Domingo Hernández cree imprescindible una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Burgos que arroje luz sobre algunos sonoros casos de corrupción municipal que se han cerrado en falso, como son las vinculaciones familiares y empresariales del dimitido concejal Santiago Braceras en el Área de Obras, conocer el uso dado por el cesado concejal Eduardo Villanueva por las tarjetas de datos móviles que supusieron factura de telefonía superiores a los 207.000 euros o los elevadísimos y opacos contratos con la empresa GOWEX. Para el PARTIDO CASTELLANO “ TIERRA COMUNERA (PCAS-TC), es esencial que esta Comisión Municipal investigue la relación existente entre el Ayuntamiento de Burgos y algunos de sus concejales con el Saqueo de las Cajas de Ahorro burgalesas, que supuso la desaparición de Caja Círculo y Caja Burgos o con las irregularidades asociadas con la Construcción del Nuevo Hospital de Burgos, donde el Ayuntamiento no ha controlado la adecuación al Proyecto Inicial de los sucesivos modificados y ha dado la licencia de fin de obra sin que se ejecutaran algunas actuaciones previstas. Domingo Hernández cree que el nuevo ciclo político que se abre en el Ayuntamiento exige investigar la actuación económica de todos los organismos de gestión externalizada que ha creado el PP como el Plan Estratégico, la Fundación Burgos 2016, la Fundación Burgos Proyecta o la Oficina de Congresos, que han actuado con total opacidad y sin cumplir el régimen de funcionamiento de las Administraciones Públicas. El candidato castellanista cree que la Comisión de Investigación es el órgano adecuado para fiscalizar la enorme deuda oculta y externalizada del Ayuntamiento de Burgos, en los Consorcios de Villalonquéjar IV, Desvío del Ferrocarril y Sobrecoste del Desvío, que elevan la deuda real municipal a más de 500 millones de euros.
Los castellanistas impulsarán también a partir del 24 de Mayo en el Ayuntamiento de Burgos, una Auditoría Integral de Cuentas de la gestión económica del consistorio en los últimos 12 años, ante la posible comisión de irregularidades en las adjudicaciones de obras y servicios y de presuntos sobrecostes en la realización de numerosas actuaciones. Los castellanistas sospechan de la comisión de posibles delitos de corrupción económica en la gestión económica de los equipos de gobierno del PP en el consistorio de Burgos, y apostarán de manera prioritaria en la próxima legislatura por “levantar todas las alfombras del ayuntamiento y abrir todos los cajones de los edificios municipales” al objeto de que la ciudadanía conozca con detalle cómo se ha gestionado el dinero público, las relaciones entre políticos y empresarios en Burgos, los sobrecostes en obras y servicios, la legalidad de las adjudicaciones y contrataciones municipales. Para el PARTIDO CASTELLANO “ TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) esto solo puede acometerse con una Auditoría exhaustiva y transparente de la gestión económica del PP en los últimos 12 años, algo que reclama de forma unánime la ciudadanía burgalesa, que tras su gran preocupación por el paro, reclama como segunda prioridad acabar con la corrupción en las instituciones.
Los castellanistas recuerdan que durante estos 12 años el Ayuntamiento de Burgos, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha gestionado en torno a 2.400 millones de euros (lo que equivale a 14.000 euros por habitante; más de 55.000 euros por unidad familiar) y ha licitado obras por importe de en torno a 350 millones de euros. Especialmente preocupante es para el PARTIDO CASTELLANO “ TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) es coste manifiestamente excesivo de algunas grandes obras municipales, que exigiría un minucioso estudio de su desarrollo y ejecución, la auditoría de las diferentes certificaciones de obras, y la valoración del coste efectivo y real de las mismas. En esta situación se encuentran, al menos, veinte grandes obras de los mandatos de Aparicio y de Lacalle, realizadas con los fondos del PLAN E, que se realizaron adjudicaciones “express” sin las necesarias garantías y además por costes superiores a lo realmente ejecutado, y que según técnicos consultados por esta formación castellanista evidencian una media del 15% de exceso de coste respecto a lo realmente realizado. Como ejemplo, desde el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se citas las carísimas e innecesarias obras de Peatonalización realizadas en 2009 y 2010 en el Centro Histórico: 2,864 millones de euros las repeatonalizaciones de San Lorenzo, San Carlos, Sombrerería, Diego Porcelos y Oviedo; 4,311 millones de euros, la repeatonalización de las calles La Puebla y las obras en la C/ San Lesmes; 3,78 millones de euros las repeatonalizaciones de las calles Concordia y obras en C/Santander. También considera adjudicadas por encima de su coste efectivo las obras de Rehabilitación de la estructura del cauce del río Vena en calle Gran Teatro (2,681 millones de euros), las actuaciones en el Puente de Castilla (3 millones de euros), la urbanización del Paseo de la Sierra Atapuerca (14 millones de euros), el Plan Catedral XXI (4,593 millones de euros), el Acondicionamiento del Paseo de la Isla (3,825 millones de euros) y la Urbanización de varios tramos del Bulevar Ferroviario, por importe superior a los 64 millones de euros.
