UN MUNICIPALISMO PROPIO Y TRANSFORMADOR PARA CASTILLA Y LEÓN
Toda reunión de alcaldes y concejales de nuestra tierra, como lo es esta Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, constituye un motivo de alegría y de reflexión para quienes trabajamos por mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, y creemos en el futuro de nuestros pueblos.
En los comienzos del siglo XXI parece, que nos encontramos en un momento adecuado para interrogarnos acerca de la situación por la que atraviesa el municipalismo en nuestra comunidad, un ámbito territorial caracterizado por la dispersión de una población, escasa y envejecida, que reside en numerosas, pero pequeñas, localidades.
La realidad de nuestra comunidad evidencia una continua pérdida de población, que en los últimos 10 años supera los 65.000 habitantes, situándonos en Castilla y León, prácticamente en las mismas cifras poblacionales que teníamos en 1900, aunque el número de habitantes del Estado ha pasado en el mismo periodo de tiempo de los 17 a los 41 millones de residentes. A este fenómeno, especialmente agudizado en las pequeñas localidades, se une un fuerte proceso de envejecimiento y de éxodo juvenil, que cuestiona la viabilidad de comarcas enteras, situadas al borde de la desertización demográfica.
En este marco estructural, la inmensa mayoría de los municipios de Castilla y León, se encuentran ante inmensas dificultades para prestar unos servicios públicos de calidad a sus residentes, ya que la presión de unos ingresos escasísimos, y la incapacidad por mera economía de escala- de generar políticas de desarrollo socio-económico, impiden el objetivo básico de fijar la población en los núcleos rurales.
Confiamos desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC) en que las discusiones generadas, tanto a nivel regional como estatal, respecto al Pacto Local, permitan revisar, de forma justa y racional, los sistemas de financiación de los municipios, así como definir con claridad, la relación de servicios y competencias a desarrollar desde el ámbito municipal.
En cualquier caso, la realidad de Castilla y León muestra unas evidentes especificidades, que obligarán a plantear el nuevo municipalismo desde una clave estrictamente propia. Así, la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos, junto a la generación de políticas de desarrollo socio-económico sostenible, superan el marco meramente localista, al tiempo que no encuentran una solución definitiva, ni con el establecimiento de mancomunidades, ni con la cooperación subsidiaria de las Diputaciones Provinciales y de la Junta de Castilla y León, como se evidencia con las fallidas reflexiones generadas por la Consejería de Fomento en su proyecto de Directrices para la Ordenación del Territorio en nuestra comunidad.
Hace ya catorce años que, desde TIERRA COMUNERA (TC-PNC), planteamos la necesidad y la urgencia de abordar un proceso de comarcalización en el ámbito territorial de Castilla y León, con el objetivo último de generar la vida y el futuro que nuestro medio rural necesita, y sobre el cual, tan negros presagios planean. Hemos perdido mucho tiempo, y otras comunidades como la catalana, aragonesa o gallega han avanzado en eficientes procesos de descentralización comarcal, que han mostrado valoraciones globalmente positivas, y de los cuales hoy nosotros podemos aprender desde una perspectiva crítica.
La articulación comarcal de Castilla y León, no es una mera solución funcional ante una problemática concreta de ordenación del territorio; es básicamente una apuesta política y social por nuestro medio rural, por nuestros pequeños pueblos; se trata de una opción por nuestra gente y por nuestra identidad, puesto que su nuestro modelo poblacional tradicional se quiebra, entrará en cuestión también nuestro papel y nuestra aportación como comunidad.
Las comarcas de esta tierra aún reúnen un extraordinario potencial endógeno, como para articular con el necesario e imprescindible apoyo técnico y financiero de las administraciones tutelantes- un dinámico proceso de transformación que permita la prestación de servicios sanitarios, educativos, sociales, culturales, ambientales, laborales, económicos, etc de calidad. Unos servicios basados en el mallado de una retícula de localidades de tamaño intermedio, que compartan una oferta prestacional, aprovechando las sinergias de la cooperación solidaria, frente a la mala experiencia de la competencia esterilizante.
Para ello es básico que existan unas infraestructuras modernas, que superen aislacionismos decimonónicos, y que permitan a nuestras economías comarcales la necesaria interrelación con sus mercados culturales, sociales y económicos. Así mismo, la comarcalización solo tiene sentido si asume como prioritaria, en Castilla y León, la obligación de plantear modelos de desarrollo socio-económico autocentrados, generando empleo, riqueza y poder de atracción y seducción entre nuestras jóvenes familias, superando monocultivos artificialmente impuestos, apostando por diversificar de manera plural nuestros potenciales económicos, agrarios, ganaderos, forestales, mineros, naturales, patrimoniales, energéticos, culturales, etc y optando decididamente por transformar en nuestro propio ámbito comarcal la riqueza que generamos, exigiendo que el valor añadido y los puestos de trabajo que implica la transformación se queden en nuestra tierra.
Pero la comarcalización no es un mero instrumento de desarrollo socio-económico. En una tierra que se enorgullece históricamente de que nadie es más que nadie y de haber generado las formas de municipalismo más democráticas y asamblearias que conoce la historia, la comarcalización tiene ante sí el reto de asumir la participación ciudadana y la profundización de los hábitos democráticos como una de sus prioridades. Las comarcas deben generar un proceso de autogobierno desde la base, no como una imposición exterior, sino como una devolución del poder, anómalamente gestionado por las diputaciones provinciales, a unos consejos comarcales auténticamente democráticos, basados en la elección popular directa.
Los ciudadanos de Castilla y León, y muy especialmente quienes ocupamos ámbitos de responsabilidad en sus municipios y provincias, tenemos ante nosotros retos de gran envergadura en estos tiempos que nos toca vivir. No solo está en juego nuestra calidad de vida o nuestro nivel de renta, sino que nuestro mismo modo de existencia se encuentra en cuestión.
Si permitimos la muerte de nuestros pueblos, habremos igualmente consentido la desaparición de una parte importantísima de nuestros ricos espacios naturales y de nuestro amplísimo patrimonio monumental. Si nuestros pueblos se extinguen, nuestra propia identidad se irá diluyendo de forma irreversible, con la agonía de nuestro patrimonio etnográfico, de nuestra arquitectura popular, de nuestra cultura tradicional. Acabaremos, en fin, perdiendo el conjunto de aquellas aportaciones con las que estamos obligados a contribuir al rico y variado patrimonio del conjunto de la Humanidad.
En nuestras manos, con nuestro trabajo y nuestra reflexión, y en las de nuestros responsables públicos, en la Unión Europea, en el Estado Español, en la Junta de Castilla y León y en las Diputaciones Provinciales, está la decisión de buscar un futuro mejor y más digno para aquello que es más nuestro: nuestros pueblos castellanos, nuestro ámbito de convivencia.
JOSÉ IGNACIO DELGADO PALACIOS
ALCALDE DE CALERUEGA (BURGOS)
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y provincias de Castilla y León.
TIERRA COMUNERA-PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC)
