Los castellanistas ya han denunciado en varias ocasiones el incremento de vertidos de residuos industriales, de carácter peligroso, en terrenos de los términos municipales de varios Ayuntamientos del Norte de Burgos, con riesgo evidente de contaminación de suelos, acuíferos y de afección a la salud de las personas del ganado y de la fauna silvestre y de la calidad del medio ambiente en general.
En cuanto a la “batalla judicial”, ahora ha sido la Audiencia Provincial de Burgos quien ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la empresa responsable de los vertidos, Codefer S.L y Roberto Salido, contra la Resolución del Juzgado de Instrucción nº 1 de Villarcayo que ordena la retirada de los residuos vertidos en el hueco de una antigua cantera y en algunos caminos en la localidad de Las Torres de Abajo, en el Valle de Valdebezana y abría un procedimiento penal por estos hechos. Con esta resolución la orden de retirada de los residuos, tanto de la antigua cantera como de los caminos, es firme. El Juzgado ha requerido a la empresa para que retire los residuos de la antigua cantera y los caminos en un plazo de treinta días.
La orden de retirada fue adoptada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Villarcayo el 11 de julio de 2014. Mediante la interposición de recursos, se ha retrasado la firmeza de la resolución durante más de seis meses. Primero mediante un recurso de reforma, desestimado en octubre de 2014, y después mediante un recurso de apelación, desestimado ahora. Mediante los recursos se pretendía, también el archivo del procedimiento penal. Se han desestimado todas las pretensiones de los recurrentes.
La Audiencia provincial reconoce la situación de riesgo para el medio ambiente y los acuíferos producida por los vertidos, señalada en diferentes informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Desestima las argumentaciones de la empresa, que pretendía el sellado de los residuos, dejándolos donde se encuentran. Ordena, también, que prosiga el procedimiento penal y que se investiguen los hechos denunciados.
La situación fue denunciada por el Alcalde del Valle de Valdebezana, del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ante la Fiscalía y la Unión Europea en el mes de diciembre de 2013. Finalmente, la Fiscalía presentó denuncia en el Juzgado el 2 de julio de 2014. El Ayuntamiento de Valle de Valdebezana se dirigió en repetidas ocasiones a la Junta de Castilla y León pidiendo la paralización de los vertidos y la retirada de los residuos. La Junta de Castilla y León no ha contestado a buena parte de los escritos del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana y a los que ha respondido lo ha hecho de manera parcial e incompleta.
Los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro señalan la presencia de varios metales pesados en concentraciones significativas. También el peligro de filtración de elementos contaminantes a los acuíferos, puesto que podrían percollar en el subsuelo e infiltrarse en el acuífero. Se han detectado, también, concentraciones significativas de STD, fluoruros y fenol que son significativas de que se está produciendo filtración en el subsuelo. Cualquier vertido o lixiviado de residuos que se produzca en esa zona puede dar lugar a la contaminación directa de las aguas subterráneas y a la posterior contaminación de las aguas superficiales en la zona de descarga del acuífero. Situación de riesgo que se reitera en los informes más recientes, de 6 de junio y 26 de agosto de 2014. El Juzgado de Instrucción también puso de relieve la gravedad de los hechos y la situación objetiva y potencial de riesgo creada por la posible filtración en el acuífero de ciertos metales con concentraciones variables, provocando la contaminación de las aguas subterráneas del entorno porque la vulnerabilidad del acuífero en la zona en la que se ubican la cantera y el camino de acceso es muy alta, debido a la elevada carstificación del medio y a la existencia de un punto de abastecimiento urbano que se localiza en la zona de descarga del complejo cárstico.
El Alcalde castellanista de Valle de Valdebezana, Florentino Ruiz Ruiz, manifestó su satisfacción por las resoluciones de la Audiencia Provincial del Juzgado. Señaló, también, que desde el mes de mayo, el Ayuntamiento viene realizando análisis de agua que muestran un incremento muy significativo de las concentraciones de algunos metales pesados, incluso en puntos que pueden afectar al abastecimiento humano. En algún caso, el nivel de algún metal pesado está muy próximo a rebasar los límites legales. Una vez más deploró el comportamiento de la Junta de Castilla y León en este asunto, en el que no ha tomado medidas adecuadas para evitar los vertidos, aunque desde, al menos el mes de marzo de 2013, contaba con informes de la misma Junta de Castilla y León que afirmaban que los materiales vertidos no se podían utilizar para la restauración de la cantera. Incluso se emitió un informe en el que se decía que los materiales no eran residuos. Un asunto en el que, cuando la Junta de Castilla y León ha actuado, ha sido tarde, con lentitud y obligada por la actuación de otras instituciones. Ha sido preciso que el asunto llegara a un procedimiento penal para que se adopte una decisión de retirada completa de los materiales vertidos, y han tenido que transcurrir más de seis meses para que sea firme. Se ha conseguido por la actuación del Ayuntamiento y no de la Junta de Castilla y León
Los castellanistas alertan de que en los últimos años se está procediendo al vertido en varias canteras abandonadas, sumideros, caminos rurales y oquedades de los términos municipales de varios Ayuntamientos de Las Merindades, entre los que se encuentran Valle de Valdebezana, Valle de Sedano y Alfoz de Bricia, de toneladas de residuos de origen industrial, básicamente escorias siderúrgicas del Área Industrial de Reinosa.
Los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) alertan del potencial contaminante de estas escorias y residuos, fundamentalmente por su elevado contenido en metales pesados como Cromo, Cadmio, Zinc, Cobre, Hierro, Plomo, Níquel y Mercurio entre otros, así como una elevada conductividad eléctrica y un pH fuertemente básico que contaminarán los terrenos donde son depositados y las aguas subterráneas de los acuíferos que se encuentran bajo ellos. Los castellanistas recuerdan que las zonas donde se realizan estos vertidos ilegales, poseen importantes masas de agua, de naturaleza kárstica, muy vulnerables a la contaminación, cuya calidad es fundamental para preservar tanto abastecimientos de agua para varias poblaciones, para el ganado y para la fauna silvestre, así como para el mantenimiento de la calidad ambiental de las aguas de Espacios Naturales de la Red Natura 2000 como «Hoces del Alto Ebro y Rudrón», el LIC y ZEPA «Embalse del Ebro» o Monte Hijedo.
Así mismo, estos vertidos a juicio de los castellanistas, pueden deteriorar la calidad de la Masa de Agua Subterránea 002 «Páramo de Sedano y Lora», Masa de Agua Subterránea 003 «Sinclinal de Villarcayo», y Masa de Agua Subterránea 004 «Manzanedo-Oña», que el Gobierno Español se ha comprometido a preservar de manera expresa al transponer la Directiva de Aguas de la Unión Europea.
Los castellanistas burgaleses se han dirigido tanto al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, como al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Antonio Silván, para ponerles en conocimiento de estos hechos, reclamarles un mayor control sobre la calidad ambiental del agua y del entorno de los espacios afectados e instarles a que se proceda a la retirada de los residuos vertidos antes de que los daños provocados sean irreversibles.
Los responsables del PARTIDO CASTELLANO (PCAS) consideran que estos vertidos se están incrementando por el elevado coste que para las empresas generadoras de estos residuos, implica su tratamiento en centros homologados para la descontaminación de residuos peligrosos, y prefieren vertidos ilegales, con el presunto objetivo de rellenar canteras o restaurar explotaciones de árido a cielo abierto, que les supone un notable ahorro económico. Los castellanistas burgaleses están estudiando la posibilidad de presentar por estos hechos una denuncia por Delito contra el Medio Ambiente, tanto contra los productores de estos residuos, como contra los transportistas y gestores de los mismos, como contra quienes han autorizado o tolerado su vertido, sean propietarios de terrenos como representantes de administraciones locales.
Finalmente, el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) insta al Gobierno de Cantabria, que cuenta con un Decreto aprobado en 2006 para la valorización de escorias en la Comunidad de Cantabria, a que proceda al tratamiento, gestión y vertido de las mismas, de manera íntegra en su propio territorio, sin proceder al depósito clandestino de las mismas en Comunidades limítrofes.
