La formación castellanista realizará el sábado el domingo una consulta popular a través de un mesa instalada en la Plaza del Trigo.
Tierra Comunera considera que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León debería apostar decididamente por la comarcalización, figura administrativa que desde hace tiempo apuesta por implantar en la Ribera del Duero equiparándola con El Bierzo, y por la descentralización administrativa de la Junta de Castilla y León.
Así lo puso de manifiesto ayer su secretario provincial, José Ignacio Delgado, para quien con el texto pactado por el PSOE y PP «seguimos en manos de los mismos, en manos de diputaciones a veces con intenciones y atavismos caciquiles que no solucionan nada».
Delgado realizó estas declaraciones durante la presentación de la consulta popular que la formación castellanista realizará el sábado y el domingo en la Plaza del Trigo para conocer si los ribereños «quieren un Estatuto de Primera para nuestra tierra».
Para TC la comarcalización es una de las cuatro carencias fundamentales de un texto que el secretario provincial calificó de «auténtico despropósito» llegando a afirmar que es un Estatuto «de segunda o tercera categoría» que nos va a mantener a la cola de las comunidades autónomas españolas «y nos va a enterrar más de lo que estamos».
Para Delgado es «una vergüenza» que mientras Andalucía ha cobrado 2.500 millones de euros para saldar la denominada deuda histórica, este concepto no se mencione en el nuevo estatuto castellano y leonés, cuando según los cálculos de la formación castellanista nuestra Comunidad Autónoma debería percibir del Estado más de 20.000 millones de euros para recuperarse del atraso. «Si alguna comunidad tiene deuda histórica esa es Castilla y León porque no solo hemos perdido dinero sino nuestras propias gentes. Y no se ha solicitado por parte de nadie», recriminó.
Asimismo reclaman que se dote de una financiación justa que tenga en cuenta la despoblación, el envejecimiento y la superficie. «Nuestra ratio es la menor de Europa, 10 habitantes por kilómetro cuadrado, pero somos ricos en otras muchas cosas, tenemos más del 50% del patrimonio histórico nacional, nuestros espacios naturales son de los mejores pero sin embargo tampoco tienen financiación», se lamenta, aludiendo asimismo al déficit de infraestructuras.
Para los castellanistas se trata de un acuerdo de mínimos y ni siquiera tiene la cláusula Camps del Estatuto Valenciano «que dice que todas aquellas competencias que sean mejorables para el propio estatuto que tengan otros pueden ser añadidos al nuestro para no quedarse fuera de juego».
Nacionalidad histórica y tv autonómica.
Para los comuneros es fundamental que en el nuevo Estatuto Castilla y León sea reconocida como «nacionalidad histórica», «porque hemos sido los creadores de este Estado español y parece que nos han creado hace dos días», y que tenga el peso específico que le corresponde en España y Europa. En esta línea también abogan por que se creen medios de comunicación públicos, denunciando que «es la única comunidad autónoma que no tiene un canal de radio o tv autonómica, y eso también incide en la falta de identidad, algo que la Junta de Castilla y León debería acrecentar».
Por su parte la concejala arandina Teresa Hontoria, puso el acento en que con este texto Castilla y León continuará «en el furgón de cola» a nivel estatal, poniendo como ejemplos que los maestros, enfermeras, médicos o policías cobran entre 4.000 y 12.000 euros menos que sus colegas del País Vasco o Cataluña; que solo el 33% de las materias primas castellanas se transforman en nuestra tierra y se exporta sin compensación el 75% de la electricidad que producimos o que en 40 años se han cerrado 3.000 escuelas rurales.
