Se acercan las próximas elecciones municipales, que renovarán los ayuntamientos españoles, y decidirán quienes constituirán el gobierno, entre otros, del consistorio burgalés; este periodo de tiempo que precede a los comicios del 27 de mayo, será igualmente adecuado para reflexionar acerca de las actuaciones realizadas por actual alcalde Aparicio, así como sobre la hoja de ruta que debe seguir nuestra ciudad.
Burgos se enfrenta a serios retos, de cuyo acierto a la hora de resolverlos, dependerán las oportunidades para ofrecer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos; aprovechar la posición geoestratégica de nuestra ciudad en el ámbito del norte de España, incorporar a Burgos a la nueva red de infraestructuras viales y ferroviarias, dotar a la vieja Cabeza de Castilla de un modelo, sugerente, compartido y competitivo, de ciudad, que le permita encontrar su propia singularidad, son cuestiones claves, a las que deberán dar respuesta las formaciones políticas que concurran, buscando el voto de los electores, el próximo mayo.
Recientemente, la formación castellanista TIERRA COMUNERA (TC) ha reclamado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos que inicie los trámites para que la ciudad de Burgos se adhiera al régimen de organización de grandes ciudades o municipios de gran población, que establece la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, por los beneficios que provocaría en la ciudad de Burgos, al tiempo que ha criticado al alcalde Aparicio por su dejadez, al haber permitido que trascurran más de dos años y medio de la vigencia de la citada ley, sin plantearse la inclusión de Burgos en la misma.
En Diciembre de 2003, el Gobierno del Estado aprobó la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida como la Ley de las Grandes Ciudades, que pretendía contribuir a modernizar y actualizar el obsoleto cuerpo legislativo español en materia de régimen local, especialmente en temas como el modelo orgánico-funcional de los Ayuntamientos, claramente arcaico, corporativo y burocratizado, el uniformismo en el tratamiento a las corporaciones locales, con independencia de su demografía, complejidad y problemática particular, y las exigencias ciudadanas de una vida local más rica, dinámica y participativa, derivada de las profundas transformaciones sociales, culturales, económicas y cívicas que han experimentado los municipios españoles en las últimas décadas.
Probablemente en nuestro país es imprescindible una amplia reforma del régimen local, con una nueva Ley de Bases del Régimen Local, con un Pacto Local avanzado, con la generalización de la Comarcalización y de las Áreas Metropolitanas, y con la sustancial mejora de la financiación de los municipios y las corporaciones locales; sin embargo, la adhesión a la Ley de Grandes Ciudades, reporta una serie de notables beneficios, que no conviene despreciar.
La Ley de Grandes Ciudades permite a los ayuntamientos que se adhieren a la misma, dotar al ejecutivo municipal de una mayor capacidad de gestión y profundizar simultáneamente en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, configurando al Pleno como un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas. Esta ley, además apuesta por potenciar la participación ciudadana, modernizar los mecanismos de realización de los trámites administrativos, dotar a los ayuntamientos de amplias potestades a la autoorganización y modernización de la maquinaria administrativa municipal, incorporando al régimen local las entidades públicas empresariales, que se han demostrado eficaces en otras administraciones públicas, adaptarse al modelo legal europeo de gobierno local, diseñado por la carta Europea de Autonomía Local, descentralizar administrativamente la ciudad, creando distritos, instrumento esencial para las políticas de proximidad, establecer el Consejo Social de la ciudad, crear la Comisión de Derechos, Sugerencias y Reclamaciones, reorganizar la gestión económico-financiera municipal, creando una oficina de presupuestos y participar en la Conferencia de Grandes Ciudades, y en el Observatorio Urbano para el seguimiento de la evolución de la calidad de vida urbana.
Tras dos años y medio de vigencia de la Ley de Grandes Ciudades, se han adherido a la misma en torno a cincuenta ayuntamientos españoles, todos los grandes (Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, etc… teniendo en cuenta que Madrid y Barcelona cuentan con legislación propia), e infinitud de los pequeños (Telde, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina, Tarragona, Mérida, Lugo, Orense, Pontevedra, Ferrol, Castellón de la Plana, Torrevieja o Elche entre otros), todas ellas gobernadas por cualquiera de las fuerzas políticas del Estado (PP, PSOE, IU ó grupos nacionalistas).
En el entorno de Burgos, todas las ciudades con las que debemos competir (Logroño, Santander, Vitoria, Bilbao o Valladolid) se han adherido a esta Ley, sin embargo el gobierno de Aparicio ha preferido excluir a Burgos del Club de las Grandes Ciudades, lo cual solo puede ser achacado, a su incapacidad para afrontar una gestión moderna del funcionamiento municipal, a su rechazo a la modernización de la maquinaria administrativa local, a su incomprensión sobre las demandas de participación efectiva de la ciudadanía, y a su falta de fe y confianza en el futuro y las capacidades de Burgos como ciudad, capaz de competir con garantías frente a ciudades de nuestro entorno.
Desde TIERRA COMUNERA (TC) estimamos que Burgos puede y debe ambicionar su inclusión en el Club de las Grandes Ciudades, y solo la inexistencia de un modelo de ciudad para Burgos, de unos objetivos que cumplir, de unas metas que alcanzar, lleva al equipo de gobierno del PP en Burgos, a concebir a Burgos como una ciudad mediana y mediocre, cuando los burgaleses deseamos que Burgos esté en el pelotón de cabeza de las ciudades españolas, liderando una visión estratégica propia, al servicio de los ciudadanos.
Este es un paso más, para avanzar en la definición del modelo de ciudad que queremos para Burgos, para evitar que nuestra urbe siga gestionada por una administración errática, que carece de un proyecto coherente y de una programación razonada del camino por el que quiere que Burgos transite durante el siglo XXI.
Luis Marcos, secretario general de TIERRA COMUNERA (TC).
