DEUDA HISTÓRICA CASTELLANA
Recientemente, los parlamentarios autonómicos de Castilla y León del PP y del PSOE, han acordado una reforma del Estatuto de Autonomía esta Comunidad que sigue dejando a este territorio y a sus gentes en el furgón de cola del Estado Autonómico. Si en 1983 fueron razones de Estado las que hicieron que Castilla-León se quedara en autonomía de segunda, esta vez ha sido la voluntad de sus representantes políticos, de las huestes de Herrera y Villalba, las que han consumado la gran decepción de que esta Comunidad no se siente de igual a igual con las denominadas nacionalidades históricas, que volvamos nueva y humillantemente a la segunda división del Estado Autonómico.
Nuestro nuevo Estatuto no nos reconoce como nacionalidad histórica, no garantiza la suficiencia financiera de nuestra hacienda, no asume con exclusividad la gestión de nuestras aguas, no plantea soluciones para problemas como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión, no reclama nuestro patrimonio artístico expoliado, no desarrolla la comarcalización, no crea una televisión autonómica pública, no descentraliza las instituciones acantonadas en Valladolid, no asume el mismo techo competencial que otras autonomías, y no nos proporciona en suma un futuro de esperanza; ¡más mediocridad y más discriminación!.
Uno de los aspectos que ha pasado más desapercibido de la presente reforma estatutaria de Castilla y León, ha sido el acuerdo entre Villalba y Herrera para no incluir en el mismo el pago de la Deuda Histórica que el Estado tiene con esta Comunidad Autónoma. Sorprende este hecho, pues el PSOE regional, cuando en Madrid mandaba Aznar reclamó en numerosas ocasiones este concepto, así mismo las hemerotecas nos recuerdan en este sentido reivindicativas exigencias del en su día presidente autonómico Juan José Lucas, contra el gobierno central, eso sí, cuando presidía el socialista Felipe González. Ahora, los dos grandes partidos centralistas de nuestra Comunidad, a la chita callando, han dejado caer la Deuda Histórica de nuestro Estatuto.
Otros no han sido tan generosos. Una de las primeras medidas del gobierno central que preside Rodríguez Zapatero, fue en 2004, la entrega a cuenta de 2.500 millones de euros al gobierno andaluz, que dirige el socialista Chaves, en concepto de anticipo del pago de la deuda histórica que el Estado tenía con la Comunidad de Andalucía. En Baleares, el acuerdo PP-PSOE estima en 3.000 millones de euros de financiación adicional, la cantidad extra que recibirán las islas (¡la comunidad de mayor renta per capita española!) para su financiación en 7-10 años como deuda histórica. En Galicia se avanza un consenso para que su reforma estatutaria incluya el pago de su deuda histórica partiendo de los 21.000 millones de euros calculados por el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y en Aragón, el propio Zapatero se ha comprometido a su cuantificación, y Llamazares amenazó al PSOE con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2007 si no se incluye la deuda histórica de Extremadura.
Estas reclamaciones también nos sirven para interrogarnos acerca de la situación de Castilla; ¿no tiene el Estado una deuda histórica pendiente con esta tierra?; ¿qué conceptos podrían ser incluidos en esta Deuda Histórica del Gobierno Central para con la comunidad castellana?.
Como Deuda Histórica deberían conceptuarse en Castilla, la merma en los tributos cedidos, las transferencias infradotadas económicamente como es el caso de la Sanidad, la insuficiente aplicación del Fondo de Compensación Interterritorial, la no consideración de criterios por despoblación y envejecimiento en la financiación de los servicios a prestar, la ausencia o retraso de inversiones en determinadas infraestructuras, la utilización de nuestros recursos naturales o energéticos (agua, electricidad, ahorro,…) sin contraprestaciones y sin tener en cuenta la valoración del coste de expectativas, el trato discriminador a nuestra minería privada- frente a la asturiana pública-, los recursos no percibidos por la competencia desleal y fronteriza en materia de tributación y beneficios fiscales a empresas por parte del País Vasco, el papel primordial que juega esta Comunidad en materia ambiental y patrimonial y, finalmente, la compensación por las consecuencias sociales, económicas y territoriales del modelo de desarrollo desvertebrador impuesto por el Estado Español que han favorecido a la periferia en detrimento de las comunidades del interior.
La reivindicación del pago de la Deuda Histórica que el gobierno central tiene con Castilla-León, es una obligación permanente que las gentes de esta tierra no deben olvidar, máxime en unos momentos claves para nuestra tierra, donde el próximo recorte en las ayudas europeas, la supresión de los fondos agropecuarios, y la redefinición del Estado de las Autonomías y de su financiación, en una clave netamente discriminatoria y asimétrica, se ciernen como serias amenazas a nuestra viabilidad como pueblo.
Luis Marcos,
Secretario General de TIERRA COMUNERA (TC)
