El proceso de reforma del Estado Autonómico y los Estatutos de Autonomía, tiene su meollo en el debate sobre la financiación autonómica, cuando se habla de recursos económicos, todos nos jugamos la educación y sanidad, las infraestructuras, o la calidad de las prestaciones sociales que vamos a recibir.
El debate ya es una realidad, ante los nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña y de Andalucía, o las propuestas de Baleares, Galicia o Canarias. Los resultados son alarmantes, muy especialmente para las comunidades empobrecidas del interior, como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o nuestra Castilla-León. Los resultados son inadmisibles para quienes desean un modelo federal, igualitario y solidario para el conjunto de España, ya que profundizan en el carácter asimétrico del Estado de las Autonomías; así, el modelo es discriminador e insolidario, no garantiza la suficiencia financiera que necesita la prestación de los servicios educativos, sociales, sanitarios y de la dotación de infraestructuras que necesitan todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.
A pesar de la amenaza sobre la suficiencia financiera de Castilla y León, sorprende la atonía e incapacidad de los principales actores políticos de Castilla y León ante este debate, y que el PP y el PSOE locales hayan pactado una propuesta de Reforma del Estatuto de Castilla y León que nos deja a los pies de los caballos, mostrándose Herrera y Villalba absolutamente incapaces de liderar una posición autónoma y digna para Castilla y León, prefiriendo atrincherarse en la mera defensa de los intereses estatales de sus partidos.
Algunos números son clarificadores. A Castilla y León se le asignaron 1.724 millones de euros en inversiones para infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 (un 8,5% del total territorializado; de la parte de libre disposición por el Gobierno Central no nos suele tocar prácticamente nada); con el modelo catalán, que prima el porcentaje de participación en el PIB, nuestra Comunidad perdería un 36% de estas inversiones, mientras que con el modelo andaluz que apuesta por la población, Castilla y León vería recortadas sus inversiones estatales en un 34%. Es indignante que nuestros responsables públicos autonómicos, conocedores de estos hechos, hayan sido incapaces de articular un frente común con comunidades más beligerantes de la España Interior, como Aragón. El modelo financiero aragonés, que tienen en cuenta variables como territorio, despoblación, envejecimiento, dispersión, orografía, espacios naturales y patrimonio, aplicado a Castilla-León supondría unas inversiones equivalentes a 3.500 millones de euros ¡el doble de lo que se nos asigna actualmente!.
Son malos tiempos para la lírica en Castilla y León; sufriremos nuevos recortes en los fondos agrarios, las ayudas europeas desaparecerán, la financiación autonómica que han aceptado nuestros políticos da pena, hemos rehusado reclamar nuestra Deuda Histórica, aceptamos pasivamente el agravio diferencial y la competencia desleal de los regímenes forales de País Vasco y Navarra, se han dotado de forma insuficiente las transferencias educativas y sanitarias, y ahora nos amenaza la crisis del sector del automóvil, sobre el que descansa la fortaleza de la industria de ciudades como Burgos Palencia y Valladolid. ¿Alguien cree todavía que no nos hace falta un partido castellanista fuerte en esta tierra?.
Luis Marcos,
Secretario general de TIERRA COMUNERA (TC)
