Duero con un parque cercano a las 200 viviendas, muchas de las cuales pasarán al SAREB o «Banco Malo». Los castellanistas recuerdan que el Ministerio de Economía ha publicado recientemente el listado de casi seis mil inmuebles cedidos por las entidades de crédito que componen el Fondo Social de Vivienda Estatal a las que se han sumado las proporcionadas por 225 ayuntamientos españoles.
EL PARTIDO CASTELLANO (PCAS) reclama al Ayuntamiento de Aranda de Duero que lidere una política de vivienda social en alquiler, con las viviendas del Fondo Social Estatal, las cedidas por las entidades de crédito y las que genere con su propio patrimonio, para ayudar a las cientos de familias vulnerables en materia de vivienda existentes en Aranda de Duero. Los comuneros son muy críticos con las gestiones del Ayuntamiento ribereño en materia de Urbanismo y Vivienda, pues consideran que ha abandonado las políticas de vivienda social y muestra un extremo desinterés por las familias residentes en Aranda de Duero más vulnerables en materia de vivienda.
Los castellanistas del PCAS reclaman que las administraciones públicas adopten medidas que contribuyan a paliar este grave drama de familias sin ingresos que además pueden verse literalmente en la calle. Las medidas del gobierno de Rajoy sobre los desahucios constituyen un parche parcial que no resolverá el problema, ya que las pocas familias beneficiadas solo posponen por dos años el desahucio, y no reducen nada su deuda con las entidades de crédito.
Así, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) propone que el Banco Malo y las Entidades de Crédito poseedoras de viviendas en Aranda de Duero, así como propietarios que voluntariamente quieran aportar viviendas vacías de su propiedad, cedan temporalmente al Ayuntamiento arandino un total de 100 viviendas, con las que el consistorio formaría un Fondo Social de Viviendas que el Ayuntamiento ofertaría, a cambio de un alquiler social (inferior a los 200 e al mes), a personas sin techo, a familias víctimas de desahucios hipotecarios, o de expulsiones de pisos en alquiler.
Los castellanistas creen que estas medidas sociales no supondrían un coste significativo para el Consistorio de Aranda de Duero, ni tampoco para las entidades que cedieran temporalmente pisos y viviendas inmovilizados, que hoy por hoy son imposibles de vender, y que a cambio obtendrían una renta, reducida pero estable. Y sobre todo se ayudaría a resolver uno de los mayores problemas sociales de la ciudad, al tiempo que el Ayuntamiento lideraría una iniciativa clave para evidenciar su compromiso con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, frente a las políticas antisociales que pone en práctica el PP desde los gobiernos provincial, autonómico y estatal.
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