El PARTIDO CASTELLANO (PCAS), ha presentado a través de su representante en la Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) una serie de alegaciones a la propuesta de reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Para la formación castellanista resulta importante destacar que no son los municipios los causantes de la crisis ni los culpables de las altas tasas de endeudamiento del Estado o de las Comunidades Autónomas. Conviene no olvidar que de los 800.000 millones de euros de deuda de las Administraciones Públicas a fecha 31 de diciembre de 2011, unos 28.000 millones (el 3,5% de la deuda) correspondían a las administraciones locales, y la inmensa mayoría era generada por los grandes municipios, no por los municipios de menos de 20.000 habitantes que ahora se quieren eliminar u obligar a fusionarse.
Entre las medidas propuestas por el PCAS se encuentran:
• Eliminar paulatinamente las Diputaciones Provinciales, por ser entes decimonónicos, estar alejados de las necesidades del medio rural, no ser eficaces ni eficientes y ni siquiera ser elegidos de manera directa por los ciudadanos, sino que sus miembros son elegidos por razones y decisiones puramente de poder político partidista.
• Descentralizar administrativa en comarcas y mancomunidades, que pasarán a ejercer las funciones asignadas a las Diputaciones y aquellas que le sean encomendadas tanto por los municipios que libremente se adhieran como por las Comunidades autónomas. En todo caso, toda transferencia de competencias a estos órganos se realizará con la consiguiente dotación económica y, los miembros de las comarcas y mancomunidades, serán elegidos de manera democrática y directa por los ciudadanos.
• Elaborar un proyecto de Financiación integral de las Haciendas Locales, de manera que los entes locales reciban medios económicos suficientes y de manera transparente para su funcionamiento.
• Definir de forma clara el marco competencial de los municipios que debe llevar aparejada la suficiencia financiera de los mismos y los máximos niveles de transparencia. Las corporaciones locales estarán obligas, por Ley, a detallar minuciosamente sus ingresos y gastos y a hacerlos públicos de una manera clara y concisa, poniéndolos al alcance de todos los ciudadanos para su conocimiento de manera trimestral.
• Los municipios, en su libertad de decisión como entes con autonomía propia, podrán decidir el traspaso de sus competencias, excepto aquellas que la Ley especifique como intransferibles, a las comarcas o mancomunidades, sin que en ningún caso pueda obligárseles a ello por las CCAA o el Estado.
Estas puntualizaciones han sido ya trasladadas a la FRMP para su conocimiento y debate.
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