El partido TIERRA COMUNERA (TC) va a exigir al Gobierno Central que incluya la Autopista de Peaje AP-6, integrada en la Autovía del Noroeste, entre Adanero y Villalba, en el conjunto de concesiones de autopistas de peaje que el Ministerio de Fomento tiene intención de rescatar con el recientemente creado Fondo de Homogeneización y Rescate Selectivo de Peajes de Autopistas. Esta solicitud se basa en la importancia de este carretera, que es la vía de entrada en Madrid para todo el noroeste peninsular y en el hecho de que es una infraestructura que está sobradamente amortizada por existir el peaje desde hace más de 25 años.
TIERRA COMUNERA (TC) recuerda a los responsables del Partido Socialista que la liberalización de esta autopista supondría nada menos que 11 provincias pasaran a estar conectadas con Madrid por carreteras gratuitas, algo que sin duda debería ser una prioridad de estado.
Los castellanistas declaran que el pasado mes de octubre, el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró que el Gobierno Central incluiría una partida en los PGE de 2007 destinada a este fondo, y el pasado martes 21 de Noviembre el Congreso de los Diputados aprobó una proposición en este sentido; así, está previsto que los PGE para 2007 incluyan una partida de 128,5 millones de euros para estos conceptos, de los cuales 66,3 corresponderán a Cataluña, que ha incluido en su nuevo Estatuto de Autonomía, en su disposición adicional tercera, en el sentido de utilizar las inversiones para la liberación de peajes o para la construcción de autovías para llevar a cabo la total ejecución en cada ejercicio presupuestario de las inversiones del Estado en infraestructuras.
El citado Fondo de Homogeneización y Rescate Selectivo de Peajes de Autopistas fue creado en la disposición adicional sexagésimo sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2006 (hace un año). De momento, esta iniciativa se ha aplicado o está en trance de aplicarse en varios casos como la rebaja de las tarifas del peaje de Mollet, Alella, Rubí y el túnel del Cadí) en la AP-7 (Cataluña), con un total de crédito de 12 millones de euros, en la eliminación del peaje de la Autopista de Huerna (Asturias), en la liberación de peaje de la autopista entre Cádiz y Jerez de la Frontera en Andalucía, o en la eliminación de los peajes de dos tramos de la A-9: Morrazo-Vigo y La Coruña-La Barcala.
TIERRA COMUNERA (TC) reclama que la autopista AP-6 entre Adanero y Villalba, cuya concesión se encuentra sobradamente amortizada, y cuya prórroga fue recientemente aprobada hasta el año 2036 por el gobierno socialista, se incluya para 2007 y ejercicios sucesivos en el Fondo Estatal de Rescates de Peajes de Autopistas. Esta formación recuerda que se trata de un tramo de 67 km que incluye los túneles de Guadarrama y que constituye la vía de entrada a Madrid para Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. Hay que destacar también que esta prórroga se concedió a cambio de que la empresa concesionaria construyera las autopistas Segovia-San Rafael y Ávila-Villacastín, por lo que la aplicación de este fondo supondría que el Estado, aunque tarde, pero se haría cargo de la financiación de esta dos autopistas.
Al mismo tiempo los castellanistas reclaman otras propuestas alternativas para otros peajes, como los de las autopistas Segovia-San Rafael y Ávila-Villacastín, como la de reducir el IVA de los peajes de las autopistas del 16% al 7%, el planteamiento de establecer un tipo muy reducido, del 3 por 100, que sería posible si el peaje pasara de ser un precio público a ser una tasa; la ampliación de la duración de las concesiones a cambio de la reducción de los peajes -ateniéndose al supuesto de modificación por razones de interés público-, lo cual significa pagar menos pero durante más tiempo; la renuncia al incremento anual del precio del peaje en función del aumento del coste de la vida; la negociación con los concesionarios para que se avengan a ampliar el capital social y para que se abran a la participación de las administraciones, para poder forzar descuentos y rebajas de las tarifas; la búsqueda de fórmulas de compensación entre concesiones, como por ejemplo negociar con los concesionarios que tienen la titularidad de más de una autopista para que no incrementen los peajes uniformemente, sino en función de la rentabilidad y de la necesidad de guiar los flujos de tráfico, y, finalmente, el cambio en el sistema de amortización, ofreciendo exenciones fiscales a cambio de reducir los plazos de la concesión.
