El respaldo otorgado al proyecto de nueva financiación autonómica por parte de las comunidades autónomas más pobladas (Cataluña, Andalucía y Madrid), no presagia nada bueno para las comunidades más pobres y abandonadas de España. Una vez más será Castilla (excepción hecha de la Comunidad de Madrid, que ya ha pasado por La Moncloa para hacer valer sus derechos) junto con Extremadura, Aragón o Galicia quienes paguen el pato en la nueva financiación. Llama la atención que el Presidente Zapatero haya llamado a los Presidentes de Castilla-La Mancha y de Castilla y León para contarles lo que ya ha negociado y acordado con los Presidentes de otras comunidades, no para entablar con ellos un proceso de negociación que, visto lo visto, vendrá dado por lo que otras comunidades decidan junto con el Estado. Y más triste y penoso aún es escuchar al Gobierno socialista de Barreda intentado explicar que una llamada de teléfono es lo mismo que una negociación cara a cara como la que se ha llevado a cabo con Cataluña, Andalucía o Madrid.
Para TIERRA COMUNERA (TC)-PARTIDO CASTELLANO (PCAS) nos encontramos en un momento crucial para las comunidades castellanas, y muy especialmente para Castilla-León y Castilla-La Mancha. El modelo de financiación vigente desde 2002, se ha demostrado incapaz de asumir nuevas circunstancias como la llegada de importantes contingentes de inmigrantes a España en los últimos seis años, al tiempo que ha sido ineficaz para acabar con las evidentes desigualdades entre los distintos territorios del Estado, de garantizar que la prestación de los servicios públicos y las infraestructuras sean homogéneas y equiparables en todo el territorio español, y que se frenen fenómenos especialmente graves en las comunidades empobrecidas del interior (Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León) como el envejecimiento y la despoblación, sobre todo del medio rural.
En opinión de este partido castellanista, asistimos a una poderosísima ofensiva de las Comunidades con mayor población, lideradas por Cataluña -tal y como se ha evidenciado en el reciente Congreso del PSC- para que el nuevo modelo de financiación autonómica descanse casi exclusivamente sobre la población, dotando a todas las comunidades de los mismos recursos por habitante, independientemente del resto de circunstancias, limitando las transferencias entre comunidades a la financiación de sanidad, educación y servicios sociales, y fijando las inversiones en infraestructuras en el porcentaje del PIB que aporte cada comunidad autónoma. De materializarse estos pésimos augurios, se incrementarán las desigualdades entre los diferentes territorios españoles, y disminuirán drásticamente los recursos disponibles para comunidades como Castilla-La Mancha.
Desde TIERRA COMUNERA (TC)-PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se defiende que el nuevo modelo de financiación autonómica aborde los siguientes aspectos básicos:
Incremento del porcentaje de impuestos cedidos a las comunidades autónomas (actualmente el 33% del IRPF, 35% del IVA y 40% de los impuestos especiales).
Garantizar que el Fondo de Suficiencia (que aporta aproximadamente el 70% de la financiación total de las comunidades autónomas el 60% en el caso de Extremadura o el 53% en el caso de Galicia-) tenga las aportaciones suficientes para equilibrar financieramente las desigualdades territoriales existentes en España
Redefinir los criterios que fijan las necesidades de financiación de las comunidades, teniendo en cuenta aspectos como:
· Incluir aspectos medioambientales (superficie forestal, espacios naturales, gestión sostenible, fijación y sumideros de dióxido de carbono,…).
· Los porcentajes de población protegida y de mayores de 65 años.
· El estado de las infraestructuras de comunicaciones (ferrocarriles, autovías, telecomunicaciones, red ADSL,…).
· La superficie (actualmente solo pesa el 4,2 %)
· La dispersión (actualmente solo pesa el 1,2%)
· La Deuda Histórica del Estado con determinadas Comunidades Autónomas, como Castilla y León y Castilla-La Mancha, por efecto de una insuficiente participación en los recursos estatales, el éxodo demográfico y el expolio de recursos naturales, agropecuarios y depósitos financieros.
Establecer que todos los acuerdos de financiación autonómica serán multilaterales, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no bilaterales entre cada Comunidad autónoma y el Estado, con resultados en función del peso político y económico de cada territorio.
Acabar con la financiación singular del Concierto Vasco y Navarro, garantizando que realicen aportaciones al modelo de financiación global.
Los castellanistas critican el papel que el PSOE y el PP han jugado y están jugando en este debate, incapaces de defender los intereses específicos de esta Comunidad Autónoma. A juicio de TIERRA COMUNERA (TC)-PARTIDO CASTELLANO (PCAS) ni el PSOE ni el PP de esta Comunidad Autónoma defienden con dignidad e intensidad los intereses específicos de Castilla-La Mancha, y prefieren su tradicional sumisión a los intereses estatales de sus partidos. La prueba de este hecho la tenemos en que el Gobierno de CLM es favorable a los acuerdos conocidos hasta ahora, que no contemplan de entrada ni la inclusión de la superficie, ni la dispersión, ni el envejecimiento, ni factores como el estado de las infraestructuras, etc. tan necesarios para asegurar a Castilla-La Mancha una financiación adecuada. Al mismo tiempo, el carácter poco reivindicativo de la ciudadanía de esta comunidad autónoma castellana, constituye un factor negativo a la hora de exigir un mejor trato para este territorio.
Finalmente, desde TIERRA COMUNERA (TC)-PARTIDO CASTELLANO (PCAS) se pide a PSOE y PP de las Comunidades autónomas castellanas, en especial de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que hagan frente común en la defensa de un modelo de financiación justo para estas autonomías, que permita a los ciudadanos castellanos salir del furgón de cola del desarrollo y el bienestar en España y que permita a comunidades como CLM acercarse de verdad a la convergencia real de la ciudadanía de esta comunidad con la media estatal, de donde nos alejan nada menos que un 20,7% en PIB per cápita (18,8% en 1998) y donde representamos únicamente el 3,4% del PIB nacional (3,5% en 1998), en ambos casos en descenso desde el año 1998 hasta ahora (datos del INE).
