A la formación castellanista PARTIDO CASTELLANO (PCAS) le sorprende el acuerdo respaldado en el pasado Pleno municipal en que se exige a la Seguridad Social el derribo del edificio.
Los castellanistas burgaleses opinan que esta opción es cara e irracional y optan por rehabilitar el edificio actual compatibilizando su uso como Residencia Pública de la Tercera Edad, como sede de determinadas dependencias administrativas de las instituciones Públicas y con un determinado aprovechamiento terciario. «Ante la ausencia de ideas se pide su derribo, mientras las administraciones gastan importantes cantidades en el alquiler de dependencias para oficinas y escasean las plazas públicas en residencias para la tercera edad».
Para el PARTIDO CASTELLANO (PCAS) el actual edificio del Hospital General Yagüe, con nueve plantas, dos sótanos, varios edificios auxiliares anejos y un total cercano a los 52.000 m2 de superficie construida (junto con el Centro de Especialidades), se encuentra estructuralmente en buen estado, ha experimentado numerosas reformas y acondicionamientos, y está en condiciones de ser utilizado de manera eficiente durante décadas. Su demolición, y la gestión de los residuos generados, supondría un coste de unos 3 millones de euros, generaría un enorme solar vacío en un lugar clave de la trama urbana de Burgos y supondría que cuando se construyan en dicha ubicación nuevas edificaciones habrá que invertir cifras superiores a los 100 millones de euros, algo inviable en el momento actual..
Sin embargo la rehabilitación del edificio actual, según el PCAS-Burgos es una opción racional desde el punto de vista económico (el acondicionamiento para usos terciarios y administrativos es relativamente barata, costando un 15% del total de lo que supondría la demolición más las nuevas edificaciones), desde el punto de vista ambiental (no se generan residuos y se deben utilizar nuevas materias primas) y desde el punto de vista social (se pone el edificio al servicio de los burgaleses en un plazo de meses inferior a un año).
Los castellanistas burgaleses proponen:
Las zonas verdes que alberga la actual parcela serían espacios públicos de libre uso por parte la ciudadanía.
El 40% del actual espacio construido (unos 20.000 m2) se destinaría a atención a la Tercera Edad, como Residencia Pública de Mayores (50%) y Apartamentos tutelados para Mayores válidos (50%) beneficiándose de los servicios ofrecidos por la Residencia (lavandería, comedor, espacio social, asistencia médica y de enfermería, rehabilitación, etc…); algo razonable por la creciente demanda de plazas en las residencias públicas de mayores y la tendencia demográfica al envejecimiento que experimenta la población.
El 40% de la superficie construida se destinaría a ser sede administrativa de las diferentes administraciones (Gobierno Central, Junta Castilla y León, Ayuntamiento, etc…) que hoy cuentan con numerosas dependencias en locales alquilados diseminadas por toda la ciudad.
El 20% de la superficie actual (Planta Baja, Primera Planta y parte de los Sótanos), se destinaría a Usos Terciarios de carácter comercial privado, con cuya enajenación se podrían obtener en torno a 10 millones de euros, cantidad que se destinaría a la rehabilitación del conjunto del edificio.
Por último los castellanistas siguen siendo muy críticos con la gestión sanitaria de la Junta que mantiene bajo mínimos la utilización del Hospital Militar y el Divino Valles, después de construir un nuevo Hospital tan necesario como desmesurado en su tamaño.
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