Artículo de opinión de Pedro J. Sánchez Gómez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el papel de Castilla en un estado federal. El PCAS no comparte necesariamente las opiniones expuestas.
Parece que la opción federal se asienta como una tercera vía para salir del atolladero constitucional en el que unos y otros nos han ido metiendo a todos los españoles en los últimos años. Y si esta opción se consolidase de una manera razonable muchos daríamos por buenos todos estos disgustos. Echando mano de un símil muy poco original, los aceptaríamos como los dolores del parto de un modelo constitucional más equilibrado y más justo que el actual. Sin embargo, en el término federal caben cosas muy distintas, y puede ocurrir que una eventual federación del país no sólo no solucione los problemas actuales, sino que genere otros nuevos. Habremos hecho entonces un pan como unas hostias, cosa tal vez no tan rara en nuestra historia, pero que ahora mismo no nos podemos permitir.
En un artículo anterior (España a muerto, larga vida a España. El PAÍS, 25/V/2012) señalaba algunos de los problemas políticos a los que nos enfrentaríamos el día después de que aceptásemos una reforma federal de la constitución. En éste pretendo ir a un momento anterior, al de la definición del modelo federal. Argumentaré que ciertas asimetrías entre estados nos pueden conducir a un país injusto, en el que ciertas regiones contarían con una ventaja constitucional sobre el resto. Defenderé, por lo tanto, que para que una España federal pueda tener futuro, para que a medio plazo no nos veamos de nuevo en la disyuntiva de o bien tener que introducir reformas sustanciales o bien romper la baraja, la asimetría de competencias ha de aplicarse con mucho cuidado, limitada a cuestiones obvias, y sin que en ningún momento toque aspectos que puedan poner a una región en situación de privilegio.
El argumento a favor de la asimetría de competencias dentro de un estado federal parece del más palmar sentido común: puesto que los diferentes estados federados representan situaciones diversas, lo lógico es que cada uno cuente con instrumentos políticos distintos. Parece evidente, por ejemplo, que las comunidades con lengua propia han de contar con competencias específicas para su protección y promoción. Sin embargo, fuera de ejemplos obvios como éste, no es en absoluto evidente qué competencias se deben atribuir a un estado federado determinado y no a los restantes. Más aún, si se piensa en la cuestión con un poco de frialdad, lo razonable parece que todos los estados cuenten con instrumentos políticos equivalentes. Pensemos, por ejemplo, en esos ejemplos de libro de asimetría federal que los españoles venimos padeciendo (o gozando) desde hace más de treinta años: los conciertos económicos del País Vasco y de Navarra. El que estas leyes no hayan causado más conflicto es algo que, francamente, me resulta incomprensible, y no creo que ni siquiera el estrés político producido por el terrorismo de ETA sea suficiente para explicarlo. Sea como sea, este caso ilustra perfectamente los peligros de la asimetría de competencias. Las regiones limítrofes al País Vasco y Navarra se han venido quejando desde el primer momento de las perjuicios económicos que el sistema de conciertos les provoca, y de hecho, han acudido a distintas instancias para forzar si no su derogación, si su modulación con el fin de suprimir lo que perciben, a mi juicio con toda la razón, como privilegios. En ocasiones estas reclamaciones han llegado a instancias europeas, y en estos casos las disfunciones se han hecho particularmente patentes. Llegados a Bruselas han sido los abogados del estado (del Estado Español, obviamente) los que han defendido la postura vasca y navarra. De este modo, los ciudadanos de La Rioja, Cantabria y Castilla-León han visto como no sólo no pueden intervenir en los asuntos económicos del País Vasco o de Navarra, sino como tampoco el gobierno central los defendía de fronteras para fuera. Vascos y navarros, en esta cuestión concreta, tienen más poder que castellanos.
Creo que la extensión de la asimetría más allá de unas pocas cuestiones perfectamente delimitadas conduciría más pronto que tarde a disfunciones de este estilo. Y esto llevaría o al empobrecimiento resignado de ciertas regiones en beneficio de las dotadas de más competencias, o a que esas regiones perjudicadas se negasen a participar en el sistema.
Pero aparte del deseo de conseguir, o de mantener, ventajas económicas frente a otras regiones, hay otras dos razones para defender un estado federal asimétrico. Por un lado, la voluntad de los ciudadanos de ciertas regiones de afirmar la identidad nacional de su tierra frente al resto del país. Por otro, la necesidad de superar el «café para todos» la replicación mimética de los modelos competenciales catalán y vasco en todas las comunidades autónomas, por artificiales que resulten algunas de ellas desde el punto de vista histórico o cultural. Son cuestiones íntimamente relacionadas, y de tratarlas independientemente provienen muchos de los malentendidos que ensucian el debate territorial en España.
En cuanto a la necesidad de reconocimiento nacional, todos los españoles debemos comenzar a asumir como propias la tarea de defender las instituciones históricas de cualquier parte del país, así como la promoción del catalán, el vasco y el gallego. Y esto, desde luego, supone admitir una clara asimetría institucional entre los distintos estados federados. Junto a esto, muchos consideran que regiones como la Comunidad de Madrid, o la Rioja, creadas ad hoc como instituciones políticas en la confusión del primer desarrollo de la Constitución de 1978, no pueden tener un marco competencial equivalente al de, por ejemplo, Cataluña. Y a mi juicio, los que piensan así tienen razón. No se puede poner en pie de igualdad constitucional a Cantabria o Castilla-La Mancha y a Cataluña. Esta equiparación desvirtúa claramente a los estados federados históricos. ¿Pero entonces, cómo preservar la personalidad catalana, o vasca, sin introducir asimetrías injustas?
Según lo veo yo, la única salida pasa por la unión de las cinco comunidades autónomas castellanas en un solo estado federal, Castilla. Con este solo cambio, el diseño territorial del país en su conjunto cambia radicalmente. Comprendo el miedo que este movimiento puede causar en muchos castellanos: una recentralización a medias puede ser tan mala, o peor, que una vuelta al modelo previo a las autonomías. Los ciudadanos de la Rioja, o de Madrid, por poner dos ejemplos, pueden sentir como una desventaja la pérdida de unas instituciones autonómicas a las que se han acostumbrado, y que perciben como cercanas y eficientes. Creo, con todo, que un estado federado castellano puede adoptar un modelo descentralizado, sin que esto suponga una proliferación de la burocracia y la multiplicación de gastos. En contra de una opinión muy extendida, se podrían mantener las diputaciones con competencias ejecutivas muy amplias en cada una de las provincias castellanas, dotándolas, eso sí, de un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos. A su vez, sería conveniente introducir la comarca como ente administrativo, con el fin de asegurar una gestión que asegure la defensa del territorio.
Creo, por último, que las apreturas económicas actuales pueden ser más una ventaja que un impedimento para una reforma federal. Puesto que los recursos son escasos deberemos ser muy prudentes; la federalización ha de introducir, además de una racionalidad política, una eficiencia económica. Y tanto una como otra sólo son viables si se recurre a la asimetría de competencias de un modo muy cuidadoso, evitando los privilegios.
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