La Agrupación de Tierra Comunera en la Ribera (Burgos), denunció ayer la, a su juicio, ilegal compensación que se ha realizado entre el precio fijado para la venta de la plaza de toros y el canon que el Ayuntamiento tendría que pagar por el uso, a perpetuidad, de estas instalaciones durante un máximo de doce días al año.
El portavoz de Tierra Comunera en el Consistorio arandino, Sebastián de la Serna, explicó que, cuando el 9 de abril de 2003 el pleno municipal acordó la venta del coso, se estableció un costo de 777.115,37 euros. Sin embargo, de este dinero las arcas municipales solo han recibido la cantidad que excede de 700.000 y que la adjudicataria, Toros Ricor, entregó con un cheque al portador cuando se firmó el preceptivo contrato.
El resto del importe no se ha ingresado ni lo veremos ya, señaló De La Serna, ya que coincide con el gravamen establecido por la empresa para compensar la cesión gratuita y a perpetuidad de estas instalaciones al Ayuntamiento. Algo ilegal, como refleja el informe de Intervención, ya que se abona por adelantado un uso de años que pudiera hasta no utilizarse.
En base a lo que el Secretario Provincial de TC, José Ignacio Delgado, calificó como venta-regalo, desde esta agrupación castellanista se abogó porque se exija al promotor que cumpla escrupulosamente todos los aspectos incluidos en la oferta que presentó al consistorio y que le permitió ganar el concurso de adjudicación de la plaza de toros.
En este sentido, se recordó que junto a la coso taurino se contemplaba la ejecución de un complejo con tres piscinas; una de 25×7 metros para la práctica deportiva, una segunda climatizada para rehabilitaciones y usos médicos y, la tercera, con agua a 38 grados, para hidromasajes terapéuticos, y los espacios libres del ruedo se destinarían a la celebración de todo tipo de deportes.
Asimismo, en el aspecto meramente taurino, se planteaba la rehabilitación de la escuela taurina, con la cesión de ganado y el compromiso de asistir a tentaderos en tres fincas de ganado bravo, un aula museo taurino y premios de pintura y fotografía. Todo ello complementado por locales de restauración, tiendas y librería, página Web y venta de entradas por Internet.
Por ello, y a pesar de que no se tiene nadad en contra de la construcción realizada que nos parece una edificación de categoría y que puede beneficiar a nuestra ciudad, se apostó por que, si en un plazo lógico no se cumple con todo lo incluido en la oferta, el Ayuntamiento tendrá que tomar las medidas oportunas.
Tierra Comunera también se pronunció sobre las plazas de aparcamiento. Sebastián de la Serna recordó que todas las licencias provisionales otorgadas por el Ayuntamiento se han condicionado a cumplir la dotación de estacionamientos, advirtiendo que el PGOU indica que debe haber una por cada 50 plazas de aforo. Respecto a la segunda gran polémica, la de las dimensiones de la casa del burgalés, el portavoz comunero consideró que no se ajusta a lo reflejado en el proyecto. En cualquier caso, estimó que deben ser los técnicos municipales los que determinen si el aumento de edificabilidad es o no legalizable y, en consecuencia, si se puede mantener o debe derruirse. Si el legalizable, se entiende que se le tendría que abrir un expediente desde la Oficina por haber realizado la obra sin presentar una modificación al proyecto.
En cualquier caso, desde Tierra Comunera se consideró que el problema no estriba en el coso, al que a su juicio, se podría dar licencia definitiva desvinculándolo del resto del complejo. Sin embargo, incidimos en la obligación de ejecutar la totalidad del proyecto, aunque tenga que pedir para ello una prórroga y exigió que, antes de realizar ninguna modificación presente al Ayuntamiento el anteproyecto para que lo informen los técnicos.
