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Castilla nos une

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EL PCAL ACUSA AL PP DE INCUMPLIR EN BURGOS EL PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN DE RAJOY. (Enero 2010).. (24/01/2010)

La formación castellanista PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) acusa al PP de Burgos de incumplir de forma flagrante sus “Bases para el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción”, así como el “Código de Buenas Prácticas del PP” recientemente aprobados por su dirección estatal, al mismo tiempo que le reclama un compromiso sincero y práctico contra la corrupción política en Burgos, mediante el cumplimiento de diez propuestas de dignificación de la vida política en Burgos y su provincia.

El Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, establece que “la lucha contra la corrupción se convierte en uno de los objetivos principales del Partido Popular”, mientras que el Código de Buenas Prácticas del PP establece textualmente que “los cargos públicos, responsables políticos y profesionales del PP establecerán con precisión unas pautas de conducta, que va más allá de lo que establece la Ley y que asume un compromiso de autoexigencia para regenerar la vida política”. Desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-BURGOS) entendemos que la práctica política cotidiana tanto del PP de Burgos, como de sus cargos públicos en las administraciones que gobierna, se caracteriza por evitar de manera consciente cualquier medida contraria a las prácticas corruptas, o que pueda generar una vida política en Burgos que se caracterice por la transparencia, la información pública, o la austeridad.

 

Para los castellanistas burgaleses, los responsables políticos y los cargos públicos del PP en Burgos, realizan un ejercicio de la política que confunde las actividades privadas y las públicas, que sistemáticamente benefician a determinadas empresas que les son afines, que realizan numerosos gastos públicos por procedimientos que eluden el control público, que evitan la información detallada y la transparencia en sus actuaciones y que son ajenas a los principios más elementales de austeridad y  transparencia.

 

De esta manera, y aunque los Acuerdos Anti-Corrupción recientemente aprobados por el PP establecen que los cargos públicos del PP “actuarán en el desempeño de sus cargos según los principios de transparencia, eficacia y austeriadad, los concejales y diputados provinciales del PP en Burgos han realizado viajes pagados por empresas, como el efectuado por el concejal de Urbanismo Javier Lacalle y financiado por empresas de la construcción a la Costa Azul, o han viajado en número injustificado a caros viajes internacionales, como el recientemente efectuado a Argentina, por citar solo dos casos que generaron una gran alarma social entre la población burgalesa.

 

Del mismo modo, en opinión del PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos), mientras que el nuevo Código Ético del PP establece que los cargos públicos de su partido “se abstendrán de toda actividad privada que suponga conflicto de intereses con el ejercicio de su función” y que “no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”, son varios los concejales, alcaldes y diputados provinciales del PP en Burgos, que asumen responsabilidades de gobierno que coinciden o se relacionan con las actividades profesionales que efectúan en la vida privada.

 

Coherentemente con el Pacto por la Transparencia y la Corrupción del PP, desde el PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL-Burgos) se le pide que asuma y cumpla los siguientes apartados concretos del mismo:

 

§         Facilitar las Comisiones de Investigación. En los veinte años de gobierno de Orden Vigara al frente de la Diputación Provincial de Burgos, o los casi siete años de alcalde de Juan Carlos Aparicio, no se ha realizado ni una sola Comisión de Investigación en estas instituciones.

§         Elaboración de un Código del Buen Gobierno en todas las administraciones. Ni el Ayuntamiento de Burgos, ni la Diputación Provincial ni la Junta de Castilla y León cuentan con esta guía de funcionamiento.

§         Ampliar la Colaboración con los Defensores del Pueblo. Tanto Ayuntamiento de Burgos como Diputación Provincial son dos de las administraciones públicas de Castilla y León que peor atienden las quejas del Procurador del Común.

§         Generalizar las Auditorías Externas. Ni el Ayuntamiento de Burgos ni la Diputación Provincial han realizado nunca una Auditoría externa de sus cuentas, presupuestos, deudas, sistemas de contratación o transparencia de sus mecanismos de incorporación de empleados públicos.

§         Configurar la Administración en Red. El código del PP reclama que las webs públicas se incorpore la información de las comisiones de gobierno, decretos, informes de secretaría e intervención, y acuerdos de todas las áreas de gobierno (comisiones y otros órganos informativos o decisorios). Ni el Ayuntamiento de Burgos ni la Diputación de Burgos cumplen estos requisitos.

§         Publicar las retribuciones íntegras (certificados de haberes) de cargos públicos, directivos y personal de confianza. En el caso del Ayuntamiento de Burgos y de la Diputación Provincial no son públicos los ingresos de concejales y diputados provinciales, ni de los diez cargos designados por los partidos políticos, ni de los asesores, cargos de libre designación, personal de confianza, gerentes,…

§         Publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas, así como su cuantía y beneficiarios. El Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial manejan anualmente un presupuesto de decenas de millones de euros en el Capítulo IV de sus presupuestos (subvenciones), cuyos datos, ni son públicos, ni cumplen los criterios de transparencia anteriores.

§         Ofrecer publicidad en todo lo referente al planeamiento urbanístico y sus modificaciones. El Ayuntamiento de Burgos incumple el apartado de su Código Ético que especifica la publicidad y conocimiento de la ciudadanía de la tramitación de convenios urbanísticos, los cambios de propiedad en procesos de recalificación y las plusvalías derivadas del suelo por actos administrativos del Ayuntamiento.

§         Promover instrumentos de evaluación de la gestión pública. Ni el Ayuntamiento de Burgos ni la Diputación Provincial cuentan con indicadores públicos de gestión y de eficiencia del gasto estandarizado.

§         Establecer como obligatoria una Comisión de Vigilancia de la Contratación, y que esté presidida por un concejal de la oposición. Ni el Ayuntamiento de Burgos ni la Diputación Provincial cuentan con ella.

§         Evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores, prohibiendo la concurrencia de empresas del mismo grupo, y dando publicidad en la web de la administración pública de estos contratos. El Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial abusan de estas malas prácticas con profusión: dividen contratos para eludir el control y reiteran las adjudicaciones en los mismos proveedores de servicios y productos.

§         Limitar el número de cargos públicos y asesores. Nunca como ahora ha sido mayor el número de asesores, cargos de libre designación, contratados por indicaciones políticas en Ayuntamiento de Burgos y Diputación Provincial como en esta época de crisis económica, superando la treintena de personas y nunca sus sueldos fueron tan elevados.

§         Prohibir la aceptación de cualesquiera regalos. Ni concejales ni diputados provinciales en Burgos hacen público los frecuentes regalos que reciben, ni se inscriben en registro alguno.

§         Separar claramente lo público y lo privado en el ejercicio de la actividad pública, reduciendo gastos de protocolo, uso de vehículos públicos, gasto en teléfono, viajes, publicidad, etc… El Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial, han renunciado hace tiempo al principio de austeridad en la gestión económica de las administraciones públicas. No se conocen los gastos de protocolo, y la confusión entre los “actos del partido” y los “actos públicos” es continua.

 

 

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