Luis Marcos reivindica un nuevo Estatuto que sitúe a Castilla y León en primera línea y exige que las prioridades de la Comunidad no se vean solapadas por intereses partidistas. Cree que el actual modelo autonómico ha fracasado y responsabiliza de ello tanto a Juan Vicente Herrera como a Ángel Villalba, al entender que no hacen sino defender los intereses nacionales de Zapatero y Rajoy. La reclamación del patrimonio expoliado se ha convertido en una de las señas de identidad de Tierra Comunera, que aspira a dirigir la tercera fuerza de la región.
TC se ha convertido en al abanderada de la devolución del patrimonio castellano expoliado. ¿Esta reivindicación ha conseguido algún fruto concreto?
Estamos satisfechos porque un partido de pequeñas dimensiones como es el nuestro ha conseguido llevar este debate al conjunto de la sociedad. La población se ha sensibilizado con un hecho gravísimo desconocido, como es que más de 2000 obras de arte estén en museos fuera de nuestra tierra. Es lamentable que mientras en otras comunidades ha habido un movimiento institucional paralelo, en Castilla y León eso no ha ocurrido. Juan Vicente Herrera se está comportando como un verdadero cómplice del expolio porque no sólo no hace nada para realizar el inventario sino que tanto él como la Consejera de Cultura, Silvia Clemente, demuestran una absoluta inoperancia. Es algo único en España.
TC ha realizado numerosos actos solicitando la implicación ciudadana; ¿Qué respuesta ha encontrado?
Muy positiva. Los ciudadanos están ávidos de información porque desconocen muchas veces cómo se ha producido el robo, la salida, el expolio, la venta irregular de esas obras y comparten esa especie de dolor por esa pérdida; la salida de obras de arte se ubica en otro contexto de agresiones a nuestra tierra como la inmigración, la crisis del medio rural y la despoblación.
¿Dejarías que se llevaran el Arco de Santa María de Burgos a Barcelona?. El mensaje de la campaña de Tierra Comunera es muy crítico con Cataluña. ¿Servirá para conseguir adhesiones?
Creemos que es muy grave que las administraciones lo dejen pasar de forma desapercibida y es importante despertar las conciencias con iniciativas contundentes. Es una llamada de atención porque el expolio del arte tiene dos facetas; el punto de vista del que se ha llevado las obras y otro del que ha sido cómplice y ha permitido su salida.
¿Por qué la Junta no actúa?
Se escuda en la falta de recursos para evitar la protección integral; en que la cantidad de patrimonio es muy amplia. Pero es una excusa peregrina porque la Junta despilfarra millones en cuestiones menos importantes. A nuestro juicio es clave porque es un patrimonio en el medio rural, en comarcas abandonadas y en situación crítica y su puesta en valor puede ser un revulsivo para el desarrollo endógeno de esas comarcas.
¿Por qué los demás partidos no se implican; parece que la reivindicación es sólo de TC?
La realidad política se reduce a un bipartidismo en la práctica de PSOE y PP. Por el modelo que propugnan, no desean involucrarse más porque posiblemente molestarían a sus responsables estatales, Rajoy y Zapatero. La apatía que Herrera y Villalba demuestran se da en otros casos como el Estatuto.
Precisamente, PP y PSOE han alcanzado en las Cortes un principio de acuerdo para pactar la reforma estatutaria. ¿Cómo valora este acercamiento inicial?
Creemos que el debate de la reforma ha estado secuestrado. Con media docena de comparecencias casi a puerta cerrada en Fuensaldaña se ha pretendido liquidar la posible participación ciudadana, y se ha alcanzado un pacto para repetir los mismos errores de hace 25 años. Herrera y Villalba han pactado una reedición de ese acuerdo. El análisis que hacemos es que supondrá volver a situar a Castilla y León en el furgón de cola de las autonomías; se desaprovecha esa oprtunidad.
¿Castilla y León es una nacionalidad histórica?
A nuestro juicio, clarísimamente. Pero ¿por qué no se reconoce en el Estatuto? El debate de nacionalidad histórica es sobre la calidad de vida, sobre si habrá dinero para inversiones e infraestructuras, si los mayores tendrán pensiones y si la educación o sanidad serán de segunda clase. Ese es el debate que queda secuestrado.
¿Cómo debería ser el modelo de financiación autonómica?
Se va a primar la población y la participación en el PIB, dos aspectos letales para nosotros. Castilla dejará de recibir mucho dinero por una financiación a medida de las comunidades periféricas y coincidirá con otros recortes: dejará de llegar la PAC; y los fondos estructurales tampoco van a llegar en la misma cantidad.
TC tiene la vista puesta en las próximas elecciones locales y autonómicas. ¿En que momento se encuentra ese proceso?
El 2007 es el momento clave para romper el bipartidismo, que no favorece la participación y provoca fenómenos oscurantistas como se ha visto en la renovación de los órganos de las Cajas de Ahorro de la región, donde se han primado criterios de mero reparto de poder. Poe eso hace falta una renovación política profunda. Esa ruptura debe hacerse por parte de una fuerza endógena de la región, que no sea subordinada, y ahí es donde TC va a jugar un papel importante. Queremos unir fuerzas de colectivos y organizaciones para romper la mayoría absoluta y crear otra forma de hacer política. La suma de concejales nos sitúa como la tercera fuerza en la región.
La propuesta de Estatuto de TC señala que son necesarias cuarenta competencias nuevas, ¿Cuáles son prioritarias?
Previamente al debate de exigir nuevas competencias, es necesario proceder a una reordenación de las mismas porque existe confusión y muchas se ejercen simultáneamente y sin coordinación desde la administración local, autonómica y estatal. Creemos que hay competencias claves como es la gestión del agua; la gestión integral del patrimonio y la de infraestructuras porque de ello depende la política de cohesión. Depender del Gobierno Central para conseguir infraestructuras nos limitará nuestro crecimiento.
