En Castilla, amparados por el crecimiento económico de la última década, se multiplican los escándalos sobre corrupción urbanística, recalificaciones de terrenos, adjudicaciones de contratos públicos, etc. en Ayuntamientos grades o pequeños.
La Ley del Suelo de 1998 declara urbanizable todo el suelo, permitiendo a los especuladores la compra de grandes superficies de suelo a precio muy bajo, que posteriormente son vendidos a precio de terreno urbanizable, generando grandes plusvalías y comisiones ilegales de por medio, sin que el propietario haya invertido en equipamientos y servicios necesarios en un suelo urbanizable. La penuria financiera de los Ayuntamientos que se ven obligados a completar una financiación insuficiente, la tremenda diferencia de precio entre los suelos rústico y urbanizable, permite que en ese mismo momento coincidan los intereses de: Los propietarios del suelo, a los que una decisión administrativa de recalificar un suelo les generara unas plusvalías millonarias, los promotores, los de las constructoras y los de los especuladores, permitiendo enriquecimientos ilícitos a la sombra de la corrupción urbanística.
Lo que no se sabe todavía es que parte del dinero tiene como fin la financiación de los partidos políticos y que parte del dinero se queda en manos de particulares. Las sospechas sobre la financiación ilegal de los partidos han ensuciado la vida municipal castellana y española en los últimos años. Pero lo que es difícil es poder separar la corrupción en las instituciones de los partidos políticos, y la corrupción individual de los cargos públicos, designados a su vez por las formaciones políticas. Todo son sospechas con el urbanismo. Tanto que los dos grandes partidos lo han convertido en un arma utilizada contra el rival.
Solucionar el problema de la corrupción urbanística es mucho más complejo de lo que parece, para empezar implica una reforma de la Ley del Suelo, pendiente de debatir en el Congreso, una ley que vuelva a hacer distinción entresuelo rural y urbanizado, y que atribuya al suelo el valor de su situación actual y no en función de su desarrollo futuro; mejorar los controles sobre las recalificaciones urbanísticas; el desarrollo de un Código Ético que garantice transparencia en las tramitaciones urbanísticas; así como una serie de medidas encaminadas a reforzar las incompatibilidades de los responsables políticos y administrativos relacionados con la gestión urbanística. Además, se hace necesaria una gestión del territorio coordinada entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sin olvidar una reforma del modelo de financiación de los partidos políticos.
La sociedad está demandando de los partidos políticos un ejercicio de higiene democrática para limpiar sus filas de aquellos personajes que entienden la política como un negocio en beneficio propio o del partido. La confianza en las instituciones se desmorona. Hay que terminar con la tentación que sienten muchos ciudadanos de este país de valorar a todos los políticos por igual. En manos de las formaciones políticas queda que esta no sea una oportunidad perdida.
El urbanismo necesita un cambio urgente de rumbo, y una nueva política urbanística y del territorio. Un modelo de desarrollo sostenible, y una política territorial que determine los usos del suelo en función del interés colectivo.
