Bravo, Padilla y Maldonado fueron las cabezas visibles del movimiento, pero tras ellos hubo gentes de la mayoría de clases sociales.
Esa relación, revisada nombre a nombre por el propio emperador, es un testimonio privilegiado para analizar quiénes fueron los otros comuneros, los hombres y mujeres que ocuparon puestos relevantes en el movimiento de las comunidades, a los que la Historia ha relegado a un segundo término en favor de los tres líderes citados.
«En la lista de excluidos del Perdón aparecían los jefes militares, los procuradores de la Junta, los funcionarios de la Junta o de las juntas locales, los eclesiásticos
Todas las categorías sociales se hallaban representadas en ella», escribe en Los comuneros el principal estudioso de ese episodio histórico, el francés Joseph Pérez.
Según detalla el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, Luis Ribot, la ausencia en la batalla de Villalar de muchos de los protagonistas de la revuelta ensombreció su repercusión histórica. Pero, además, «algunos nobles urbanos habían tenido problemas con Padilla y estaban apartados, y otros se habían alejado por motivos particulares, rencillas por el mando del ejército o tensiones no tanto ideológicas como personales», añade.
Ese proceso de desmembramiento se justifica con otra apreciación que realiza: «Hay que tener en cuenta que la comunidad que llega al final es la más radical. No les agradaba la evolución comunera, que sufrió una radicalización coincidiendo con la fase en que la cabecera de la Santa Junta tuvo su sede en Valladolid».
La iglesia. Uno de los pilares fundamentales de la consolidación de las comunidades fueron los frailes, que tuvieron «una importancia decisiva», según Ribot, en la extensión al pueblo bajo, menos culto, del malestar y de las ideas que están en las bases de la comunidad: «Si el poder del reino se reforzaba mucho, como pretendía Carlos V, anulaba otros poderes, como el de las ciudades a través de las Cortes, el de los nobles a través de los Consejos o el de los eclesiásticos, que también ejercían una notable influencia».
El papel de esos frailes comuneros (en la relación de excluidos del Perdón aparecen hasta 21) se expandía desde las universidades hasta los púlpitos de los pueblos y ciudades. Más allá, dominicos como Alonso de Medina y Alonso de Bustillo, o franciscanos como Juan de Bilbao, se erigieron como teóricos de la revolución e iniciadores del movimiento, con su carta de reivindicaciones elevada a las Cortes en febrero de 1520.
Un caso singular es el de Don Antonio de Acuña, obispo de Zamora y capitán de un batallón de 300 sacerdotes que participó en la batalla de Tordesillas en 1520. Excluido del Perdón, «debió haber sido ser ejecutado en agosto de 1522, pero su calidad de príncipe de la Iglesia le permitió obtener un trato especial y un aplazamiento, que habría podido prolongarse hasta asegurarle la inmunidad si él mismo no hubiera complicado la situación con una tentativa de fuga acompañada del asesinato de su carcelero», relata el cronista francés. Acuña falleció a garrote vil el 24 de marzo de 1526, y se colgaron sus despojos en las almenas del Castillo de Simancas.
Implicación de la nobleza. Ribot se muestra contundente al afirmar que «la alta nobleza no participa en las comunidades, se queda a la espera, a ver qué ocurre, y al final serán ellos quienes aporten al ejército real a los principales hombres». «En el fondo quieren sacar tajada de los problemas del rey. El poder real se incrementaba fuertemente en Castilla y los nobles no veían con agrado esa evolución. Cuando en el verano de 1520 se desencadenaron los levantamientos antiseñoriales, que atentaban directamente contra su poder, la mayoría de ellos, como el condestable de Burgos o el duque del Infantado, se pasaron al bando real», argumenta.
Donde sí encontró notables apoyos el levantamiento comunero fue en la nobleza media o urbana (una quinta parte de los incluidos en el Perdón, con 63 personas), lo que Ribot califica como caballeros del patriciado urbano, un estamento en el que se podría incluir a los tres jefes militares de los comuneros, ya que tanto Bravo como Padilla y Maldonado «eran nobles sin más título que el de Don, que era genérico».
Dentro de esa oligarquía aparecen figuras como el mencionado Girón, resentido con Carlos V después de que éste no le entregara el Ducado de Medina-Sidonia, que se retiró a la clandestinidad tras la batalla de Tordesillas, y Pedro de Ayala, conde de Salvatierra y tercer capitán general de la Junta junto a Girón y Acuña.
La relación es extensa y repleta de curiosidades. En ella aparecen Ramiro Núñez de Guzmán, yerno del conde-duque de Olivares; el regidor de la villa de Madrid y capitán de los comuneros madrileños, Juan Zapata; o el conde de Gelves, Gonzalo de Guzmán, uno de los comuneros que se reunieron con la reina Juana en Tordesillas en septiembre de 1520, intentando recabar su apoyo a la causa y enfrentarla con su hijo.
También, figura la mujer de Padilla, María Pacheco, que tuvo importantes enfrentamientos con el obispo Acuña y que mantuvo Toledo como el último bastión comunero hasta el 4 de febrero de 1522, antes de exiliarse a Portugal.
Dentro del apartado dedicado a los nobles comuneros, Pérez se refiere a tres grupos, los referidos señores de vasallos, un patriciado urbano y los caballeros.
Las clases medias, el grupo que no pertenecía a órdenes privilegiadas, conformaban el grueso de los comuneros, según confirma el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid Julio Valdeón Baruque. Entre los exceptuados en el Perdón aparecían alrededor de 80 labradores, el número de artesanos e industriales rondaba las 60 personas, y otros 60 se dedicaban a profesiones liberales. En total, dos tercios de los comuneros que no se libraron del castigo de Carlos V pertenecían a este grupo dispar, formado por comerciantes, letrados, artesanos y agricultores.
Uno de los aspectos más controvertidos del levantamiento comunero es el planteamiento esgrimido por numerosos cronistas de la época y por historiadores como Juan Ignacio Gutiérrez o Francisco Márquez, que relacionan el origen de las comunidades directamente con los conversos del Estado.
Entre los principales comuneros, las relaciones con ese colectivo eran evidentes: Bravo estaba casado con la hija de Iñigo López, un destacado converso; la familia Zapata era conversa, como otros muchos. «Examinando la lista de los comuneros exceptuados del Perdón notamos muchos apellidos de conversos o que huelen a converso», asegura Joseph Pérez, si bien subraya que la revuelta fue «ante todo, un movimiento político y debe estudiarse como tal».
Este movimiento se resolvió finalmente con el Perdón de 1522, «una medida muy inteligente del rey», en opinión de Ribot.
El balance, según desgrana Pérez en su volumen, fue que «de un total de 293 exceptuados, a quienes el Perdón de 1522 condenó a ser juzgados, únicamente 23 fueron ejecutados, 20 murieron en la cárcel antes de ser juzgados, y aproximadamente 50 pudieron rehabilitarse mediante el pago de una multa de composición».
Así, menos de un centenar fueron los comuneros que pagaron con su vida su participación en la rebelión, pero, con el fracaso de las comunidades, «Castilla perdió parte de su elite política, la más dinámica, quizá la más ilustrada», sentencia.
