La Agrupación Provincial en Burgos de TIERRA COMUNERA (TC) ante el traslado del Fondo Bibliográfico Histórico de la Biblioteca Pública de Burgos a Valladolid, se dirigirá formalmente al Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, D. Jaime Mateu, y a Dña Berta Tricio, Subdelegada del Gobierno en Burgos, para reclamarles que inicien actuaciones con carácter inmediato que permitan el pronto regreso a Burgos de estos fondos patrimoniales e históricos de Burgos.
TIERRA COMUNERA (TC) denunció públicamente ayer, que a mediados de este mes de Diciembre, de forma clandestina, se procedió al traslado a la Biblioteca Pública de Valladolid, de 11.800 volúmenes, de la Biblioteca Pública de Burgos, fundamentalmente de los XVI, XVII y XVIII, pero en algunos casos anteriores que conformaban el Fondo Bibliográfico Histórico de la Biblioteca Pública de Burgos, incluyendo piezas tan significativas como La Biblia de Gutenberg de 42 líneas, de 1454, primer libro impreso del Mundo, la Biblia Románica del siglo XII, o el Fondo Bibliográfico de la familia Lara. Este impresionante fondo bibliográfico, uno de los mejores y más amplios de España, se formó a lo largo de todo el siglo XIX fruto del depósito de los libros procedentes de las diversas desamortizaciones de las bibliotecas de monasterios y conventos, y articulado por la Comisión Provincial de Monumentos.
Los responsables de TIERRA COMUNERA (TC) en Burgos, se muestran muy críticos con esta decisión, impulsada por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura, de trasladar los casi 12.000 volúmenes del fondo bibliográfico histórico de Burgos, ya que supone privar a la ciudad de Burgos de uno de sus referentes patrimoniales escritos más importantes. Así los comuneros burgaleses reclamarán al Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos y a la Subdelegada del Gobierno en Burgos, que inicien negociaciones con diversas entidades locales y provinciales de Burgos, para habilitar un espacio que permita en condiciones de garantizada seguridad y conservación y a disposición de los usuarios e investigadores, ubicar estos fondos bibliográficos en Burgos.
Así, desde TIERRA COMUNERA (TC) se manifiesta que sería necesario habilitar un espacio digno, que contase con al menos 700 metros de estanterías lineales, con control térmico y de humedad para preservar los documentos antiguos, y con posibilidades de consulta por el público, lo cual no debe ser especialmente difícil de conseguir en Burgos. En concreto los comuneros burgaleses, proponen al Delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos y a la Subdelegada del Gobierno en Burgos, que actúen explorando las siguientes alternativas:
· Las instalaciones de la Biblioteca de Castilla y León que posee la Diputación Provincial de Burgos, en el Monasterio de San Agustín.
· Las dotaciones del Ayuntamiento de Burgos, en alguna de sus diversas bibliotecas municipales.
· Los numerosos espacios culturales y sociales con que cuentan las Cajas de Ahorros.
· La Biblioteca central de la Universidad de Burgos,
· Los amplios espacios del edificio de la Facultad de Teología del Arzobispado burgalés.
· El alquiler de una planta más en el antiguo Colegio San Juan de la Cruz que va a ser reformado para ubicar provisionalmente la Biblioteca Pública de Burgos.
Finalmente, TIERRA COMUNERA (TC) hace un llamamiento público a la sociedad burgalesa y a las instituciones de Burgos para que se comprometan en la reclamación para el inmediato regreso a Burgos de estos fondos documentales patrimoniales burgaleses y la habilitación de un espacio digno para los mismos, hasta que se materialice la siempre paralizada construcción de la nueva Biblioteca Pública del Estado en la Pza. de San Juan.
Especialmente, los comuneros burgaleses, recuerdan al Ayuntamiento de Burgos y a la Diputación Provincial, las obligaciones que les confiere la Ley de Patrimonio, que, en su artículo 7º establece que las Instituciones Locales cooperarán con los Organismos competentes en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, advirtiendo de cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de
estos bienes.
