EL PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ha trasladado al Procurador del Común su queja por el cierre de los Servicios Nocturnos de Urgencias en numerosos consultorios de la red sanitaria rural por parte de la Junta de Castilla y León. Con esta denuncia ante el Procurador la formación castellanista intenta que el medio rural de nuestra Comunidad Autónoma no pague una crisis que no ha creado y la Junta asegure la asistencia médica de urgencia a todas las localidades que hasta ahora la tenían, cuya población está envejecida y dispersa. Desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se recuerda que la Consejería de Sanidad ha cerrado 17 Servicios Nocturnos de Urgencias, afectando a más de 100 municipios de esta comunidad castellana, la mayor parte de ellos en zonas aisladas, mal comunicadas y periféricas de Castilla y León, todo ello por un teórico ahorro de 1,5 millones de euros al año.
Entre los argumentos esgrimidos por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se encuentra fundamentalmente al entender que el Gobierno autonómico vulneraba la normativa de atención sanitaria que fija un tiempo máximo de 30 minutos entre un municipio y un Punto de Atención Continuada (PAC). Con la actual supresión de las Urgencias Sanitarias Nocturnas, la Junta no puede asegurar la asistencia médica nocturna a unos 50.000 ciudadanos de Castilla y León, que residen en áreas especialmente vulnerables de esta comunidad, ya sea, por las duras circunstancias climáticas invernales, nieblas, frecuentes nevadas, heladas y lluvias que complican en infinidad de ocasiones los desplazamientos por carretera en estas áreas especialmente aisladas y mal comunicadas.
Todas estas medidas inciden especialmente en la población rural, ya muy castigada con otros recortes (en dotaciones de profesores y maestros, transporte, reducción drástica en las ayudas a la dependencia; el arrasamiento del modelo de ordenación territorial con propuestas como la desaparición de las pedanías, de los ayuntamientos menores y de los partidos judiciales; el incremento de la inseguridad en el Medio Rural con recortes en el número de guardias civiles,) dificultando la vida de las familias y de las personas mayores, que en mucha mayor proporción de lo habitual, valoran la posibilidad de trasladar su domicilio a los núcleos urbanos, con el objetivo de tener garantizada una prestación sanitaria básica. Los castellanistas consideran que los recortes que imponen los gobiernos del PP al medio rural, son crueles y graves porque afectan a una población especialmente indefensa y vulnerable como es la rural, pero además desde el PCAS se estima que son unos recortes inútiles e ineficaces que no servirán ni para recortar el déficit público ni para favorecer el crecimiento económico, la actividad empresarial o la creación de empleo. Estos recortes agudizarán las tendencias existentes que favorecen la despoblación en los núcleos rurales y el envejecimiento de su población.
Además los castellanistas en su escrito hacen referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el cierre de guardias nocturnas o la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha que ha suspendido cautelarmente el cierre de guardias esta comunidad autónoma castellana, circunstancias todas ellas que también se dan en la comunidad de Castilla y León. Igualmente los castellanistas recuerdan el aumento de población que experimentan en verano estos núcleos rurales y los problemas sanitarios que indudablemente se van a causar.
Como conclusión, «los castellanistas confían en que El Procurador del Común haga entender al Gobierno de Juan Vicente Herrera la importancia de no atacar más al mundo rural, y que el ahorro económico se busque en otros campos, como en las prebendas de que gozan los políticos de Castilla y León o el gasto en propaganda institucional».
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