Ponencia de Luis Marcos expuesta en la XIV ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN, que tuvo lugar en Valladolid el lunes 14 de Diciembre de 2011.
Los castellanistas, ante el debate surgido sobre la reorganización territorial en Castilla y León, en tiempos de crisis, cree que es necesario reflexionar sobre determinadas propuestas, las cuales deberían ser analizadas y tomadas en consideración por la Mesa para la Ordenación del Territorio en Castilla y León, y en consecuencia por las diferentes Administraciones con competencias en esta materia, muy especialmente por la Junta de Castilla y León.
En cualquier caso, y como consideración previa, es preciso establecer que cualquier programa de actuaciones sobre los Municipios de Castilla y León, deben priorizar la lucha contra la despoblación y la apuesta por el desarrollo de un Medio Rural vivo, como los ejes fundamentales que articulen la definición del nuevo modelo territorial en Castilla y León.
Las razones que deben inspirar esta reorganización territorial en Castilla y León, a juicio de esta formación castellanista, deben estar guiadas por mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, la necesidad de gestionar de forma austera, transparente, eficaz y justa unos recursos económicos que son manifiestamente escasos, especialmente en tiempos de crisis, el freno a la despoblación y el envejecimiento, y la necesidad de articular un desarrollo económico endógeno basado en los propios recursos y la propia población, que evite el éxodo rural.
Para el PARTIDO CASTELLANO / PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAS-PCAL) es inadmisible que se hayan desaprovechado los últimos veinticinco años en nuestra querida Castilla y León, de tal forma que siempre se ha abortado cualquier intento de ordenar territorialmente de una manera racional la Comunidad Autónoma más extensa de España. Eso sí, cuando las orejas del lobo de la crisis económica y de los recortes en las administraciones públicas, han asomado, ha surgido un frenesí reorganizador que parece sustentarse exclusivamente en la eliminación de los pequeños municipios rurales, alegando como excusas irreales mejoras de servicios o ficticios ahorros en unas administraciones tradicionalmente acostumbradas a sobrevivir en la más estricta austeridad, cuando no en la lisa y llana indigencia.
Desde este grupo de concejales y alcaldes castellanistas en Castilla y León, entendemos que la reordenación territorial de nuestra Comunidad Autónoma es un tema urgente, desde hace más de veinte años, y que la crisis económica no debe ser la excusa para aplicar unos recortes territoriales en el medio rural de las comarcas españolas más despobladas y envejecidas que conlleven a su lisa y llana desaparición.
Ni los pueblos de Castilla y León ni sus habitantes han generado la crisis económica, y sería inadmisible que fueran ellos los paganos de errores que solo han cometido los gobernantes políticos y los grandes financieros económicos. Ni el número de municipios es la causa de la crisis (Francia tiene 37.000 frente a los 8.000 existentes en España; los municipios con población inferior a 500 habitantes no retribuyen ni a alcaldes ni a concejales), ni su eliminación generará ahorro de ningún tipo.
Castila y León tiene la misma población en 2011 que en 1900, mientras que en el mismo periodo de tiempo, la población española pasó de 18 millones de habitantes a 47 millones de habitantes. El 76% de los municipios de Castilla y León tienen menos de 500 habitantes, agrupando a casi 310.000 habitantes. Según los estudios demográficos, en los próximos veinte años habrán desaparecido 1000 de los municipios de Castilla y León.
Así, las propuestas que el PARTIDO CASTELLANO / PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN (PCAS / PCAL) eleva para su conocimiento y debate por el Plenario de la XIV Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL) se sintetizan en las siguientes ideas:
Simplificar el Mapa Administrativo en Castilla y León, evitando duplicidades tanto en la prestación de servicios públicos como en la creación de oficinas administrativas y contratación de personal, por parte de las diferentes administraciones públicas. Es preciso proceder a una asignación a cada administración pública de competencias únicas en determinadas materias, estableciendo claramente el régimen competencial y procediendo a cuantificar los costes de la prestación de los servicios, corregidos por factores como la dispersión, el envejecimiento, la tasa de desempleo, etc… asignado unas cantidades presupuestarias suficientes para ello.
Redefinir el papel de las Diputaciones Provinciales en Castilla y León, como organización redundante, y en muchos casos ineficiente, que justifica difícilmente en muchos casos que la mayor parte de su presupuesto se concentre en mantener su funcionamiento ordinario sin garantizar que la aplicación efectiva de sus recursos económicos llegue a los municipios de menos de 20.000 habitantes, su auténtico objetivo.
Apostar por las Mancomunidades de Municipios como organización territorial básica de Castilla y León, con un mapa unificado, racional y común (no pueden existir diferentes mapas para Salud, Agricultura, Gestión de Residuos, Aguas, Turismo,…), asumiendo más competencias y medios económicos y humanos de las Diputaciones por «arriba» y de los municipios que forman parte de las mismas por «abajo».
Auspiciar una drástica reforma de la Legislación en materia de Régimen Local en el conjunto de España y especialmente en Castilla y León, que simplifique de manera notable las exigencias del procedimiento administrativo en los municipios inferiores a 2000 habitantes, de tal manera que garantizando el escrupuloso cumplimiento de la ley se dote a los pequeños municipios de herramientas útiles para su funcionamiento cotidiano. No es razonable una legislación en materia de régimen local que es igual de exigente con municipios de más de 1.000.000 de habitantes que con otros de apenas unas decenas de empadronados.
Eliminación de organismos externalizados, como fundaciones, empresas públicas o privadas, consejos, consorcios, gerencias, etc… en el ámbito de los municipios y provincias de Castilla y León, que suponen opacidad en la gestión y en muchos casos duplicidad en la creación de servicios administrativos.
Defender la autonomía de los municipios como entidades con personalidad jurídica propia, capaces de decidir su propio futuro. Así mismo es preciso elaborar una Ley específica para las Entidades Locales Menores, que saque del mundo de la incertidumbre a cientos de localidades de nuestra Comunidad Autónoma que se mueven en la más estricta alegalidad.
Priorizar la lucha contra la Despoblación y el Envejecimiento Rural como ejes básicos de cualquier política de ordenación del territorio o de organización administrativa. La realidad del 80% del territorio de la Región más extensa de la Unión Europea: Castilla y León, es que en su futuro inmediato está abocada a la desaparición demográfica, y la reversión de esta tendencia debiera ser (y se han perdido décadas) la prioridad de la gestión política, social y económica en esta Comunidad Autónoma. Sin población rural no habrá ni Patrimonio Natural, ni Cultural ni posibilidad de un Tejido Económico y Social vivo.
Apostar por políticas de Desarrollo Rural endógeno en el Territorio de Castilla y León, organizando a sus habitantes y poniendo en valor sus recursos materiales e inmateriales (Patrimonio Cultural e Histórico, Patrimonio Natural, Recursos Naturales, Transformación de Materias Primas,…). La realidad social, territorial y económica de Castilla y León es diferente a la de otras comunidades Autónomas y, por tanto, no es posible aplicar de forma miméticamente las políticas que se aplican en otros territorios, y que siendo válidas en lugares como Canarias, Cataluña o Murcia, son poco adecuadas para las extensas y despobladas comunidades de la España Interior (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón).
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