En Navarra, todas las personas con residencia en la esa comunidad tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Foral, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa. Y, ojo, se entiende por “residencia” el hecho de acreditar, por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno.
En el resto de las autonomías, sobre todo las más pobres, entre ellas la nuestra, se aplica un Real Decreto, el 16/2012 que establece una clara restricción de acceso al Sistema Sanitario Público por el que se pierde el carácter universal de la asistencia sanitaria. Y ¿quiénes han perdido este derecho? Pues sencillo; aquéllas que más problemas sociales tienen, entre ellas los inmigrantes. Todo esto repercute en la proliferación de enfermedades y el contagio de aquellas otras que, de ser tratadas, no se convertirían a medio y largo plazo en contagiosas.
La única manera que tienen las personas excluidas para entrar en la Sanidad Pública es a través de las urgencias. Así, un servicio que debiera ser rápido y urgente acaba por colapsarse. De hecho, basta con darse un paseo por Urgencias del Hospital Universitario cualquier día de estos y ver la cantidad de personas que hay. Sí, es cierto, me pueden decir, que el invierno dispara la presencia en este servicio por el pico de la gripe, pero no es menos cierto que los recortes en Sanidad han hecho que falten médicos, enfermeras y enfermeros y personal sanitario que atienda con premura a estos pacientes.
Navarra tiene su ley foral. Castilla y León tiene una chapuza de ley. Conclusión: Quiero ser navarro. No sé cuándo tendré que usar la sanidad que me corresponde pero no me quiero morir en un pasillo porque faltan médicos. La tarea que realizan los facultativos es extraordinaria. Médicos, enfermeras y personal sanitario son grandes profesionales y muy preparados; salvan vidas, pero sólo cuando les dejan hacerlo.
El partido que sustenta el gobierno central y el de la Junta de Castilla y León busca más que el bienestar de los ciudadanos cumplir con parámetros económicos y economicistas y garantizar el beneficio económico de, por ejemplo, la empresa que gestiona el HUBU, Eficanza. Los presupuestos de la Junta en materia sanitaria no sólo tienen que amortizar el coste del Hospital, sino que además garantiza un beneficio para la empresa que preside José María Arribas Moral del 7% cada año. Eficanza recibe 71 millones de euros al año por la gestión del HUBU y aún pide más.
¿Cuáles son los peligros que denuncia la Plataforma de la Sanidad Pública? Pues muy sencillo. No sólo todo lo que he expuesto y que ya han denunciado de manera pública. Hay más. Tan preocupante como el presente y el pasado del HUBU, es el futuro que tiene por delante. Burgos pasa por ser un experimento que nos puede costar muy caro porque es el primer paso de la aplicación de una ideología muy concreta y específica que no es otra que la liberalización del modelo sanitario.
Los sucesivos gobierno de corte neoliberal sufridos en España arrasaron con las empresas públicas; devastaron el mercado de trabajo; descabezaron la negociación colectiva; desmantelaron, o casi, el sector público; empobrecieron al ciudadano con la excusa de una crisis económica en la que los ricos han incrementado su patrimonio; y ahora toca el turno de hacer negocio con la vida de las personas.
Vamos con algún ejemplo que ilustre lo que la Plataforma denuncia. En Gran Bretaña varios de los hospitales construidos con la fórmula con la que se construyó el HUBU ya han caído en manos de grupos de inversión buitres localizados en paraísos fiscales. “Todo indica que los grandes capitales internacionales están decididos a acabar con el papel de los estados europeos. La sanidad pública está en su punto de mira. Los antiguos hospitales públicos pueden pasar a la historia convertidos en meras factorías de propiedad multinacional”, abundan desde la Plataforma.
Más allá de estas denuncias, la Consejería de Sanidad trata ahora de implantar las Unidades de Gestión Clínica. Suponen una nueva fórmula organizativa dentro del Servicio de Salud de Castilla y León que incorpora la cultura de la corresponsabilidad de los profesionales en la gestión de los recursos públicos y la descentralización de la gestión. ¿Qué buscan? Sencillo… disminuir el coste sanitario. Y es un modelo que no gusta a nadie más que a quien lo ha pensado y legislado porque suponen una puerta abierta a la privatización de la sanidad. Buscan productividad y resultados. Y la salud de la población no se puede medir con esos parámetros.
(Fuente: http://burgosconecta.es/blogs/robinsones-de-montana/2015/02/09/quiero-ser-navarro/)
