Y aunque su existencia nos suena a medieval, los bienes “comuneros” o “comunales”, mayoritarios todavía en muchos de estos pueblos, están aun hoy en pleno siglo XXI constituidos por montes, prados, terrenos, edificaciones… que mantienen su condición de bienes no enajenables, revertiendo sus ingresos y rentas al conjunto de la comunidad. Así, en condiciones durísimas, durante siglos y siglos, las gentes serranas, montaraces y pinariegas soportaron unas inimaginables condiciones de vida, compartiendo los recursos forestales del monte, los pastos de los prados, la miel, la leña, las setas, las bellotas, la piedra, la madera, los frutos del bosque, la caza y todos los productos que la naturaleza les ofrecía, y que con una explotación manifiestamente sostenible, permitía a quienes peor lo pasaban de la comunidad sobrevivir de manera colectiva.
Todavía hoy, en España, existen 4 millones de hectáreas de propiedades “comunales o comuneras”, fundamentalmente en manos de diminutas entidades locales menores y de pequeños ayuntamientos, sobre los cuales se cierne amenazante la codicia de las grandes administraciones, el Estado Central y las Autonomías, que babean por asignarse unos recursos que, convenientemente malvendidos a sus amigos, les permitan enjuagar parte de la cuantiosa deuda que la corrupción, la especulación y el despilfarro han generado. Cuatro millones de hectáreas de propiedades comunales o comuneras, al servicio del Común, que equivalen a casi tres veces la superficie total de la provincia de Burgos, y que han ido menguando desde hace unos 180 años, ya que entonces se extendían por España con una superficie total de 20 millones de hectáreas.
Y sería una lástima que desaparecieran las propiedades comunes de los pequeños pueblos, pues atesoran un patrimonio acumulado fatigosamente por generaciones y generaciones de laboriosos serranos, a lo largo de más de mil años, y que hoy puede convertirse en un recurso de primera magnitud para el desarrollo rural auténtico, endógeno y basado en la explotación sostenible de los propios recursos, que sea un instrumento eficiente en la lucha contra la despoblación y el envejecimiento y como eje tractor que haga retornar a los jóvenes al ámbito rural.
Pero cuando comencé esta reflexión no pretendía volver nostálgico a unos tiempos pasados, hoy tan amenazados; quería más bien construir, sobre la sólida y orgullosa experiencia de nuestros mayores en la gestión de las propiedades comunales y comuneras de los pueblos, una propuesta de gestión participativa que se extienda a toda nuestra sociedad, y especialmente a los servicios públicos de proximidad en el ámbito urbano.
Los castellanos tenemos en la tradición comunal y comunera un inmejorable ejemplo, que ya ha demostrado su utilidad y su aceptación, que además se construye sobre prácticas participativas, donde todos somos iguales, donde la democracia participativa y el bien común son las únicas reglas. Así, la gestión participativa del común, que hasta ahora ha servido para que en el ámbito rural se gestionen de forma común recursos agrícolas, forestales, ganaderos, puede ser extraordinariamente útil para prestar de forma más eficiente y participativa determinados servicios públicos de proximidad, también en los barrios de nuestras ciudades, contribuyendo además a fortalecer un languideciente tejido asociativo vecinal, tejiendo complicidades entre las personas y dejando cada vez menos espacio a la burocracia municipal, y a esa maraña de intereses tejidos entre políticos y empresas subcontratadas.
Los vecinos, el común, puede ser un brazo enérgico que, de forma radicalmente democrática y participativa, asuma la gestión colectiva de las dotaciones e infraestructuras de su entorno más cercano, a través de una Gestión Participativa o Cogestión. Los vecinos y las vecinas del barrio pueden ser dueños responsables y gestores eficaces del común, abriendo y manteniendo los polideportivos de los colegios que permanecen cerrados y ociosos fuera del horario escolar, pueden cuidar y crear zonas verdes, espacios públicos de convivencia, dotaciones cívicas, sociales y culturales. Y pueden hacer todo ello con la colaboración de la gente, empoderando a la ciudadanía, decidiendo en el día a día lo que es necesario y lo que no, gestionando los presupuestos económicos, utilizando unas cantidades de recursos ridículas frente a la desmesura con que los ayuntamientos imponen sus tasas e impuestos municipales, para prestar unos servicios cada vez más escasos y de peor calidad.
Recientemente, el Partido Castellano (PCAS) ha realizado una propuesta interesante en este ámbito, orientada a favorecer la implicación de la gente en la recogida selectiva de residuos en las “islas ecológicas” que pueblan nuestras calles. Nace la idea del balance decepcionante de la evolución de la recogida selectiva en Burgos, que lleva varios años reduciendo las cantidades de residuos recuperadas y estancadas y carentes de imaginación las iniciativas del Ayuntamiento para incrementar el vidrio, papel y cartón, y los envases de plástico y metales que se recogen en los contenedores de recogida selectiva ubicados en la vía pública. Así, en el periodo 2009-2013, la recogida de vidrio se ha reducido en un 8,5% (hasta las 3,25 millones de toneladas), la de papel y cartón en un 4% (hasta las 4,6 millones de toneladas) y la de envases en un 3,5% (hasta las 2,5 millones de toneladas).
A mi juicio, son insuficientes las indolentes justificaciones del PP en el consistorio burgalés, atribuyendo a la crisis económica estas reducciones y olvidando la eliminación casi completa de campañas formativas en reciclaje, gestión de residuos y medio ambiente, y la ausencia absoluta de implicación de la ciudadanía en estos procesos, así como al efecto de la corrupción y la deslegitimación de las instituciones, lo que provoca la desconfianza generalizada de la población respecto a las acciones municipales.
Parece interesante proponernos, como instrumentos para incrementar la recogida selectiva de residuos reciclables, la implicación de la ciudadanía y los colectivos sociales, garantizando que el 100% del dinero obtenido de la valorización de los residuos de la recogida selectiva se destine a actuaciones concretas de mejora en los barrios, y que estas inversiones sean elegidas y priorizadas por los propios vecinos a través de su tejido asociativo. Igualmente, sería extraordinariamente útil implantar el cuarto contenedor, para la recogida exclusivamente de materia orgánica, destinada a la obtención de compost de alta calidad.
Todo ello redundaría, según las estimaciones realizadas, en incrementar los retornos económicos hasta una cifra superior a los 2.000.000 euros anuales, mejorando la calidad ambiental, reduciendo rechazos destinados a vertederos y su contaminación, incrementando la sensibilidad ecológica de la población y fortaleciendo el músculo asociativo en los barrios y las prácticas de democracia directa y participativa. Esa cantidad de 2.000.000 euros supondría que para muchos barrios de Burgos las inversiones por retornos de la recogida selectiva sería mayor a la que habitualmente les dedica el consistorio burgalés, y la elección por parte de los propios vecinos de la prioridad de las intervenciones (arreglo de calles, mobiliario urbano, parques infantiles, iniciativas sociales, programación cultural, adecentamiento de rincones insalubles, creación de jardines, repoblaciones, etc…) garantizaría el fortalecimiento del tejido ciudadano y vecinal, y el diseño de prácticas democráticas participativas en los barrios.
El objetivo debe ser situar la tasa de reciclaje pasando del actual 17% en un 25% para vidrio, papel, cartón y envases (algo razonable y que aún así estaría por debajo de la mayor parte de los ayuntamientos próximos de las Comunidades del País Vasco y Navarra). Si a ello se añade una recogida de residuos orgánicos fermentables en contenedor marrón que implicara la producción de unas 10.000 toneladas de compost de alta calidad (de las 70.000 toneladas de residuos genéricos que se recogen actualmente al año), la implementación de todas estas medidas supondrían que los retornos económicos anuales por la recogida selectiva ciudadana serían de en torno a los dos millones de euros anuales (en 2013 fueron de 1.152.000 euros), a aplicar directamente en necesidades de los barrios.
Todas estas medidas pueden incrementar la recogida de vidrio hasta los 5 millones de kilogramos anuales, hasta 8 millones de kilogramos anuales la recogida de papel y cartón y hasta los 4 millones de kilogramos la recogida anual de envases del contenedor amarillo. Una muestra, pequeña y modesta, pero que encierra un enorme potencial que demuestra que quizás los mejores tiempos de la Gestión Participativa del Común, no solo no han terminado, sino que quizás, estén por llegar.
Artículo de opinión de Luis Marcos, Secretario de organización del PCAS, publicado en burgosconecta.es.
(Fuente: http://burgosconecta.es/blogs/latenadadelcomun/)
