El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) denunció la contratación en 2013, por parte del Ayuntamiento de Caleruega y mediante decisión de su alcalde, D. José Ignacio Delgado de un concejal del Partido Popular desde Mayo de 2011 del citado Ayuntamiento, violando de manera flagrante la prohibición expresa que tanto la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como la Legislación en materia de Contratación de Personal por parte de las administraciones locales, que establece totalmente incompatible la contratación laboral de un corporativo por parte del propio ayuntamiento en el que desempeña funciones de concejal. Dándose la circunstancia, de que desde su contratación por el consistorio, el portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Caleruega, apoyó en todas las votaciones del Pleno Municipal las propuestas del equipo de gobierno municipal.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) también trasladó a la Fiscalía, el Convenio establecido en Abril de 2014 entre el Ayuntamiento de Caleruega y la empresa privada CASTILLA A CABALLO SL que tiene por objeto “la obtención de beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales en el municipio, así como la promoción del turismo en la zona y el fomento del empleo”, y estipula la cesión de uso mediante arrendamiento, por 10 años, de 10 fincas rústicas municipales que totalizan casi 100 hectáreas, sin especificar cantidades a abonar, por considerar que es contrario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al otorgar a una empresa con ánimo de lucro, una situación de privilegio para el uso de bienes públicos, sin habilitar procedimiento de concurso o subasta público, transparente que permita la libre concurrencia de otras empresas o entidades. Una empresa, sin actividad económica alguna, y cuya constitución en 2013, en fechas previas al Convenio con el Ayto. de Caleruega es sospechosa, y cuyos responsables, Miguel Cebrecos Izquierdo, José Ignacio Díez Arranz, y Belén Díez Arranz, mantienen notables vinculaciones personales, políticas y empresariales con el procurador y alcalde de Ciudadanos, que cuestionan la imparcialidad del Convenio suscrito, ya sea a través de contratos con la Cooperativa Agrícola “La Burgalesa” de Caleruega, ya sea integrando las candidaturas de su partido en Aranda de Duero, ya sea por figurar en el Censo Electoral en el domicilio del alcalde de Caleruega.
Los castellanistas han esperado un mes desde la rueda de prensa en que los máximos responsables de Ciudadanos en Burgos hicieron público el archivo de la Fiscalía, confiando en que fueran verdad las afirmaciones que hicieron sobre inmediatas denuncias contra el PCAS por parte de Ciudadanos, Castilla a Caballo y el propio Delgado, para que pudiera seguir investigándose en ámbito judicial la veracidad y posible ilegalidad de los hechos puestos en conocimiento de la Justicia. Pasado este tiempo, desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) y financiada a través de una suscripción popular de los vecinos de Caleruega, se impulsará nuevamente la denuncia, desde el Juzgado.
Los castellanistas consideran que ofertas políticas, presuntamente renovadoras, como CIUDADANOS, se estén construyendo en Burgos con tránsfugas, con historiales larguísimos en diversas formaciones, y cuyo único interés es hacerse con la mayor cuota de poder político e institucional posible. Así, se lamenta desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) que la denuncia que trasladaron a Albert Rivera hace nueve meses, mediante burofax personalizado, advirtiéndole de estos hechos y de que numerosísimos tránsfugas trufaban sus candidaturas en Castilla y León, ni siquiera fuera respondido, en un gesto de arrogancia y desprecio, que retrata perfectamente su falta de compromiso con la transparencia y la obligación de dar respuesta a la gente, por encima de sus telegénicos mensajes de renovación.
El PARTIDO CASTELLANO (PCAS) considera inadmisible como un partido como Ciudadanos, incluya en sus Programas propuestas de regeneración política como para eliminar el aforamiento de los políticos, limitar el número de mandatos de desempeño público de los políticos, declarar incompatible ser alcalde y parlamentario autonómico, y en los pocos sitios donde tiene algo de poder las incumple radicalmente.
Los castellanistas aspiran también a que se realice una auditoría económica en el Ayuntamiento de Caleruega, que evidencie la absoluta legalidad de su funcionamiento, municipio donde sigue pendiente una gran operación urbanística que contempla campos de golf, un hotel con 50 habitaciones, casa club, centro de equitación, escuela de tenis, lagos para pesca deportiva, un complejo residencial para 300 viviendas y una residencia de tercera edad, con una inversión estimada de unos 80 millones de euros, en un pueblo de 500 habitantes, al viejo estilo de los pelotazos urbanísticos que nos trajeron la grave crisis económica que vivimos.
