El PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAL) y los otros dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento arandino están frontalmente en contra de la intención del equipo de gobierno de privatizar temporalmente la gestión de las multas de tráfico. Así lo pusieron de manifiesto ayer al aprobar una moción presentada por el PP para que siga en manos del Consistorio, aunque el pronunciamiento no deja de ser testimonial ya que el alcalde, Luis Briones, confirmó que seguirán adelante con esta propuesta y la aprobarán en Junta de Gobierno Local, órgano competente, en el momento que se designe al funcionario que ejercerá de instructor de los expedientes.
El portavoz del PCAL, Sebastián de la Serna, manifestó que no ve ninguna ventaja a la «externalización» y defendió «que se siga mejorando el sistema de cobro municipal», que en apenas cuatro años ha pasado de recaudar de 40.000 a 80.000 euros anuales.
Por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Ortega, reconoció que en el fondo coinciden en que el servicio debe gestionarlo en el Ayuntamiento, pero aclaró que se va a privatizar de manera temporal tan solo por dos años debido a que actualmente no se llegan a tramitar las sanciones por vía ejecutiva.
Con el apoyo del partido castellanista, PCAL y el Partido Popular, el equipo de Gobierno aprobó ayer el Plan de Acción Local de la Agenda 21; un proyecto elaborado con la colaboración ciudadana que a través de 39 acciones trabajará hasta el 2012 en tres áreas concretas, la movilidad, los servicios públicos y los residuos.
(Fuentes: modificado Diario de Burgos/El Correo de Burgos)
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