El máximo responsable del organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente definió en esos términos la postura del Consistorio de Burgos, que condiciona el enganche de agua para los 55 municipios de la mancomunidad a una contribución económica de seis millones de euros para costear los nuevos depósitos de Cortes, además del desbloqueo del convenio para la ampliación de la depuradora. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no está dispuesta a asumir estos requisitos ya que considera que la conexión a la red capitalina figuraba en el proyecto inicial, cuyos fondos finalistas no pueden derivarse a otro tipo de proyectos.
Así las cosas, la Confederación ha puesto sobre la mesa una alternativa que permita a los pueblos beneficiarios poder tener agua y hacer viable una infraestructura que ha costado once millones de euros para hacer 220 kilómetros de tuberías. Se trata de la construcción de una planta potabilizadora que abastezca a la mancomunidad desde el río Arlanzón. Este Plan B, como lo denominó Gato, «no desmerece para nada la propuesta inicial» de pinchar en la red de Burgos, aunque suponga un incremento del presupuesto que, por otro lado, están dispuestos a asumir las instituciones que costean el proyecto -CHD, Junta, Diputación y pueblos afectados-. Para el PCAL, esta propuesta además de cara, irracional.
No obstante, añadió, que el Gobierno central «no quiere imponer nada» y deja la decisión en manos de los beneficiarios, que a su vez han rechazado la opción al considerar que no se garantiza la calidad del agua.
A juicio de Gato, la negativa de la mancomunidad «nos sitúa en vía muerta». De hecho reiteró que la Confederación «está valorando» rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de las obras a falta de tan solo dos kilómetros de tuberías hasta llegar el enganche en el Hospital del Rey: «Si el Ayuntamiento de Burgos no nos autoriza la toma no vamos a tirar el dinero público en continuar con un proyecto inviable», subrayó.
(Fuente: modificado Diario de Burgos)
