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Castilla nos une

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Las nuevas medidas contra la morosidad de las administraciones públicas. (Julio 2013).. (25/07/2013)

Artículo de opinión de J. Félix García de Pablos, Doctor en Derecho.

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros, ha establecido una serie de medidas con el objeto de reducir dicha morosidad para facilitar la financiación de las empresas y promover el crecimiento económico.

El citado Real Decreto-ley 8/2013 establece la tercera y última fase del llamado mecanismo para el pago a proveedores, como medidas de carácter coyuntural y extraordinaria, que ayuden a las Administraciones autonómicas y locales a reducir su deuda comercial acumulada. Con ello se pretende la eliminación de la citada deuda comercial con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, del registro contable, del período medio de pagos, en definitiva de los controles establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Si bien el paso año se aprobó el Real Decreto-ley 4/2012, como mecanismo extraordinario de financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas, que fue seguido con la aprobación del Real Decreto-ley 4/2013, y que puso en marcha la segunda fase del citado mecanismo y ampliándolo a las mancomunidades de municipios y a las Entidades Locales de las Comunidades forales. Los retrasos acumulados de pagos de los municipios han determinado la aprobación de la última y tercera fase del referido mecanismo.
El Real Decreto-ley 8/2013 pone a disposición de los municipios, que se encuentran a situaciones de especial dificultad para hacer frente a los pagos corrientes, de un conjunto de medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez, de carácter temporal y voluntario, que les permita hacer frente a las deudas, liquidas, vencidas y exigibles con anterioridad a 31 de mayo de 2013, con sus proveedores. Deudas por contratos de obras, suministros de agua, energía, arrendamiento, etc. No obstante, quedan excluidas las deudas con respecto a otras Administraciones Públicas, salvo encomiendas de gestión, los conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.
El pago al proveedor conllevará la extinción de la deuda contraída con la Comunidad Autónoma o Entidad Local, junto con los gastos accesorios. Por otra parte, los acreedores de estos proveedores, incluidos en la nueva fase del mecanismo de pago, que hubieran presentado la declaración anual informativa sobre operaciones con terceras personas o declaraciones informativas sobre operaciones incluidas en los libros registros, relativos a la información correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012, podrán conocer y acceder, a través de la página de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si dichos proveedores han aceptado el pago de su deuda a través del mecanismo y si están incluidas en las relaciones enviadas por la Comunidad Autónoma o la Entidad Local al Ministerio de Hacienda.
Las Comunidades Autónomas, junto con el resto de Entidades, organismos y entes dependientes de aquélla, podrán acogerse a este mecanismo, por las deudas contabilizadas y vencidas a 31 de mayo de 2013, incluidas las transferencias de las Comunidades Autónomas a Entidades Locales, hasta el límite de las obligaciones de pago a 31 de diciembre de 2012. También podrán incluirse las deudas de las Universidades, con el respeto al límite anterior, previendo el Real Decreto-ley 8/2013 el procedimiento para hacer frente a los pagos relativos a los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y servicios sociales, los convenios de colaboración, así como las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales, transferencias a Universidades y Entidades Locales.

Respecto de las Entidades Locales, podrán acceder a dicho mecanismo dichas entidades, además de las mancomunidades y consorcios, que tengan obligaciones pendientes relativas a ejercicios anteriores a 2013 y contabilizadas a 31 de mayo de 2013. Estas entidades tendrán de plazo hasta el 19 de julio de 2013 para el envío por vía telemática al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la relación certificada de las obligaciones pendientes. Desde el 25 de junio de 2013 hasta el 6 de septiembre de 2013 los proveedores podrán consultar la citada relación y, aceptar, en su caso, el pago de la deuda a través del referido mecanismo. Además los proveedores no incluidos en la relación inicial, podrán pedir hasta 6 de septiembre de 2013 el reconocimiento de su deuda para su abono a través del indicado mecanismo.
Además, las Entidades Locales deberán presentar un Plan de ajuste, si las entidades implicadas pretendiesen formalizar una operación de endeudamiento para financiar las obligaciones de pago con cargo a la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores. Plan que habrá de presentarse hasta el 27 de septiembre de 2013 por vía telemática. Será el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que realice una valoración antes de finalizar este año, en caso contrario se considerará desfavorable.
Por otra parte, el Decreto-ley 8/2013 regula, en segundo lugar, medidas extraordinarias, de carácter temporal y voluntario, de apoyo a la liquidez de los municipios, con problemas financieros. Es decir, que presenten ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en términos consolidados, en los dos últimos años, o que tengan deudas con acreedores públicos, pendientes de compensación mediante retenciones de la participación en tributos del Estado, superiores al 30% de sus ingresos no financieros, o con una deuda superior a un millón de euros por préstamos concertados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. Mediadas extraordinarias, que podrán consistir en la participación en los tributos del Estado, consistentes en concesión de anticipos con cargo a tributos del Estado (año 2014), la ampliación del período de reintegro de los saldos en las liquidaciones de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009, y la reducción del porcentaje de retenciones por participación en tributos del Estado para compensar las deudas con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública Estatal. Deudas con Seguridad Social y con la Hacienda Pública Estatal cuyo pago puede ser fraccionado, previéndose, exclusivamente para el año 2013, la solicitud de autorización para que operaciones financieras a corto plazo se conviertan en operaciones a largo plazo.
Estos municipios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, que deberá prever una reducción del 5% de los gastos de funcionamiento (capítulos 1 y 2) de los presupuestos, y no aumentarlos los dos ejercicios siguientes, financiar íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos, y que las ordenanzas fiscales no establezcan la supresión o reducción de la carga tributaria de los tributos. La relación de municipios con problemas financieros se publicará en el lazo de un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2013, pudiéndose acogerse en el plazo de dos meses a partir de dicha publicación el resto de municipios a las diversas modalidades de apoyo previstas. Estos municipios quedarán bajo el control del al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, respecto de las medidas y condiciones por las que han accedido a la ayuda del Estado.
No obstante, con carácter general, los municipios que resulten beneficiarios de las medidas de apoyo deberán de disponer de una cuenta bancaria de uso restringido, no incrementar la deuda con acreedores públicos, no concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo, etc.

 

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