El secretario provincial, José Ignacio Delgado, denuncia que es la única provincia de la Comunidad en la que los ayuntamientos están sufragando un 10% del coste del servicio
El secretario provincial de Tierra Comunera, José Ignacio Delgado, ha criticado el sistema de financiación del servicio de ayuda a domicilio que viene aplicando la Diputación, ya que denuncia que Burgos es la única provincia de la Comunidad Autónoma donde los ayuntamientos se ven obligados a sufragar un 10% del coste del servicio.
Delgado realizó esta crítica después de que el viernes mantuviera una reunión junto a los ediles arandinos Sebastián de la Serna y Teresa Hontoria con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, y el Gerente Regional de Servicios Sociales, Antonio María Sáez, departamento que financia con carácter general el 70% del servicio.
«En las otras ocho esa parte proporcional la cubren las diputaciones, que es a las transfieren los fondos. Es una vergüenza y debería ser igual para todos», denunció.
RESIDENCIA DE ARANDA.
Los representantes de la formación castellanista concertaron la entrevista para interesarse por algunos aspectos que afectan a la Ribera del Duero. Así plantearon que se agilicen las obras de construcción de la residencia de personas mayores de Aranda «que -indicó Delgado- Rosa Valdeón confirmó que no había problemas de financiación y dijo que estaba dispuesta a que en vez de finalizarse en diciembre de 2008 se pueda adelantar medio año o lo que sea posible».
Por otra parte la consejera les anunció que la guardería que se está construyendo en el polígono industrial dentro del programa Juntos podría entregarse a la asociación de empresarios en un plazo de cuatro o cinco meses y avanzó que con carácter inminente se va a aprobar la concesión de una ayuda al Ayuntamiento para hacer frente el 70% del equipamiento del centro de mayores de Santa Catalina.
Finalmente, el gerente regional les informó que existe intención de firmar este año un acuerdo con Asadema para colaborar en la construcción de su residencia.
CENTROS DE DÍA.
Los comuneros aprovecharon su entrevista con Rosa Valdeón para expresarle su malestar por «el injusto» cierre de las viviendas tuteladas para personas mayores válidas de La Horra y Torresandino. Sin embargo, la responsable regional dejó claro que lo único que han hecho ha sido ajustarse a la legislación, que no contempla esa figura, y que no se dará marcha atrás porque por el número de plazas no pueden reconvertirse en residencias para asistidos con todas las garantías y que cumplan la normativa.
Sin embargo, según aseguró Delgado, la consejera sí que se mostró dispuesta a reconvertir estos locales en centros de día para seguir posibilitando que los ancianos válidos puedan permanecer en su entorno. «Están abiertos a habilitar las viviendas como centros de día siempre que los ayuntamientos estén interesados, aunque en el momento en que los mayores ya no sean válidos habrá que derivarlos a residencias», indicó.
En cuanto a la posibilidad de instaurar ese mismo servicio en el resto de municipios, Delgado informó que si bien la Administración regional no contempla subvencionar la construcción de centros de día promovidos por la iniciativa privada sí es favorable a concertar el número de plazas que sea necesario.
